Política

Ortega ya ha condenado a seis de los siete precandidatos presidenciales

La farsa judicial contra Cristiana Chamorro es el último capítulo del plan para descabezar al liderazgo opositor e inhibirlos a futuro

Cristiana Chamorro Barrios, expresidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh) acusada por presunto lavado de dinero por el régimen de Daniel Ortega, será la última aspirante presidencial que será condenada por el sistema de justicia del régimen, luego de nueve meses y medio de represión para cancelar las elecciones y cerrar los espacios democráticos en Nicaragua. 

“Empezaron con Cristiana y resulta que es la última que están juzgando. Esta es una forma de alargarle la agonía, pero además de alargar la persecución y escarnio que están haciendo con ella, no es una acción legal. Se le ponen esposas a los que van huyendo para capturarlos. Eso no tiene nombre”, dijo la defensora de derechos humanos, Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

Con la condena anunciada a Chamorro Barrios se cumplirá el guion escrito por Daniel Ortega, que un día después de autoproclamarse ganador en las elecciones del 7 de noviembre, sin competencia política con los siete precandidatos presos, proclamó que todos, “los hijos de perra del imperialismo”, serían condenados por “criminales”.

La maquinaria judicial del FSLN ha impuesto hasta ahora condenas a cinco exprecandidatos presidenciales: trece años de cárcel a Miguel Mora, Medardo Mairena, Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga; nueve a Arturo Cruz, y Noel Vidaurre ya está condenado, pero aún está pendiente que le lean los años de cárcel, aunque él –igual que Cristiana Chamorro– está bajo arresto domiciliario.

Las sentencias contra los precandidatos incluyen prohibiciones legales para ocupar cargos públicos, con lo cual Ortega pretende inhibirlos de forma permanente en los próximos ciclos de elecciones.

Febrero y los primeros días de marzo han sido intensos para los familiares de los presos políticos, debido a que la dictadura ha impuesto condenas a 32 opositores. 

“Es una crueldad sin límites, nunca la había visto, viví la dictadura de Somoza y nunca vi cosa semejante. Tienen en zozobra a los familiares y a la gente en general, porque no sabemos qué viene después de esto. ¿Será capaz de mantenerse en el poder hasta 2027 con las cárceles llenas? ¿Será que (Ortega) creerá que los mayores de edad van a sobrevivir a los años de encierro?”, cuestionó Vilma Núñez.

Los castigos judiciales han sido ejecutados con la complicidad de unos 15 funcionarios, entre jueces, policías y fiscales que han cumplido las órdenes políticas emanadas desde El Carmen (residencia y despacho presidencial) y que, según abogados consultados cometen delitos de prevaricato y el de lesa humanidad de tortura.

Félix Ernesto Salmerón, del Juzgado Quinto Distrito de Juicio, fue quien condenó a Juan Sebastián Chamorro, Maradiaga y Cruz; la juez Ulisa Yahoska Tapia lo hizo con Vidaurre, el juez Ángel Jeancarlos Fernández González con Mairena, y la jueza Nadia Camila Tardencilla se ensañó con Mora, según los registros llevados por CONFIDENCIAL.

La fabricación del caso de la FVBCh

El proceso político reactivado contra Cristiana Chamorro, su hermano el exdiputado Pedro Joaquín Chamorro Barrios, los exfuncionarios administrativos Marcos Fletes y Walter Gómez, y el conductor Pedro Vásquez inició este jueves, luego de una etapa de intercambio de pruebas en que el juez Luden Quiroz se parcializó a favor de la Fiscalía.

La Policía obligó a la expresidenta de la Fundación, quien está en su casa bajo la figura de arresto domiciliario, a vestirse del uniforme azul de los presos políticos en la primera audiencia que, además, se caracterizó por una alta presencia policial en la cárcel de “El Chipote” en Managua.

La primera sesión se da con el plazo vencido del juez Quiroz para dictar sentencia desde hace dos meses, lo que causa que se muera el proceso, según abogados consultados, y además fue notable el deterioro de la salud de los detenidos por el caso de la FVBCh que están actualmente en “El Chipote”.

El principal cuestionamiento de fondo en este caso es que el Estado acusa por lavado de dinero, obligándose a probar el origen ilícito de los fondos, cuando los donantes han declarado que no tienen evidencias de la supuesta ilegalidad. 

Basado en un informe del Ministerio de Gobernación, la Fiscalía acusa a la FVBCh de desviar fondos entre 2015 y 2021 de su programa de medios para organizaciones y periodistas que buscaban supuestamente “desestabilizar”’ al régimen. 

En 2018, cuando miles de ciudadanos pidieron su renuncia, el régimen de Ortega acusó a la oposición de perpetrar un golpe de Estado. Sin embargo, los organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) documentaron el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes a manos de las fuerzas del Estado, cometiendo incluso delitos de lesa humanidad.

Los procesos abiertos en Managua contra los opositores han sido comparados por el diario La Nación, de Costa Rica, con los realizados en Moscú en los años de Stalin. Sin embargo, a diferencia de aquellos casos, en los cuales los acusados terminaban reconociendo su culpa para tratar de aminorar la pena aunque luego eran asesinados, los opositores a Ortega siguen manteniendo su inocencia y lucha cívica y se han convertido en un ejemplo de coraje en franco desafío a la dictadura.

“Es el terror al vivo, el esfuerzo es de sembrar el miedo en la sociedad”, agregó Núñez.


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