23 de enero 2017
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El acuerdo que el gobierno de Daniel Ortega logró con la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), el viernes reciente, no libraría al país, tal como está, de las posibles sanciones de Estados Unidos, planteadas en la iniciativa de ley Nicaraguan Investment Conditionality Act, conocida como NicaAct, según opositores y analistas políticos.
En cambio, el exembajador de Nicaragua en Estados Unidos, Arturo Cruz, asegura que son las elecciones municipales las que darán o no “vida” a NicaAct.
De acuerdo con Cruz, el acompañamiento, supervisión u observación electoral de la OEA más la participación de otros actores políticos, como el antiguo Partido Liberal Independiente (que ahora es Ciudadanos por la Libertad) bastaría para que en Estados Unidos se olvidarán de NicaAct, como —de igual manera— si esas elecciones no prestan al menos esas dos garantías mínimas entonces la iniciativa de sanciones tendría el camino más sencillo, con grandes posibilidades en la Cámara y el Senado de la nación anglosajona.
En entrevista con el programa de televisión Esta Semana, Cruz coincidió en que Ortega “compró tiempo” y que el acuerdo presentado el pasado veinte de enero es “todo en función de futuro”, es decir, un borrón y cuenta que la misma OEA está reconociendo, dejando atrás las arbitrariedades de mediados de 2016, como la exclusión de la oposición y la destitución de veintiocho diputados opositores.
Acuerdo parte de premisas falsas
El abogado constitucionalista Gabriel Álvarez señala entre las principales debilidades del documento que este “parte de unas premisas conceptuales y utiliza unos términos que no se corresponden con la normativa y la praxis constitucional nicaragüense de los últimos diez años, y particularmente de los últimos seis meses, desde junio y julio de 2016, que empezó esta deriva autoritaria y excluyente del comandante Ortega”.
Como ejemplo, Álvarez cita que el acuerdo se refiere a fortalecer la institucionalidad del país. Sin embargo, el experto advierte que “eso es rotundamente falso, porque aquí lo que ha ocurrido es que se ha estado demoliendo todos los principios democráticos de forma sistemática y por tanto ese no se corresponde”.
Además, Álvarez menciona que el acuerdo miente sobre los argumentos con los que se en julio se destituyó a veintiocho diputados de la oposición en la Asamblea Nacional.
“Sobre el tema del transfuguismo, el acuerdo señala que la pérdida de la condición de diputados se debió a la aplicación de justicia. Ahí hay triple mentira: a los diputados se les despojó de la condición, no la perdieron; nunca fue por consenso, excepto con el sector privado que negoció la reforma constitucional, y tampoco respetó el debido proceso”.
El acuerdo del gobierno con la OEA argumenta que la destitución se hizo para proteger el derecho de los electores a la representación y que el cargo de elección popular pertenece a los electores y no a los electos.
Álvarez explica que “si bien es cierto hay que proteger los derechos de los electores, no hay que hacerlo pasando por encima de los elegidos, de los diputados, concejales, etcétera. Además –agrega--que en Nicaragua (esa destitución) se hizo de manera abrupta e inconstitucional a conveniencia del comandante Ortega, no de los electores”.
Presión debe ser interna
El exdiputado liberal Eliseo Núñez valora que la OEA concedió a Ortega el tiempo que necesitaba “a cambio de nada”. Según Núñez, Ortega necesita el tiempo porque su temor real no es la OEA, sino la administración norteamericana. “Ortega necesita saber exactamente cómo se están moviendo las cosas en Washington y la OEA le ha otorgado ese tiempo”, sostiene.
Para el abogado, lo más lamentable aún es que “si Almagro se atrevió a aceptarle un arreglo Ortega, en estas condiciones, se debe únicamente a que en la oposición no hemos logrado el consenso necesario para hacer una presión fuerte aquí adentro”. Como ejemplo, Núñez cita que el grupo de CxL, integrado por simpatizantes del excandidato presidencial Eduardo Montealegre (a quien Ortega se impuso en 2006), está solicitando su personería jurídica para participar en las próximas elecciones municipales.
“Nosotros siempre hemos creído que esto ayudaba, pero no era lo determinante. Creemos que si Almagro se atrevió a aceptarle un arreglo a Ortega en estas condiciones se debe únicamente a que en la oposición no hemos logrado el consenso necesario para poder hacer una presión fuerte aquí adentro”, afirma Núñez.
El exdiputado opina que con la solicitud de personería jurídica de CxL, el grupo opositor “le quita mucha presión al sistema” y provoca que no haya un grupo opositor consolidado. Núñez advierte que “este tipo de contradicciones terminan afectando lo que pueda decir un actor internacional. Y si tenés al grupo de Montealegre adaptándose al sistema, entonces no podés esperar de la OEA algo diferente, porque ya tenés al menos un grupo que le está validando lo que está haciendo”.
CxL y FAD divergen
El movimiento Ciudadanos por la Libertad expresó en un comunicado que el acuerdo “es un paso muy pequeño con relación al desastre institucional que ha generado Daniel Ortega con sus ambiciones dictatoriales, pero es un paso en la dirección correcta y brinda una oportunidad de retomar pacíficamente el camino de la institucionalidad que demandamos todos para progresar”.
El comunicado agrega que “interpretando el lenguaje diplomático de la OEA, este informe conjunto significa que el gobierno de Daniel Ortega tuvo por fuerza que reconocer que ha violentado y sigue violentando los derechos políticos de los nicaragüenses tal como lo hemos venido denunciando, que no ha cumplido ni está cumpliendo la Carta Democrática Interamericana, que el sistema de electoral nicaragüense no cumple los estándares democráticos, y por eso tuvo que prometer cambios fundamentales en el sistema electoral y tuvo que aceptar que la OEA supervise bajo sus estándares internacionales las próximas elecciones municipales”.
Confidencial buscó a miembros de Ciudadanos por la Libertad para conocer sus opiniones, pero estuvieron ilocalizables. La organización argumentó que todos están de gira por diferentes departamentos en la elección de las directivas locales para obtener su personalidad jurídica de cara a las elecciones municipales previstas para este año.
Por su parte, el Frente Amplio por la Democracia, calificó el informe del gobierno y la OEA como una oportunidad perdida “porque la falta de democracia requiere respuestas urgentes que no pueden esperar tres años” y destacó que no se atiende con urgencia el colapso del sistema electoral
“Rechazamos totalmente cualquier intento de legitimar la Farsa Electoral y de llamar a nuevas Farsas Electorales.”
Y añade que “el FAD reitera su compromiso por seguir organizándose junto al pueblo de Nicaragua para revertir la dictadura y lograr la restauración de la democracia, a través Elecciones Libres, Transparentes y Competitivas generales y municipales, para democratizar Nicaragua y promover el Desarrollo Humano Sostenible de todos los Nicaragüenses”.
Violeta Granera, coordinadora nacional del opositor Frente Amplio por la Democracia, sostiene que este grupo ha reiterado que no están dispuestos al “borrón y cuenta nueva”.
“Vamos a continuar organizándonos y movilizándonos para exigir un derecho que es básico. Hubiésemos querido tener un mayor acompañamiento de la OEA más claro, pero también estamos claros que es un trabajo que nos toca a nosotros. Lo hemos dicho que tampoco la OEA y Almagro son los dueños del país, que ellos intentaron un proceso de apertura de dialogo, pero el final la última palabra la tenemos nosotros”, y confía “la vamos a lograr”.
(Con la colaboración de Wilfredo Miranda)
