Política

Ortega nacionaliza al prófugo Funes

Ya no lo puede extraditar la justicia salvadoreña, pero tampoco pueden salir del país, porque protección solo sirve dentro del territorio nacional

El Gobierno de Daniel Ortega otorgó la nacionalidad nicaragüense al expresidente de El Salvador y prófugo de la justicia de ese país, Mauricio Funes, junto con dos de sus hijos y su esposa Ada Mitchell, según el número 143 de La Gaceta, publicado este martes 30 de julio.

Tal decisión haría inviable que el presidente de ese país, Nayib Bukele, cumpla su promesa de llevarlo de regreso a su país durante los primeros cien días de su mandato (lleva sesenta), porque ahora existe la prohibición expresa de extraditarlo, según lo manda el artículo 43 de la Constitución, cuando dice que “los nicaragüenses no podrán ser objeto de extradición del territorio nacional”.

Al abogado y exdiputado liberal, Eliseo Núñez, no le sorprende la noticia, toda vez que “vivimos en un estado abusivo, así que esto no es de extrañarse. Ortega cree que Nicaragua es de su propiedad, y termina aplicando este tipo de decisiones que no son legales, y no tienen asidero real”, valoró.

Basa su argumento en el hecho que la nacionalidad nicaragüense solo puede ser otorgada a través de un mecanismo que tiene que iniciarse “con los debidos procedimientos, después que el solicitante llena los requisitos y concluir con la adquisición de la nacionalidad, y no hay indicios de que se haya seguido un proceso”, aseveró.

El proceso de nacionalización exprés benefició al prófugo Funes y su esposa, así como a dos de sus hijos, de nombres Carlos Mauricio Funes Velazco (37) y Diego Roberto Funes Cañas (28), con sendas resoluciones dictadas por el Comandante de Brigada, Juan Emilio Rivas, director general de Migración y Extranjería, y refrendadas por la ministra de Gobernación, María Amelia Coronel Kimloch.

Todo en un mismo día, el 15 de julio pasado.

Si bien mantiene la tesis del abuso de autoridad, Núñez reconoce que existen otras dos formas de otorgar la nacionalidad a un extranjero: en nombre de la unión centroamericana, o por mandato parlamentario.

“El artículo 17 de la Constitución reconoce la nacionalidad centroamericana, pero eso no se ha desarrollado en este país. Otra opción es que sea otorgada como una gracia por la Asamblea Nacional, pero eso tampoco ha ocurrido”, señaló el experto.

“Al final, esto es un abuso más de los que comete este Gobierno… igual que como apresa gente o comete cualesquier desmanes. Es ilegal, pero también antiético, porque Funes está acusado de delitos de corrupción en El Salvador, lo que complica aún más este caso”, insistió.

En la práctica, al nacionalizarse nicaragüense, Funes y los suyos se encuentran protegidos contra la posibilidad de ser deportados en un futuro gobierno, porque “la ciudadanía no hace excepciones”, dijo el exlegislador.

“Este caso es igual a lo que hizo el Frente Sandinista al nacionalizar al italiano Alesio Casimirri, (a quien una investigación oficial involucró en la muerte del primer ministro Aldo Moro, ocurrida en 1983, a manos de las Brigadas Rojas), para que no fuera posible deportarlo”, recordó.

Núñez explicó que la nacionalidad así adquirida se puede perder “si se demuestra que el procedimiento no fue el adecuado”.

De lo que nuestra nacionalidad no protege al clan Funes (ni a nadie), es de ser capturado en un tercer país, y remitido al suyo para ponerlo a la disposición de los tribunales, por lo que “si ese señor sale del país, y hay una orden internacional de captura, lo arrestan y lo envían allá”, advirtió.

 



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