22 de julio 2019
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Una sanción específica de Estados Unidos contra Daniel Ortega, metería al presidente nicaragüense en un reducido y deshonroso club, al que pertenecen —o han sido miembros— crueles dictadores y tiranos asesinos de la talla de Kim Jong-un, de Corea del Norte; Sadam Husein, de Irak; Robert Mugabe, de Zimbabue; y Bashar Al Assad, de Siria. Todos ellos tienen en común haber cometido crímenes de lesa humanidad y ser castigados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Ortega le haría compañía en esa lista a su amigo y fiel valedor internacional, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, que es el último y único mandatario latinoamericano en activo sancionado por Estados Unidos. El primero fue Manuel Antonio Noriega, de Panamá. El venezolano fue castigado a finales de julio de 2017, tras la elección de la polémica Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que ha usurpado funciones del Parlamento venezolano, de mayoría opositora.
Assad y Kim son los otros jefes de Estado en activo presentes en esa lista. El primero gobierna Siria con mano de hierro desde el 2000, cuando heredó el cargo de su padre, Háfez Al Assad, que hizo lo propio por 30 años. El segundo es miembro de la dinastía Kim, que desde 1948 dirige con brutalidad y ferocidad la vida de millones de norcoreanos.
El presidente sirio ha sido acusado de atacar con bombas y gas sarín a la población civil, en el contexto de la guerra civil que vive Siria desde el 2011, que ha dejado más de 510 000 muertos. Por su parte, La dinastía Kim ha violado sistemáticamente los derechos humanos de los norcoreanos, a quienes ha condenado a campos de concentración, donde han muerto más de 100 000 personas, según organismos internacionales.
Lista de sancionables
La inclusión de Ortega a este infame grupo depende exclusivamente del Ejecutivo estadounidense, a quienes dos prominentes senadores de origen latinoamericano han pedido sancionar individualmente, así como a otros ocho altos cargos de las fuerzas de seguridad nicaragüense. A la solicitud se ha sumado la organización internacional Human Rights Watch (HRW).
Los influyentes senadores Ted Cruz, del Partido Republicano, y Robert Menéndez, del Partido Demócrata, incluyeron en su lista a la primera comisionada en retiro, Aminta Granera, exdirectora de la Policía Nacional; el comisionado general Ramón Avellán, subdirector de la Policía; Jaime Vanegas, inspector general de la Policía; el comisionado general Luis Pérez Olivas, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ); y el comisionado general Justo Pastor Urbina, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP).
También incluyeron a Julio Guillermo Orozco, director general del Sistema Penitenciario Nacional (SPN); Darling Morales Duarte, directora de la cárcel La Modelo; y Donald Pérez Garay, director del área de máxima seguridad de La Modelo. Estos fueron señalados de cómplices en la muerte del ciudadano estadounidense y preso político Eddy Montes Praslin, asesinado por un custodio en una celda de La Modelo.
Resultado de frustración
Tras la solicitud de los senadores estadounidenses, el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, dijo que las sanciones son “clave” para obligar a la dictadura orteguista a frenar los abusos y restablecer las garantías básicas de derechos humanos en Nicaragua.
Francisco Aguirre Sacasa, excanciller de Nicaragua, subrayó que HRW es el promotor de la idea de sancionar a Ortega y demás cargos policiales, ya que en junio pasado envió varias correspondencias a diplomáticos, congresistas y senadores estadounidenses, en la que proponían castigar individualmente al presidente nicaragüense.
El exdiplomático aseguró que las cartas fueron el resultado de cierta “frustración” porque en la Asamblea General de la OEA, en junio pasado, no castigó severamente al régimen. Los cancilleres del hemisferio aprobaron una resolución en la que advierten al Gobierno nicaragüense que tiene 75 días para encontrar una salida pacífica a la crisis; en caso contrario aplicarán el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, que establece la suspensión del organismo regional.
Días previos a la cumbre de la Organización de Estados Americanos (OEA), Human Rights Watch publicó un extenso informe sobre la situación en Nicaragua, en el que demandó enjuiciar a Ortega y demás funcionarios nicaragüenses, por sus graves violaciones a los derechos humanos.
Nica Act es infinita
Las sanciones se enmarcarían en la Nica Act, la legislación que autoriza al Ejecutivo de EE. UU. a castigar funcionarios del régimen señalados de corrupción y violación de derechos humanos. Estados Unidos ha sancionado a 12 personajes del orteguismo —incluidos la primera dama y vicepresidenta, Rosario Murillo—, además del Banco Corporativo (Bancorp), brazo financiero de la dictadura.
Ricardo De León, catedrático y experto en relaciones internacional, explicó que la Nica Act es “ambigua” respecto a los posibles sancionados, ya que establece que se podrán imponer sanciones individuales contra funcionarios actuales o exfuncionarios nicaragüenses o personas que actúen en nombre del Gobierno, por lo que incluye a cualquier persona, pero también la podría excluir.
“Esa ambigüedad está precisamente dada para que se tenga en cuenta un alcance casi infinito”, apostilló.
“Asunto de estatus”
La sanción estadounidense congelaría las cuentas y activos que Ortega posea en Estados Unidos, además prohibiría a cualquier ciudadano o empresa estadounidense hacer una transacción comercial o financiera con el presidente de Nicaragua, lo que pondría en entre dicho cualquier acuerdo internacional que necesite la firma del mandatario.
De León mencionó que las consecuencias de la sanción se limitarían a las establecidas en la Nica Act, que son meramente “económicas”. “No hay veto político, ni hay una orden de arresto a nivel internacional”, resaltó.
Añadió: “Es más un asunto político y de estatus porque un presidente sancionado no es bueno, pero sin ninguna otra implicación”.
Estrategia estadounidense
Ambos expertos coincidieron en que no existe ningún impedimento legal para que EE. UU. sancione a Ortega, aunque sea una decisión eminentemente política.
Aguirre explicó que estratégicamente Estados Unidos evita sancionar a los jefes de Estado, ya que pretende mantener un canal abierto de diálogo con ellos. La estrategia estadounidense consiste en castigar a las personas cercanas a los mandatarios, aunque en el caso de Maduro, primero sancionaron al presidente venezolano y luego a su esposa Cilia Flores y colaboradores más próximos.
Con Nicaragua, Estados Unidos ha seguido a pies juntillas su estrategia. A finales de noviembre pasado, el Departamento del Tesoro sancionó a la vicepresidenta Murillo, y al colaborador más cercano de la pareja dictatorial: Néstor Moncada Lau, secretario personal de Ortega.
Entre los últimos sancionados están: Laureano Facundo Ortega Murillo, hijo Daniel y Rosario; Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional; al general en retiro Óscar Mojica, ministro de Transporte e Infraestructura; Sonia Castro, ministra de Salud; y Orlando Castillo, director del Telcor. Previamente le había tocado a Fidel Moreno, secretario de la Alcaldía de Managua; Francisco Díaz, director de la Policía Nacional; y Francisco “Chico” López, vicepresidente de Albanisa, presidente de Petronic y tesorero del FSLN.
Última carta de EE. UU.
Aguirre comentó que la sanción al jefe de Estado es el último recurso que Estados Unidos utiliza en una crisis, ya que al momento de hacerlo “queman” las opciones de negociación. “Después de una sanción, es muy poco ya lo que pierde el sancionado”, destacó.
Recordó que, para la crisis en la antigua Zaire, ahora República Democrática del Congo, Estados Unidos advirtió al dictador Mobutu Sese Seko que sería sancionado y no podría utilizar sus activos y bienes en el extranjero. Este dejó el poder en 1997, luego de una dictadura de más de 30 años en la que exhibió unos excesos en corrupción y una constante violación de los derechos humanos de los ciudadanos de la nación centroafricana, rica en cobalto mineral, cobre y diamantes.
“Estados Unidos ya había sancionado a toda la familia y colaboradores cercanos de Mobutu, a quién le permitió retirarse”, evocó el exdiplomático. Al momento de su huida, a mediados de 1997, el dictador africano tenía una fortuna personal de unos 6000 millones de dólares. Murió exiliado en Marruecos, en septiembre de ese mismo año.
Mobutu se salvó de pertenecer al grupo de los sancionados. Ese club es tan exclusivo que ni los hermanos Fidel y Raúl Castro, de Cuba, ni Vladimir Putin, de Rusia, o el fallecido Hugo Chávez, de Venezuela, pertenecieron a él. Otro “honor” al alcance del comandante Ortega.
