7 de octubre 2021
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Organizaciones políticas nicaragüenses emitieron una declaración conjunta en la que expresan su “repudio y desconocimiento” de las próximas elecciones generales del 7 noviembre, ya que consideran que el proceso es “ilegítimo y nulo”, y solicitan a los países de la Organización de Estados Americanos (OEA) que ejerzan “las presiones diplomáticas y económicas necesarias” para suspender al régimen de Daniel Ortega de la organización regional.
En la declaración, el bloque autodenominado “Oposición Democrática Nicaragüense” explica que el país debería ser suspendido de la OEA, en el marco de la Carta Interamericana, “hasta que se lleven a cabo verdaderas elecciones que cumplan con todos los estándares y requerimientos establecidos en las resoluciones de la Asamblea General y Consejo Permanente”.
El documento fue firmado por: la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB); el Frente Democrático Nicaragüense (FDN); el Movimiento Campesino (MC); la Articulación de Movimientos Sociales (AMS); la Unión Democrática Renovadora (Unamos); la Iniciativa por el Cambio (IPC); la Asociación Médica del Exilio de Nicaragua; la Asamblea Nicaragüense por la Democracia (AND); y la Fundación Nicaragüense Americana para el Desarrollo (Funadec).
La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) y el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) no firmaron la declaración por “temas de seguridad”, y para evitar represalias contra sus integrantes que continúan en Nicaragua.
Los opositores solicitan también a la OEA que convoque a los cancilleres de la región, en el marco de la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 10 de noviembre en Guatemala, para aprobar “una resolución sobre la ilegitimidad y no reconocimiento de los resultados de la farsa electoral del 7 de noviembre de 2021 y la aplicación del Artículo 21 de la Carta Democrática”, se lee en el texto.
De igual forma, las organizaciones hacen un llamado a los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) a que emplacen a Nicaragua a que cumpla con “sus compromisos democráticos” como Estado miembro del SICA y retomar los Acuerdos de Esquipulas en los que el mismo Ortega se comprometió a realizar elecciones libres.
Además, hacen un llamado a las Naciones Unidas, la Unión Europea y todos los países democráticos del mundo, a “sumarse a una condena colectiva por la violación sistemática de los derechos humanos de los nicaragüenses, declarar la ilegitimidad del proceso electoral y desconocer los resultados de la farsa electoral montada por la dictadura Ortega-Murillo”.
Finalmente, los firmantes del documento piden “incrementar las sanciones” a los responsables de estas violaciones a los derechos humanos, y exhortan a la comunidad internacional a “ejercer presiones efectivas sobre la dictadura Ortega Murillo, incluyendo el condicionamiento de la aprobación y desembolso de recursos financieros”.
Ana Quirós, de la Articulación Feminista de Nicaragua, agradeció la solidaridad de la comunidad internacional pero consideró que "debe haber mayor coherencia" en el trato que se le brinda al régimen. "Si bien han habido declaraciones que han sido fuertes al mismo tiempo se le sigue apoyando financieramente al régimen, lo que le permite continuar con la represión", señaló.
Al menos 155 presos políticos, guardan prisión en Nicaragua, incluidos 145 que fueron capturados a raíz del estallido social de abril de 2018, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, un observatorio cuyos datos son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En la lista aparecen los 37 líderes opositores y profesionales independientes capturados en el contexto de las elecciones del 7 de noviembre próximo, entre los cuales hay siete aspirantes a candidatos a la Presidencia por la oposición, altos funcionarios de Gobiernos anteriores y exguerrilleros sandinistas.
