Política

OEA obligada a desalojar su oficina de Managua confiscada por el régimen

Camiones de OEA sacaron cajas y muebles del edificio que alquilaban en Las Sierritas, que es propiedad de la esposa de periodista cubano oficialista

El personal administrativo de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Nicaragua desalojó este jueves la oficina que alquilaban en Managua, luego que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo le dieran un ultimátum para sacar sus cosas del edificio que fue allanado y posteriormente declarado de utilidad pública.

Vecinos del lugar reportaron en horas de la tarde la presencia de varios camiones sacando cajas y muebles del lugar que permanecía bajo resguardo policial.

El Gobierno de Nicaragua formalizó la expropiación del inmueble a través del acuerdo administrativo 10-2022 de la Procuraduría de la República, publicado en La Gaceta, Diario Oficial, mediante el cual declara “de utilidad pública” el edificio donde funcionaba la oficina de la OEA en Managua. El cual consta de 296 metros cuadrados y está ubicado en Las Sierritas de Santo Domingo, en Managua.

Esa misma instancia informó este jueves —a través de una nota de prensa— que hizo entrega del mobiliario, equipos, archivos de la OEA a los funcionarios administrativos de la organización. “Como consta en fotografías, videos y expedientes, estas pertenencias no han sido, ni usadas, ni violentadas por nadie”, señaló Procuraduría.

La nota de la Procuraduría también recoge una serie de epítetos con los que intenta descalificar a la organización regional y a su secretario general, Luis Almagro, a quien califica como “oscuro cachivache imperial” y “palillón de desfiles provincianos”.

Horas antes el exembajador de Ortega ante la OEA, Arturo McFields, divulgó una carta en la que el régimen exige a los oficiales administrativos de la organización que desocupen de inmediato y entreguen las instalaciones que tenían en Managua.

“Todos los bienes, equipos, mobiliarios, propiedad de la OEA, que todavía permanecen en esas instalaciones, ya por decreto de la Procuraduría General de la República (PGR), declaradas de utilidad pública y por lo tanto propiedad del Estado nicaragüense, esas instalaciones repetimos deben ser de inmediato entregadas y desocupadas a la Procuraduría General del Estado”, dice la misiva.

UE reclaman cumplimento de compromisos

La portavoz de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea (UE), Nabila Massrali, reclamó al Gobierno de Nicaragua que cumpla con sus compromisos internacionales “en particular el acuerdo de establecimiento de 1989 entre Nicaragua y la OEA”.

“La UE deplora la reciente incautación de las instalaciones de la OEA por parte de las autoridades nicaragüenses. Esto viola las normas diplomáticas básicas según la Convención de Viena de 1961”, señaló la funcionaria de la UE en la red social de Twitter.

Régimen debió negociar con los propietarios

La declaración “de utilidad pública” del edificio que alquilaba la OEA, tres días después que fue tomado manu militari por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, fue un proceso “totalmente arbitrario”, señalan abogados consultado por CONFIDENCIAL, ya que —además de haber irrumpido en un edificio protegido por inmunidad diplomática— se violó el debido proceso establecido en las leyes del país.

Una abogada explicó, bajo condición de anonimato, que si bien la declaración “de utilidad pública” de una propiedad es una figura legal en la legislación nicaragüense, el proceso normal es que la alcaldía correspondiente notifique a los afectados y luego establezca una negociación con ellos para establecer el monto de la indemnización. Una vez que existe un acuerdo entre las partes se procede a la reubicación.

Sin embargo, la Ley 229, Ley de Expropiaciones, en su artículo cuatro que es citado por la Procuraduría de la República, únicamente dice que “las personas que se crean con derecho” sobre los bienes expropiados “tendrán un término máximo de quince días para comparecer ante la oficina señalada al efecto, con el objeto de llegar directamente con ellos a un avenimiento sobre el monto y forma de pago de la indemnización. Si dentro de ocho días de haberse presentado no se llegase a ese avenimiento, se procederá al juicio de expropiación”.

La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, precisó que “la declaración de utilidad pública no consuma la expropiación”. Es decir, que el Gobierno no debió tomarse el edificio hasta que haya indemnizado debidamente a los propietarios. “Todo lo que sigue haciendo el Gobierno es violatorio de sus propias leyes y de sus compromisos internacionales”, agregó.

Según la Procuraduría el Instituto Nicaragüense de Cultura desarrollará e implementará el proyecto “Museo de la Infamia”, “en aras de promover la cultura de respeto a nuestra soberanía, la educación sobre la historia reciente, respecto a hechos que han lesionado los principales y elementales derechos humanos del pueblo nicaragüense”.

Propietaria es esposa de un periodista cubano

El edificio expropiado por el régimen de Ortega-Murillo pertenecía a las hermanas María Auxiliadora y Luz Marina Navarrete Guevara, la primera casada con un estadounidense residente en Nicaragua y la segunda es esposa del periodista cubano de la agencia oficial Prensa Latina, Pedro Rioseco, quien reside en la isla, según informó el medio de comunicación digital 14yMedio.

“Rioseco, natural de Camagüey, muy bien considerado por el oficialismo, conoció a Luz Marina Navarrete cuando estuvo destinado en suelo nicaragüense, entre 1986 y 1989, cuando los sandinistas estaban en el poder y los “asesores” cubanos pululaban por Nicaragua. El corresponsal de Prensa Latina estuvo de nuevo en Managua entre 1990 y 1995, cuando Daniel Ortega estaba en la oposición y gobernaba “desde abajo”, como solía decir él mismo”, dice el artículo.

Según 14yMedio “el corresponsal de Prensa Latina estuvo de nuevo en Managua entre 1990 y 1995, cuando Ortega estaba en la oposición y gobernaba “desde abajo”. Actualmente trabaja en la división digital de Prensa Latina y es profesor asistente en la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana.

La ocupación manu militari

La tarde del domingo 24 de abril, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua comunicó a la Secretaría General de la OEA y a la sociedad nicaragüense, que el Gobierno de Ortega decidió “cancelar y cerrar” las oficinas del organismo en Managua, “y así lo hizo mediante la fuerza”, señaló el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en una misiva enviada este martes al Consejo Permanente.

“Inmediatamente después” que el canciller Denis Moncada declaró que la oficina de la OEA estaba cerrada, “fuerzas policiales ocuparon la sede de dicha oficina, apoderándose de sus archivos, así como de todo el material existente. Los funcionarios de la Secretaría General en Nicaragua pueden correr serios riesgos”, continúo Almagro.

La ocupación de la sede de la OEA en Managua es un hecho sin precedentes en la historia del organismo regional y constituye “una flagrante violación al derecho internacional” que expone al país a “profundas repercusiones” en la relación con todos los Estados miembros del organismo regional.


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