Política

“OEA debe adaptarse a reforma electoral de fondo”

Grupo Pro Reformas propone despartidarizar el Consejo Supremo Electoral, ampliar participación ciudadana, y eliminar la reelección presidencial

El tema suena cada día más fuerte dentro y fuera del país: Nicaragua urge de reformas electorales. Al menos cinco organizaciones civiles, políticas y empresariales han presentado en las últimas semanas sus propuestas para cambios en el sistema electoral nicaragüense, que ha sido trampeado por el régimen orteguista para su beneficio.

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), la Articulación de Movimientos Sociales y el partido político Ciudadanos por la Libertad (CxL) integraban la lista de organizaciones con propuestas electorales, a las que este viernes 20 de septiembre se unió el Grupo Pro Reforma Electoral, integrado por una amalgama de expertos electorales, constitucionalistas, economistas y politólogos.

El jurista y experto constitucionalista, Gabriel Álvarez, miembro del Grupo Pro Reforma, aseguró en entrevista con el periodista Carlos F. Chamorro, en el programa Esta Semana que la Organización de Estados Americanos (OEA) “debe adaptarse a estas reformas electorales”, que buscan garantizar la celebración de comicios libres, justos y transparentes.

En febrero de 2017, la OEA firmó con el régimen orteguista un memorando de entendimiento, que los comprometía a cooperar en el ámbito electoral por los próximos tres años. Para el experto, este protocolo pretendía “ciertas reformas de carácter técnico que perfeccionaban un modelo que no apuntaba al corazón de los ajustes que se hacen necesarios” con la nueva realidad nicaragüense.

La propuesta del Grupo Pro Reforma Electoral gira en torno a cuatro ejes: recuperar la confianza en el sistema electoral y despartidarizar el Consejo Supremo Electoral (CSE); restablecer la transparencia y garantías electorales; apertura de la competencia electoral; y ampliar los mecanismos de participación ciudadana.

También incluye reformas constitucionales para eliminar la reelección presidencial y prohibir que el cónyuge del presidente participe como candidato a la presidencia o vicepresidencia.

¿Esta propuesta es realizable en medio de esta crisis o tiene un contenido programático para marcar una ruta al país y realizarla a futuro?

Esta es una propuesta muy técnica, pero que contiene la idea de que la única manera de salir de la profunda crisis política en que está inmersa Nicaragua, es a través de una vía pacífica, ordenada e institucionalizada. Esto se puede a través de elecciones libres, competitivas, observadas y con todas las características que nosotros intentamos alcanzar a través de esta propuesta que sometemos a la sociedad nicaragüense y al mundo.

Las condiciones políticas actuales no permiten pensar en que esto se puede. Aun aprobando mañana estas propuestas de reformas electorales, no existen las menores condiciones para considerar con una mínima seriedad un eventual proceso electoral.

Le estamos poniendo al país y a la sociedad un instrumento para que no sea un obstáculo o un pretexto del presidente (Daniel) Ortega o de la vicepresidenta (Rosario) Murillo, de que tienen que discutir extensamente alguna propuesta electoral, para ver si es posible que en el 2021 habrá o no la posibilidad de hacer este proceso electoral.

Memorando de entendimiento con Almagro

¿Qué se requiere, en términos de tiempo o de plazo constitucionales, para hacer esas reformas?

Todo es parte de la voluntad política. Recordemos que el propio presidente Ortega había firmado con el secretario general de la OEA, (Luis Almagro), o su canciller había firmado con el señor Almagro, el memorando de entendimiento, y por lo tanto reconocía la necesidad de hacer reformas y fortalecer —llamaban ellos— el sistema electoral. Lo iban hacer incluso para las elecciones regionales pasadas.

Todo mundo sabe en Nicaragua que el sistema electoral está agotado, no produce la menor confianza y que no expresa la voluntad popular, por lo tanto, partiendo de la voluntad política habría que cumplir con los procedimientos constitucionales de reforma parcial de la Constitución. Una vez hecho esto, hacer la reforma electoral a la Ley pertinente.

La Constitución habla de dos legislaturas. Se forma una comisión especial dictaminadora, que deberá dictaminar en un plazo no mayor de 60 días. Se discute y se aprueba con un quorum calificado del 60% del total de los diputados en una doble legislatura, o sea que se tendrá que discutir y aprobar en la legislatura que concluye en diciembre de este año, y luego volver a discutir y aprobar el próximo año, en la segunda legislatura que inicia en enero de 2020.

Lo que el Gobierno acordó con la OEA, era un “perfeccionamiento del sistema electoral”, pero la propuesta que han presentado ustedes, va mucho más allá, igual que la que presentó la Alianza Cívica. ¿Se podría la OEA adaptar a la profundidad de estas reformas?

La OEA debe adaptarse a estas reformas. El contexto político, las relaciones que tenía con el Gobierno y la realidad nacional en el momento que se aprobó ese marco de entendimiento está totalmente superado. Apuntaban a ciertas reformas de carácter técnico que perfeccionaban un modelo que no apuntaba al corazón de los ajustes que se hacen necesarios. No basta con hacer reformas técnicas, que son importantes y necesarias, pero que serían claramente insuficientes.

Necesitamos recuperar la confianza del pueblo y del ciudadano nicaragüense en el sistema electoral como una manera de contribuir al fortalecimiento del sistema político en su conjunto. Esto debe comprenderlo el señor Almagro, sus asesores y colaboradores.

Lo que interpreto de la preocupación que pudimos ver en la Asamblea General de Medellín, (Colombia), en la resolución que conformó la Comisión de Alto Nivel —que lamentablemente el presidente Ortega se ha negado a permitir su ingreso a Nicaragua—, y las declaraciones de embajadores de otros países, es que se han percatado de que la crisis que surge en abril del año pasado no es más que la expresión de una descomposición casi total y dramática de un Estado de derecho.

Mal haría el secretario general Almagro en querer volver a los límites conceptuales de un memorando de entendimiento que no propone las soluciones, que si están establecidas explícitamente en la Carta Democrática Interamericana.

Crisis se puede profundizar sin reforma electoral

En caso de que Ortega se mantenga cerrado y diga: no hay reforma constitucional, no hay una reforma profunda a la Ley Electoral, ¿se puede ir a una elección bajo esas reglas?

Es muy difícil hablar sin tener a la vista cuál sería esa hipotética reforma que haría el comandante Ortega. Sin embargo, si el presidente Ortega cree que con algunas reformas menores, técnicas —independientemente de la mayor o menor importancia que tenga— y no somete el poder al designio popular, a través de unas elecciones verdaderas, definitivamente la crisis que vive el país se va a profundizar.

La salida a la crisis es política. Esa salida pasa por tener elecciones auténticamente competitivas. Si Ortega y la vicepresidenta Murillo no ofrecen las condiciones para unas elecciones verdaderamente competitivas, definitivamente lo que va a ocurrir es que la economía se va a deteriorar, el desgarro social y el sufrimiento de la familia nicaragüense va aumentar. Tarde o temprano vamos a encontrar la misma salida, pero con estos costos aumentados.

Creo que no es posible ir a unas elecciones que no impliquen un árbitro verdaderamente imparcial, transparente, confiable, que no implique un ejercicio efectivo de los derechos políticos, garantizados con transparencia, con un sistema de impugnación de recursos, y con una verdadera e irrestricta observación electoral nacional e internacional, y por su puesto con una amplia participación. Hay actualmente un sistema de partidos secuestrados por el régimen político. Si no se dan estas características, estas condiciones mínimas, u óptimas, pues no habría una salida pacífica a la crisis nicaragüense.

Si hay elecciones y como resultado se produce un cambio político, ¿qué viene después para desmantelar las estructuras de la dictadura? ¿Se necesita una reforma total a la Constitución? ¿Convocar a una constituyente? ¿Cuáles son las opciones?

Pienso que vendría un Gobierno de transición —ojalá lo más amplio posible—, un Gobierno de unidad nacional. Creo que la Alianza Cívica tiene una enorme responsabilidad y un gran desafío para contribuir de manera decidida y decisiva a construir los instrumentos democráticos que configuren ese Gobierno de unidad y de transición.

Esto implica que tiene que ser un Gobierno de programas mínimos, en este momento aspirar a un programa maximalista no crearía las condiciones propicias para un Gobierno de unidad y de transición, sino que tendríamos que ponernos de acuerdo en cuatro o cinco puntos: de cómo refundar el Estado, cómo recuperar las instituciones del Estado democrático, cómo evitar el deterioro de la economía y empezar a crear las condiciones para que la economía vuelva enrumbarse.

Dejar para las autoridades que resulten electas dentro de cinco años, otro tipo de tareas para el desarrollo de Nicaragua. Creo que en este momento tenemos planteado una fase de transición con elementos mínimos, que permitan la unidad de distintas fuerzas políticas ideológicas y que luego se tendrán que desarrollar con los programas correspondientes.


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