16 de julio 2021
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El Observatorio Ciudadano "Urnas Abiertas" presentó un informe que revela que el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) utilizó, hasta el pasado 1 de julio, recursos del Estado "en actividades que incluye la partidización de programas gubernamentales y conmemoraciones partidarias" a favor de la reelección del presidente, Daniel Ortega, en al menos 57 de los 153 municipios de Nicaragua.
En su quinto informe sobre el proceso electoral señalan que las denuncias fueron recibidas desde los 15 departamentos y las dos regiones autónomas del país, lo que "comprueba la magnitud del nivel de influencia que posee el partido de Gobierno, tanto en las instituciones del Estado, como en el proceso electoral".
"Por lo que concluimos que no existen controles legales o administrativos a las acciones irregulares del FSLN, en un período supuestamente electoral", alertan.
Esto, a juicio del observatorio, "solo confirma la ineficiencia del Consejo Supremo Electoral (CSE) y su incapacidad de administrar el actual proceso electoral".
🔴 Ya está disponible nuestro quinto informe.
▶️ Recursos del Estado son usados para proselitismo político en los 17 departamentos y Regiones Autónomas, y en 57 municipios del país, con la participación de al menos 23 entidades públicas. La Policía en actividades partidarias. pic.twitter.com/gI36iUX3nd
— Urnas Abiertas (@UrnasAbiertas) July 15, 2021
"Urnas Abiertas" fue creado a inicios de mayo por un grupo multidisciplinario de ciudadanos con la intención de documentar la represión, violencia política y las condiciones de derechos humanos, en el desarrollo de las elecciones previstas para el próximo 7 de noviembre, para “aportar información y evidencias para el debate público y la toma de decisiones de la ciudadanía”.
"El empleo de recursos del Estado para realizar proselitismo político no sólo contraviene la legislación nacional e internacional, sino que constituye una grave anomalía para el proceso electoral en desarrollo", insiste el informe.
Policía Nacional "partidaria"
El documento menciona que el pasado 1 de julio, la Policía Nacional encabezó caravanas en 69 municipios de todo el país en el marco de lo que el partido de Gobierno ha denominado "Diana Bienvenida Julio Victorioso 42/19".
Estas caravanas —señalan— "fueron promovidas en un 100% por las alcaldías municipales y acompañadas por diferentes instituciones, principalmente la Policía Nacional y el Ministerio de Salud".
Advierten que la participación policial contraviene la "naturaleza civil y apolítica" de la institución.
Otras instituciones que han participado en estas actividades partidarias son: alcaldías municipales, el Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (Mefcca), el Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (Inifom), la Empresa Nicaragua de Acueductos y Alcantarillados (Enacal), Bomberos de Nicaragua, entre otras.
Trabajadores del Estado obligados y vigilados
Además el informe asegura que el Gobierno "ha permitido y promovido" que los trabajadores estatales "participen activamente en actividades partidarias y electorales del FSLN, en algunos casos bajo amenazas, vigilancia, hostigamiento, represalias y otras acciones coercitivas que les obligan a ser partícipes".
"Tras la instalación de las Unidades de Victorias Electorales (UVE) a nivel institucional, funcionarios y funcionarias públicas se han reunido mientras se encontraban en horario laboral y/o utilizando instalaciones públicas con fines político-electorales, a pesar que el artículo 107 de la Ley Electoral lo prohíbe", menciona el Observatorio.
Detallan que han recibido denuncias de que los funcionarios públicos están "siendo obligados a participar en capacitaciones electorales, a dar aportes económicos al partido FSLN que pueden rondar de los 30 a los 2500 córdobas".
También recibieron reportes de que les obligan "a dedicar horas no laborales a actividades del partido, a solicitar su carnet de militantes del FSLN, a participar en actividades políticas dentro de las instituciones, a mostrar sus equipos electrónicos para revisión de redes sociales" así como a "brindar informes periódicos a los Secretarios Políticos de sus centros de trabajo o de sus barrios".
