13 de abril 2021
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Plataformas y dirigentes opositores cuestionan que la iniciativa de reformas electorales introducida en la Asamblea Nacional por diputados del FSLN no contempla las propuestas hechas tanto por la Organización de Estados Americanos (OEA) o el Grupo Promotor de Reformas Electorales (GPRE), que demandan que los comicios del 7 de noviembre próximo sean transparentes, legítimos y competitivos.
Kitty Monterrey, presidenta del partido Ciudadanos por la Libertad, agrupado junto con la Alianza Cívica en la plataforma Alianza Ciudadana, calificó la iniciativa de reformas electorales del FSLN como una “burla”, aduciendo que la misma no garantiza una medición de fuerzas en el campo electoral con el orteguismo justa y equitativa.
“Es un bozal a los partidos políticos porque ordena que debemos estar obligados a respetar los resultados. O sea, ni siquiera podremos decir que hubo irregularidades o fraude. Las reformas de la OEA no están en las reformas a la Ley Electoral. La Resolución de la OEA (de octubre 2020) no está contemplada. Algunas podrían aparecer en la convocatoria o el calendario (electoral). Lo que sucede es que de nuevo se deja una gran responsabilidad al Consejo Supremo Electoral sobre lo que quiere implementar y lo que no”, criticó Monterrey en una rueda de prensa.
Monterrey rechazó la imposición de igualdad de género en las propuestas de candidatos y en las estructuras de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), porque estimó que las mujeres participan en política “por méritos propios y no por una distribución de cuotas”. Recordó que en el Gobierno de Daniel Ortega, las mujeres participan de forma representativa, pero no tienen verdadera voz. “Por qué no lo hacen en la Policía o en el Ejército, esto es un absurdo”, reclamó.
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Coalición: reformas del FSLN frustran elecciones libres
En la misma línea se expresó la Coalición Nacional, plataforma opositora que acoge a cinco precandidatos presidenciales. A través de un comunicado, la Coalición criticó que la iniciativa del orteguismo frustra la posibilidad de elecciones libres, transparentes, competitivas, observadas y justas.
“El texto introducido ante la Secretaría de la Asamblea Nacional no recoge de ninguna manera las recomendaciones contempladas en la resolución aprobada en la Asamblea General de la OEA de octubre de 2020, ni las recomendaciones de las misiones de observación electoral de la misma OEA, Unión Europea y de otros organismos especializados. Tampoco están en concordancia con las contempladas en el documento de Grupo Promotor de Reformas Electorales (GPRE), apoyadas por la inmensa mayoría de las fuerzas sociales y políticas”, cita parte del comunicado emitido la mañana de este martes por la Coalición Nacional.
La bancada del Frente Sandinista presentó este lunes 12 de abril una iniciativa de reforma electoral que mantiene por igual el control partidario de las estructuras del sistema electoral, dominado por el orteguismo; le entrega el control de las marchas en el marco de la campaña electoral a la Policía Nacional, principal brazo represor del régimen, y restringe el financiamiento para los partidos políticos opositores, entre otros cambios que prácticamente en desigualdad de condiciones a estas organizaciones con el orteguismo.
Cristiana Chamorro: unidad para enfrentar reformas
Por su parte, la aspirante a la presidencia de la República, Cristiana Chamorro Barrios, llamó a los grupos opositores aglutinados en la Coalición Nacional y la Alianza Ciudadana a que sigan buscando la unidad, puesto que, valoró, solamente así podrían hacerle frente al régimen que sigue disponiendo el aparato electoral en función de sus intereses particulares.
Al ser consultada sobre la posibilidad de ser inhibida del proceso electoral, Chamorro señaló que siempre “existe el temor, no puedo adelantarme a los tiempos”.
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GPRE analiza y compara iniciativa con su propuesta
María Antonieta Fiallos, miembro de GPRE, explicó que este grupo de especialistas se encuentran en un proceso de revisión detallada de la iniciativa de ley presentada por el orteguismo, y que posiblemente este miércoles brinden su postura sobre el impacto general de esta propuesta de reformas en la transparencia y legitimidad de los comicios de noviembre.
Fiallos adelantó que uno de los principales trabajos en los que se encuentra el GPRE es comparar de forma detallada la iniciativa presentada por el orteguismo con la elaborada por este grupo de especialistas y que fue presentada a finales de 2020.
CONFIDENCIAL envió una consulta sobre el tema de la iniciativa de reformas electorales a la oficina de prensa de la OEA, que todavía no ha sido atendida.
Reformas electorales del FSLN: "Populistas e inhibitorias"
Para el integrante de la Alianza Cívica y expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, las reformas propuestas por el orteguismo son “populistas” e “inhibitorias”, porque colocan las Ley de Regulación Agentes Extranjeros y de "Defensa de la Paz y la Soberanía" o "Ley Guillotina" a nivel constitucional y dejan sobre la mesa la posibilidad de inhibir a los candidatos que no sean del agrado del régimen gobernante.
En el articulado propuesto “hay una diversidad de temas que de mantenerse como está, lo que tendríamos es una reforma (electoral) totalmente contraria a lo que hemos estado demandando en la oposición”, precisó Aguerri.
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Legalizar condiciones para el fraude
La organización política Unamos, antes Movimiento Renovador Sandinista (MRS), señala que la reforma impulsada por los parlamentarios leales a la dictadura busca legalizar las condiciones para que se dé otro fraude electoral, que favorezca al orteguismo, “inhibiendo candidaturas y fuerzas políticas que no sean de su agrado, con acusaciones de traición a la patria a quienes han participado de las protestas y, demandado libertad y justicia en la lucha contra la dictadura".
Además criticó que busca imponer el fraude "eliminando y cerrando las puertas a una real observación electoral, dejándoles al nivel de ‘acompañantes’. Tratando de asfixiar económicamente a la oposición, prohibiendo que reciban cualquier donación de nicaragüenses en el exterior. Ampliando la represión, consagrando las amenazas y las restricciones a la libre movilización, entregando a la Policía poder total sobre la autorización de actividades de campaña y eliminando las garantías de seguridad para las fuerzas políticas”, cita parte del comunicado de Unamos.
