24 de septiembre 2020
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El derecho a la presunción de inocencia, consignado en el artículo 34 de la Constitución Política de Nicaragua, es relegado en la iniciativa “Ley de Regulación de Agentes Extranjeros”, porque al categorizar a ciudadanos nicaragüenses como “agentes extranjeros” se les está “condenando” a la pérdida de sus derechos políticos y la confiscación de sus bienes, valora el jurista y opositor José Pallais.
Si la iniciativa de ley es aprobada sin modificaciones, entonces, toda persona que reciba recursos provenientes de otros países “ya se le considera culpable, traidor y agente extranjero”, enfatiza Pallais, quien critica que la iniciativa de ley que disposiciones de la Constitución Política como el derecho de los ciudadanos a elegir y ser electos, establecido en el artículo 51 de la Constitución, porque establece prohibiciones que no se pueden hacer en una ley ordinaria. “Es totalmente inconstitucional”, destaca en una entrevista en el programa Esta Noche.
El universo de aplicación de esta iniciativa de ley también sería tan amplio que, a criterio de Pallais, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ni siquiera tendría “capacidad de aplicarla” completamente, y esto alerta sobre su aplicación selectiva contra la ciudadanía. Primero, enumera, contra conocidos opositores, luego “por cualquier enemistad o por cualquier denuncia de un vecino sapo (simpatizante del FSLN)”. Representa “una amenaza real para la gran mayoría del país, a quienes ya le rompió la presunción de inocencia”, subraya.
La propuesta de “Ley de Regulación de Agentes Extranjeros” fue presentada una semana después que Ortega ordenó, a la Corte Suprema de Justicia, una serie de reformas legales para instaurar la cadena perpetua en Nicaragua. Estas “son leyes hermanas y están vinculadas lógicamente”, afirma Pallais, miembro del movimiento opositor Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN) y de la Coalición Nacional.
A juicio de Pallais, la iniciativa de ley que está en la Asamblea “fortalece el aparato de control, pero la parte punitiva no nos extrañamos que sea el resultado de lo que se está cocinando en la Corte Suprema de Justicia”.
Pallais, quien es abogado especialista en derecho constitucional y fue presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional, considera que ambas iniciativas van a requerir cambios en la Constitución Política y con estas los nicaragüenses “vamos a tener normas del Derecho Penal más duras para perseguir, extinguir y controlar a toda la voluntad de cambio que se vienen expresando”.
Elecciones sin arriesgar el poder
Pallais subraya que las leyes propuestas por el régimen están diseñadas para “aniquilar” a la oposición y sacarlos de la competencia en las elecciones generales de 2021.
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“Las elecciones que Ortega está pensando, no son elecciones bajo estándares internacionales y con parámetros de la OEA. Son sus elecciones, a su estilo y se está preparando para que sean amañadas, una farsa sin que ponga el poder en juego en esa elección”, alerta el opositor.
La propuesta prohíbe a los “agentes extranjeros” “ser funcionarios, empleados públicos o candidatos a cargos públicos de cualquier tipo o naturaleza”, incluso hasta un año después de ser retirado del “registro de agentes extranjeros”, bajo la verificación del Ministerio de Gobernación.
Para el exdiputado Pallais, el régimen gobernante no cuenta con el respaldo de la mayoría de los nicaragüenses y pretende “garantizar su permanencia en el poder a través de la represión”. Este proyecto de ley “es una expresión de su paranoia” porque se siente amenazado. Ortega “sabe que está débil, solo y aislado internacionalmente”, por lo que recurre “a lo único que tiene, un arsenal represivo”. La violencia legal “es una de las armas que él está fortaleciendo con estas leyes”, analiza.
Más allá del fin electoral, este proyecto de ley intenta frenar las protestas de los nicaragüenses, porque recuerda Pallais que el alegato de Daniel Ortega y Rosario Murillo es que “el reclamo de la oposición es inducida desde el extranjero”. De esta forma, sostiene, pretenden negar que las protestas son una realidad que obedece a “la represión que han impuesto para quedarse en el poder”.
Estigmatización y criminalización
La Comisión Permanente de los Derechos Humanos (CPDH) rechazó la propuesta de ley porque vulnera los derechos constitucionales como la libertad de expresión, derecho a la defensa de los derechos humanos, la libertad de participación ciudadana, así como derechos civiles y políticos.
La iniciativa de ley presentada en la Asamblea Nacional “estigmatiza como agente extranjero” a todas las personas, naturales o jurídicas, que desarrollen proyectos con financiamiento externo y los obliga a registrarse ante el Ministerio de Gobernación con dicha definición. De aprobarse esta ley “el Estado de Nicaragua estaría violentando todos los derechos de los nicaragüenses”, advirtió la CPDH.
Según el artículo 12 de la propuesta, los agentes extranjeros registrados “deberán abstenerse, so pena de sanciones legales, de intervenir en cuestiones, actividades o temas de política interna”, que incluye la prohibición de “financiar o promover el financiamiento a cualquier tipo de organización, movimiento, partido político, coaliciones o alianzas políticas o a asociaciones” en Nicaragua.
El organismo valoró que con este proyecto de ley también se está “criminalizando la cooperación de organizaciones internacionales y gobiernos que apoyan el desarrollo humano” y se pretende “silenciar las denuncias de las graves violaciones de derechos humanos y acallar las voces de periodistas y medios de comunicación independientes”.
Por su parte, la Coalición Nacional tildó de “fascismo” y “nazismo” la iniciativa de ley, porque consideran forma parte de “la escalada represiva” por parte del régimen de Ortega en contra las organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación independientes y nicaragüenses opositores.
“Condenamos la nueva modalidad de persecución política, discriminación social y violaciones a todos los preceptos constitucionales y derechos humanos que encierra la propuesta de ley, que simboliza en su espíritu y objetivos los más tenebrosos conceptos del fascismo y nazismo en los oscuros años del pasado”, señala la Coalición.
Para los miembros de la Coalición, esa propuesta de ley “busca crear delitos y causas penales” contra organizaciones de la sociedad civil, personas naturales, medios de comunicación y periodistas independientes, defensores de derechos humanos y el pueblo nicaragüense que lucha por su libertad y la democracia.
La Coalición llamó “al pueblo nicaragüense a denunciar en todos sus espacios posibles, y con las múltiples formas cívicas, esta delirante iniciativa de amenaza y castigo al pueblo nicaragüense, sus líderes sociales, políticos y civiles”.
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