Política

Se “aleja” posibilidad de elecciones libres y creíbles en Nicaragua, según OACNUDH

Demandan al Gobierno "que cese todo hostigamiento en contra de miembros de la oposición y periodistas" y que enmiende reforma electoral

Las posibilidades de que Nicaragua celebre unas elecciones libres y creíbles, el próximo 7 de noviembre, se estarían “alejando”, como consecuencia de las “medidas adoptadas por las autoridades contra partidos políticos, candidatos, candidatas y periodistas independientes, que restringen aún más el espacio cívico y democrático” en el país, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), que externó su “profunda preocupación” al respecto, a través de su portavoz Marta Hurtado.

“Hemos observado acontecimientos preocupantes a este respecto en las últimas semanas”, aseguró la oficina de la ONU, tras recordar que, en febrero, el Consejo de Derechos Humanos le encomendó que monitoreara de cerca los derechos humanos durante el proceso electoral en Nicaragua.

Hurtado se refirió a la reciente aprobación de la reforma electoral orteguista y el intento de criminalización de periodistas independientes en el caso iniciado por el Ministerio de Gobernación y el Ministerio Público de Nicaragua  en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que presidía Cristiana Chamorro Barrios, ahora aspirante presidencial independiente, quien califica los señalamientos por supuesto “lavado de dinero” como una “farsa” para inhibirla.

“Actualmente, la sra. Chamorro corre el riesgo de ser condenada penalmente y de ser inhabilitada como candidata”, valoró la OACNUDH.

La OACNUDH asegura que la cancelación de personerías jurídicas de partidos políticos y la apertura de investigaciones penales que pudieran conducir a la inhabilitación de candidaturas, sin el debido proceso, “no solo socavan los derechos políticos de las personas que aspiran a ser electas, sino también los derechos de los y las votantes a elegir a las candidaturas de su elección”.

OACNUDH crítica reforma electoral orteguista

Hurtado recordó la aprobación de la reforma electoral del pasado 4 de mayo en la Asamblea Nacional que “no atiende las demandas de la oposición, la sociedad civil y la comunidad internacional al no incorporar salvaguardias para garantizar la imparcialidad de las autoridades electorales”, criticó.

La Asamblea Nacional, controlada por el orteguismo, nombró el pasado 4 de mayo a los nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) a la medida del gobernante Frente Sandinista, abriendo las puertas a un nuevo fraude en las elecciones generales establecidas para el primer domingo de noviembre.

Con 85 votos de la bancada del Frente Sandinista y sus aliados, la Asamblea impuso las reformas electorales que allanan el camino para la tercera reelección consecutiva de Daniel Ortega, manteniendo las ventajas para el orteguismo e ignorando las demandas nacionales e internacionales para garantizar elecciones libres, justas, transparentes y observadas, entre estas la Resolución de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) de octubre de 2020. Las reformas, por el contrario, abren las puertas para la inhibición de candidatos y le da el control de la campaña electoral a la Policía, el principal brazo represor del régimen.

La portavoz de la OACNUDH cuestionó que la reforma electoral “contiene disposiciones que no se ajustan a las normas y estándares de derechos humanos, tales como restricciones al derecho a la libertad de expresión, reunión, y participación política”.

Asimismo, denunció que las autoridades electorales cancelaron las personerías jurídicas de dos partidos políticos “con argumentos contrarios a las normas internacionales y sin el debido proceso”, en referencia a la suspensión del Partido Restauración Democrática (PRD) que sería el vehículo de la opositora Coalición Nacional y el Partido Conservador.

A juicio de la Oficina del Alto Comisionado, “la nueva Ley Electoral es la última de una serie de leyes aprobadas por la Asamblea Nacional que restringen innecesaria y desproporcionadamente los derechos humanos, en especial de miembros de las organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de los derechos humanos, periodistas, líderes y lideresas políticas y sociales”.

Desde septiembre de 2020, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha impulsado en la Asamblea Nacional la aprobación de un paquete de leyes punitivas en nueva fase represiva que limita severamente la capacidad de operación de los grupos políticos de oposición, la sociedad civil y los medios independientes.

Demandan que cese hostigamiento contra opositores y periodistas

Hurtado mencionó que el 19 de mayo, las autoridades anunciaron que habían iniciado una investigación penal contra una de las principales precandidatas presidenciales, Cristiana Chamorro, por presunto lavado de dinero a través de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.

“La investigación se basa en la ‘Ley contra el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva’ adoptada en julio de 2018. Esta ley, redactada en términos excesivamente amplios, ha suscitado de manera general la preocupación de que pueda ser utilizada para silenciar a las voces disidentes”, criticó Hurtado.

La portavoz agregó que las acusaciones contra Cristiana Chamorro Barrios incluyen el supuesto uso indebido de fondos recibidos de fuentes internacionales, y detalló que en la última semana periodistas y directores de medios de comunicación independientes han sido llamados a declarar como parte del procedimiento penal. Asimismo, hizo mención del segundo allanamiento ilegal en contra del estudio de grabación de Esta Semana, Esta Noche y CONFIDENCIAL, el pasado 20 de mayo, y agregó que “la Policía Nacional también ha intensificado la restricción arbitraria de los movimientos de otros líderes y lideresas de la oposición”.

Hurtado sostiene que “el continuo acoso a los medios de comunicación independientes restringe el derecho a la libertad de expresión y socava el derecho de la población a ser informada, algo que es crucial en cualquier democracia y en cualquier momento, pero de especial importancia durante un periodo electoral”.

Desde la OACNUDH, Hurtado llamó al Gobierno de Nicaragua “para que cese todo hostigamiento -incluso el hostigamiento judicial- en contra de miembros de la oposición y periodistas”.

“También hacemos un llamamiento a las autoridades para que garanticen plenamente el disfrute de las libertades de información y expresión, reunión y asociación, así como el derecho a la participación política, todos ellos esenciales durante el proceso electoral, si se quiere que las propias elecciones sean libres y creíbles”, añadió.

Finalmente, instó también a las autoridades “a enmendar la legislación electoral a través de un proceso participativo” y aseguró que la OACNUDH “está dispuesta a brindar cooperación técnica a las autoridades nicaragüenses para reformar la legislación que restringe los derechos humanos a fin de que esta cumpla con las normas y estándares internacionales de derechos humanos”.


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