Política

Negación de paramilitares daña credibilidad del Ejército

Lo más grave es la impunidad. “La Constitución es clara: el Ejército está obligado a actuar en contra de grupos armados al margen de la ley”

El general de Ejército Julio César Avilés fue enfático: el Ejército de Nicaragua “no acepta el concepto de fuerzas paramilitares”. Más de 14 meses después de la represión del régimen en contra de las protestas ciudadanas de la Rebelión de Abril, la comandancia militar se refirió por primera vez a los paramilitares que, junto con la Policía Nacional, han impuesto el terror y sangre en los territorios de Nicaragua. Lejos de reconocer este fenómeno irregular documentado ampliamente, Avilés más bien justificó la inacción de la institución castrense para desarmar a estos grupos leales al Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La postura pone en entredicho el prestigio militar, que la institución protege con celo.

“Estas declaraciones del general Avilés me parecen negativas para la credibilidad y el prestigio del Ejército. El Ejército, en el pasado, era la institución más respetada y creíble si nos guiamos por las encuestas. Hoy o por hoy, esa respetabilidad y credibilidad está sumamente erosionada”, advirtió el general de brigada en retiro Hugo Torres en el programa Esta Semana. “Da la impresión de que la jefatura del Ejército no estuviera haciendo la lectura correcta de lo que ha venido ocurriendo a lo largo de estos meses de crisis y, por el contrario, se suma a la opinión de que son los ciudadanos los que han actuado en contra de la ley. Fueron unas declaraciones desafortunadas”, agregó.

El cómo se llamen “no es lo sustantivo”

El general Avilés alegó en una conferencia de prensa que “bajo ningún punto de vista aceptamos ese concepto de fuerzas paramilitares”. “Ese es un concepto como el paramilitarismo en Colombia, conocido ampliamente por todos, que surgen por estructuras económicas, por intereses económicos o políticos, que organizan fuerzas como las Fuerzas Armadas de Autodefensa de Colombia, ese término es utilizado por algunos medios; mirábamos nosotros que, al utilizar el término, paramilitar o militarización, es un enfoque equivocado de las funciones que nosotros estamos realizando”, alegó el jefe del Ejército.

Torres valoró que la discusión sobre cómo llamar a los civiles armados que matan en nombre del comandante Daniel Ortega “no es lo sustantivo”. Según en el general de brigada en retiro, lo importante, y grave, es que en el país existen grupos irregulares al margen de la ley, que actúan al “amparo de la impunidad, asesinando, secuestrando, reprimiendo a personas a la luz del día y a lo largo y ancho del país en complicidad con la Policía orteguista”.

La socióloga y experta en temas de seguridad, Elvira Cuadra, estimó, por su parte, que la definición de paramilitarismo esgrimida por Avilés es simplista. Cuadra explicó que, conforme la represión ha ido cambiando sus características, los grupos irregulares lo han hecho. Al principio de la rebelión cívica, entre los meses de abril y mayo, lo que se veía eran fuerzas de choque actuando en complicidad con la Policía. Luego, entre junio y julio, aparecieron civiles con armamento pesado, realizando despliegues con táctica militar para atacar los tranques.

“El paramilitarismo no es un término rígido, sino que se ajusta a las condiciones de cada país en los que se producen estas situaciones”, señaló Cuadra, también en entrevista en el programa Esta Semana. “En la medida que la represión ha venido cambiando en sus diferentes etapas, entonces han cambiado estos grupos paramilitares. Ahora vemos altos oficiales en retiro del Ejército al frente de estos grupos. En Carazo, Matagalpa y Jinotega se han organizado”, dijo la socióloga.

A juicio de Torres, las declaraciones del general Avilés deben preocupar a la oficialidad del Ejército. “Han de estar preocupados por el descrédito en el que ha venido cayendo la institución, por su inercia, por su inmovilización frente a los acontecimientos. Deben estar preocupados los oficiales, porque están en riesgo sus fondos de pensiones, sobre todo si son sancionadas las altas autoridades”, dijo Torres en referencia a posibles sanciones internacionales contra la institución, que tiene importantes inversiones en diversos sectores económicos.

“Soberanía en su concepto político”

Desde la aparición de estos grupos con armamento de guerra, al Ejército se le exigió cumplir el artículo 95 de la Constitución Política que prohíbe la existencia de otros cuerpos armados o rangos militares que no sean los establecidos por la ley, que son la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua. Sin embargo, la Comandancia General ha ignorado su mandato constitucional, y ahora niega su existencia.

No obstante, Torres insistió en la responsabilidad militar para desarmar estos grupos, acusados de cometer graves violaciones a los derechos humanos.

“La Constitución es clara. El Ejército está obligado a actuar en contra de grupos armados al margen de la ley. Si no lo hace la Policía, que es la obligada en primera instancia a actuar, el Ejército está en obligación de hacerlo. No puede cruzarse de brazos y permitir que estos grupos siembren la muerte, el crimen y el caos como que no pasara nada”, aseguró Torres.

El general de brigada en retiro da otro argumento que debería obligar al Ejército a tomar cartas en el asunto: “la defensa de la soberanía nacional”. Según Torres, en el caso del desarme de los paramilitares el concepto de soberanía nacional debe entenderse en su “concepto político”. Es decir, más allá de la circunscripción de la defensa de la integridad territorial, el espacio aéreo y marítimo.

“Cuando hablamos de soberanía no debemos circunscribirnos estrictamente a estos espacios, sino al concepto fundamente político de lo que es la soberanía. El soberano es el pueblo que está siendo agredido. El golpe de Estado que se ha venido dando aquí, por parte de quienes usurpan el poder en contra de sus mandantes, que es el pueblo, es una realidad. En consecuencia, el Ejército debería haber actuado desde hace rato. Todavía está a tiempo”, recomendó Torres, también miembro del opositor Movimiento Renovador Sandinista (MRS).

En cambio, Torres dijo que la posición de victimizarse esbozada por el general Avilés, cuando se declara atacado por “una brutal campaña de desprestigio”, no “le luce a una institución que por su naturaleza está llamada a ser muy seria, muy profesional, y muy apegada a la Constitución y los intereses de la población”.

El general Avilés dijo saber “quienes están detrás” de la campaña de desprestigio contra el Gobierno. “Esas personas no van a hacer cambiar nuestras decisiones, esas personas no nos van a hacer tomar el camino equivocado”, afirmó.

¿Quién desarma a los paramilitares?

Sobre a quién le toca el desarme de los paramilitares hay opiniones diferentes. Torres sostiene que debe ser una tarea acompañada por organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU) o la Organización de Estados Americanos (OEA), por ejemplo.

Sin embargo, la socióloga Elvira Cuadra es enfática sobre la responsabilidad de la comandancia del Ejército mismo. “El Ejército no puede evadir esa responsabilidad. El país está en un periodo de crisis que se ha prolongado. Pero, en un momento de eventual transición, el Ejército va a tener que cumplir con esa responsabilidad que ha evadido. No podemos pedirle a organismos internacionales, no podemos pensar en los cascos azules, que lleguen a cumplir algo que le corresponde al Ejército”, reclamó Cuadra.


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