20 de octubre 2021
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El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas dejó patentado su preocupación por “el cierre de espacios participativos y de diálogo tanto a nivel nacional como internacional, en particular con mecanismos de promoción y protección de derechos humanos” en Nicaragua, lo cual quedó plasmado en sus observaciones finales al quinto informe periódico del país, como parte del denominado Examen Periódico Universal (EPU).
El Comité expresó su preocupación por la situación de Nicaragua en diversos puntos como los relacionados a derechos humanos, independencia del Poder Judicial, lucha contra la corrupción, derechos de los pueblos indígenas, derechos laborables, igualdad de género, entre otros.
“El Comité insta al Estado parte a tomar las medidas necesarias para reestablecer los espacios de participación y de diálogo de manera abierta y constructiva con todos los actores a nivel nacional, incluyendo, representantes de la sociedad civil, del sector académico, del sector privado, representantes y líderes de pueblos indígenas, afrodescendientes y defensores de derechos humanos”, resalta el documento sobre las observaciones al que tuvo acceso CONFIDENCIAL.
Asimismo exhortaron al Estado "reestablecer el diálogo y cooperación a nivel internacional con los mecanismos regionales y universales de protección de derechos humanos".
En esa misma línea, el Comité confiesa su preocupación por los reportes sobre la persecución, amenazas, acoso y actos de represalias contra defensores de derechos humanos, incluyendo estudiantes y docentes universitarios, médicos y personal médico, por participar en las protestas contra las reformas a la Ley de Seguridad Social, la falta de diligencia ante el incendio de la reserva Indio-Maíz o por denunciar presuntas irregularidades en el contexto de la gestión de la pandemia de la covid-19.
“El Comité urge al Estado parte que adopte medidas efectivas y oportunas para prevenir actos de violencia contra todos los defensores de derechos humanos y para la protección efectiva de su vida e integridad personal. Asimismo, le insta a investigar de manera exhaustiva, imparcial y eficaz todas las denuncias de atentados contra la vida, integridad física y libertad, así como todo acto de violencia, amenazas, hostigamiento, intimidación, acoso y difamación cometidos en contra de defensores de derechos humanos, incluyendo estudiantes, maestros universitarios y personal médico”, destaca el reporte.
Además insta al Estado a "readmitir y restituir a estudiantes, maestros universitarios y personal médico que hubieran sido injustamente removidos, en sus puestos de trabajo o estudio". "El Comité remite a la atención del Estado parte su declaración sobre defensores de derechos humanos y derechos económicos, sociales y culturales”, agrega.
Falta de independencia del Poder Judicial
El Comité destaca en su informe su preocupación por la falta de independencia e imparcialidad del Poder Judicial, controlado por operadores del régimen orteguista. Igualmente, también se refiere a la falta de independencia de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, y destaca la falta de reacción del Gobierno ante los hechos de violaciones de derechos humanos en el país, lo que incluso llevó al Estado a ser degradado a estatus “B” por la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos.
Por ello "exhorta al Estado parte a tomar todas las medidas necesarias para garantizar la imparcialidad e independencia del Poder Judicial". Asimismo, "le insta a que adopte todas las medidas necesarias a fin de garantizar que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos cumpla con su mandato de protección y promoción de derechos humanos, incluyendo los derechos económicos, sociales y culturales, con plena independencia y diligencia”.
Otras irregularidades que inquietan al Comité es la referida a los altos niveles de corrupción e impunidad que persisten en el Estado. También preocupa los problemas sobre el limitado acceso a la información de interés público y sobre la falta de mecanismos eficaces de rendición de cuentas, lo cual impide una evaluación objetiva de las medidas adoptadas para asegurar la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales de los nicaragüenses.
Régimen oculta información sobre gasto público
El Comité lamenta no haber recibido información por parte del Estado de Nicaragua sobre la proporción del gasto público destinado a las prioridades sociales, como alimentación, vivienda, agua, saneamiento, salud y educación y también resalta su preocupación por la información que da cuenta de la disminución de fondos para el sector salud y educación.
Asimismo, lamenta que el Gobierno tampoco haya compartido información sobre la proporción de ingresos públicos que se obtienen de los impuestos, ni sobre el impacto que ha tenido la Ley de Concertación Tributaria en la disposición del máximo de sus recursos disponibles para la realización de los derechos económicos, sociales y culturales.
“El Comité nota con preocupación la información según la cual la referida ley elimina las exenciones de la mayoría de los productos de la canasta básica”, destaca el reporte.
Daniel Ortega y Wang Jing, empresario chino durante la firma de la concesión canalera. Archivo/Confidencial
El fallido proyecto del Canal Interoceánico y los pueblos indígenas
En el punto referido a los derechos de los pueblos indígenas, el Comité apunta hacia la falta de mecanismos adecuados que garanticen el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados en la toma de decisiones susceptibles de afectar sus derechos, incluyendo sus derechos sobre los territorios que tradicionalmente han ocupado.
“El Comité observa con preocupación que el Estado parte no ha llevado a cabo procedimientos de consulta previa adecuados ante la aprobación de grandes proyectos de inversión susceptibles de afectar los derechos de pueblos indígenas, tal como la concesión para la construcción del Gran Canal Interoceánico”, señala el reporte.
También se refiere a la creación de “gobiernos paralelos” para suplantar la representación de las comunidades de pueblos indígenas legítimamente constituidas lo cual afecta los procedimientos de consulta y facilita la usurpación de territorios indígenas y el estancamiento en los mecanismos para el “saneamiento de territorios indígenas” y la protección de los derechos que estos tienen sobre sus tierras, territorios y recursos.
“Preocupan al Comité los graves conflictos sociales y violencia que se generan en torno a la posesión y utilización de tierras y territorios entre pueblos indígenas y terceros ocupantes o interesados en la explotación de los recursos naturales que se encuentran en tales territorios, particularmente en los territorios indígenas y afrodescendiente en la Costa Caribe de Nicaragua”, añade.
El embajador Álvaro Fernando Murillo Centeno. Foto: Tomada de La Prensa
El informe sobre el cual calló el sobrino de Rosario Murillo
En un extenso prólogo a la presentación de las observaciones finales, el Comité explica que la discusión de estos puntos con Nicaragua no pudo llevarse a cabo debido a la persistencia del representante de Nicaragua, Álvaro Fernando Murillo-sobrino de la vicepresidenta Rosario Murillo-de callar ante las preguntas de los miembros del Comité, contraviniendo los mecanismos de este foro diplomático.
“Durante la sesión llevada a cabo el día 7 de octubre, de acuerdo a su práctica habitual, el Comité invitó al embajador a tomar la palabra para hacer su intervención inicial, quien no hizo uso de esta invitación. El Comité procedió a hacer sus preguntas relativas a la implementación del Pacto en el Estado parte y el representante del Estado fue invitado a contestar, quien reiteró que su participación era en calidad de escucha. Ante esta situación, el Comité cerró la sesión pública”, se resalta en el informe.
El documento relata que el 8 de octubre, después de haber cerrado la sesión pública, el Comité recibió una comunicación por parte del ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua informando que no se daría respuesta a las preguntas formuladas por el Comité.
“El Estado parte tuvo amplias oportunidades para responder, para aportar información relevante y su perspectiva sobre los temas abordados, lo cual habría permitido un diálogo constructivo y que el Comité tuviera mejores elementos para aclarar sus preocupaciones. Ante esta situación, el Comité tiene a bien aclarar que la invitación extendida al Estado parte, de acuerdo a la práctica del Comité, fue para participar en un diálogo interactivo y constructivo”, resalta el informe.
En sus observaciones el Comité destaca que en virtud de los acuerdos internacionales firmados por Nicaragua, se estableció como nueva fecha para que régimen orteguista responda las consultas este próximo 31 de octubre.
El Comité incluso señala que “lamenta” que su tarea de evaluar con la máxima independencia los compromisos en estas materias adquiridos en diversos acuerdos diplomáticos, “se haya visto gravemente afectada por la falta de cooperación y ausencia de diálogo interactivo con el Estado parte”.
