19 de septiembre 2020
AA
Horas después que la vicepresidenta y vocera estatal, Rosario Murillo, asegurara en su discurso del mediodía de este jueves, que es “un clamor de las familias” nicaragüenses la aprobación de la cadena perpetua para castigar “los crímenes de odio”, los sandinistas fueron enviados a recolectar firmas de respaldo que acompañarán una carta de petición dirigida a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y a la Asamblea Nacional.
“La cadena perpetua es lo que se está pidiendo a la Corte Suprema de Justicia , que aplique, que envíe a la Asamblea Nacional, y es clamor unánime de las familias en Nicaragua, castigar estos crímenes de odio, crímenes atroces”, dijo.
Este cambio en la ley que ya fue ordenado por Presidencia, como supuesta respuesta a los asesinatos de mujeres, está dirigido en contra de la mayoría Azul y Blanco que mantiene la protesta cívica, según reveló el mandatario, Daniel Ortega, quien nunca mencionó los femicidios en su interpretación de "crímenes de odio".
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“Muchas familias nos han dicho, y con toda razón, que habría que aplicarle la pena de muerte a estos criminales. Nosotros tenemos un compromiso, somos parte de un convenio internacional donde estamos comprometidos a no aplicar la pena de muerte en Nicaragua, pero, no estamos comprometidos a no aplicar cadena perpetua para los criminales”, dijo en el discurso de conmemoración de la Independencia de Centroamérica, del martes pasado.
Manipulación en la recolección de firmas
Trabajadores del Estado hacen fila para firmar la petición enviada desde la Presidencia.
En el documento, que fue entregado a las bases sandinistas, se explica que la recolección de firmas es para que se aplique la cadena perpetua a crímenes de violencia de género, y hacen referencia al asesinato y violación de las dos niñas, de 10 y 12 años, ocurrido en la comarca Lizawe, en el municipio de Mulukukú, Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACN), el sábado pasado. Pese a que esta reforma está siendo promovida con fines políticos.
“Los abajo firmantes, preocupados y consternados ante el incremento de crímenes atroces, crueles, de odio, aberrantes, inhumanos, humillantes y denigrantes (…) solicitamos de manera urgente que procedan a elaborar y aprobar leyes que castiguen de manera efectiva estos crímenes (…) dado que las penas actuales no son proporcionales al daño que causan estos actos”, cita el documento.
La recolección de firmas se hace en visitas casa a casa y también en escuelas e instituciones públicas; en estos espacios, según han denunciado varios usuarios en las redes sociales, los trabajadores habrían accedido por miedo a perder sus empleos. Mientras, otros firmaron como muestra de una preocupación genuina ante la violencia.
En opinión de la feminista María Teresa Blandón, la utilización del contexto del asesinato de las niñas para anunciar una medida “tan brutal”, no es más que “una grosera manipulación de un acto de violencia que ha conmocionado a una buena parte de la sociedad nicaragüense” y dejó en evidencia que la disposición de instaurar la pena de cadena perpetua en el país “no tiene nada que ver con el femicidio de estas dos niñas”.
Según informan los medios oficialistas la recolección de firmas ya ha ocurrido en los departamentos de Carazo, Managua, Río San Juan, León, Rivas y El Rama.
El último informe independiente sobre los femicidios ocurridos este año, que monitorea Católicas por el Derecho a Decidir, reveló que estamos a menos de 10 casos de superar la cifra de asesinatos de mujeres del año pasado, pues hasta el 18 de septiembre de 2020 han muerto 57 mujeres, de las cuales al menos 10 eran menores de edad.
Vieja técnica
En agosto de 2018, el régimen ya había enviado a sus bases a recolectar firmas que acompañarían una carta enviada a Ortega y a la Corte Suprema de Justicia, en la que pedían “justicia y reparación para las víctimas del golpismo y terrorismo, y cárcel para los culpables del luto, destrucción y daños irreversibles”.
“Nos hemos dado cita junto a los estudiantes, comerciantes, transportistas y organizaciones sindicales para fortalecer nuestra campaña de exigencia de justicia a través de una jornada intensa de recolección de firmas a nivel nacional”, dijo en una conferencia Milton Ruíz, coordinador nacional de Juventud Sandinista.
Meses después los trabajadores del Estados fueron obligados a firmar una carta que sería enviada al Papa Francisco para que removiera de su cargo a monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua por tener una “labor instigadora de violencia y desunión que no corresponde a las tareas pastorales propias de su investidura”.
