Política

Mujeres y Unidad Nacional marcharán este domingo en Managua

Solicitud pone a prueba la palabra del régimen de pedir permiso para protestar, mientras MESENI confirma "estrategia para impedir la protesta social"

Una delegación de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) llegó este miércoles a la sede de la Policía en Plaza el Sol, en Managua, a solicitar permiso para marchar este domingo 25 de noviembre, cuando se conmemora el “Día Internacional de la no Violencia contra la Mujer”. En medio de la tensión ante un posible arresto, los delegados consiguieron ingresar a la institución, pero los oficiales no firmaron el permiso para la manifestación.

Evelyn Flores, de la Red de Mujeres contra la Violencia; el activista y presentador televisivo, Jaime Arellano; Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de Funides; y el empresario Dolores Blandino fueron quienes solicitaron el permiso. Sin embargo, ante la negativa de la Policía de firmar el permiso, ellos convocaron a marchar el domingo.

A los solicitantes del permiso policial los acompañaron estudiantes universitarios, quienes se mantuvieron al pendiente de los agentes policiales mientras duró el trámite.

“Notificamos que vamos a marchar este domingo 25. Del Colegio Teresiano a la Universidad Centroamericana (UCA). No nos firmaron el recibido. Dijeron que ese era el trámite. Vamos a marchar como lo hemos hecho en los últimos 25 años”, dijo Flores. “Vamos a marchar para exigir el respeto de las instituciones públicas a los derechos a las mujeres, y sobre todo ahora que vivimos inseguridad, represión y alta intimidación”, agregó.

“Nos dirigimos a ustedes en nombre de ciudadanos que formamos parte de la Unidad Nacional Azul y Blanco para hacer de su conocimiento que hemos tomado la decisión de ejercer nuestro legítimo derecho a movilizarnos y manifestarnos públicamente en la ciudad de Managua el día 25 de noviembre”, dice la solicitud presentada por la Unidad Nacional Azul y Blanco.

Juan Sebastián Chamorro explicó que aunque la Constitución Política no contemple pedir permiso para manifestarse en las calles, decidieron hacerlo para tomarle la palabra al régimen de Daniel Ortega. La Policía argumentó que para realizar marchas debe pedirse permiso con anticipación.

“Entendemos que el proceso de una marcha debe ser notificada para que las personas que no forman parte de ella tengan movilización… esto se hace anteriormente pero ahora se ha usado como excusas para prohibir que marchemos”, aseguró Chamorro. “Si el obstáculo que ponían para que no marchemos es que no pedimos permiso, pues aquí estamos pidiendo. Vamos a ver”.

MESENI: “Estrategia de impedir protesta social 

El Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó en un comunicado que el Gobierno de Daniel Ortega implementa una “estrategia” para impedir la protesta social.

“Desde la publicación de notas de prensa de la Policía Nacional que, primero, responsabilizaron a quienes convocaran a manifestaciones públicas por los hechos violentos ocurridos en ellas y, posteriormente, declararon ilegal toda manifestación que no contara con autorización previa de la autoridad policial, el MESENI identificó limitaciones que violan los estándares internacionales de derechos humanos”, sostiene el comunicado.

De acuerdo al MESENI, el desproporcionado despliegue preventivo de personal policial antimotines, así como de otras unidades policiales en lugares en que tradicionalmente se protestaba, se unió ahora a la ocupación de establecimientos comerciales en que se habían realizado pequeños actos de protesta.

La semana pasada fue arrestado en Galerías Santo Domingo Léonidas Luque Centeno, quien será juzgado por el “delito” de “obstrucción de funciones”, por el hecho de criticar el despliegue policial en el centro comercial.

“Dicho patrón de extrema limitación del derecho a protestar se manifestó más concretamente. Las detenciones producidas en Somoto y en un centro comercial de Managua en los últimos días, con la posterior imputación de cargos penales por entonar el himno nacional en un pequeño acto de protesta pública o por fotografiar a los policías desplegados en el centro comercial, permiten constatar ahora la decisión de criminalizar cualquier manifestación de disidencia”, lamenta el MESENI.


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