30 de abril 2021
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El Grupo Promotor de Reformas Electorales (GPRE) presentó su primer reporte del monitoreo del proceso electoral del 2021, destacando el control del orteguismo sobre el proceso de cedulación ciudadana, el uso de recursos del Estado para hacer proselitismo político a favor del Frente Sandinista y el permanente estado policial, el cual hace inviable unos comicios transparentes y legítimos para el 7 de noviembre próximo.
El informe fue presentado por el especialista en temas electorales Yader Loza, el politólogo José Antonio Peraza y el abogado constitucionalista Gabriel Álvarez, todos miembros del GPRE.
Todos los expertos coincidieron en que dada las situaciones registradas por el monitoreo del GPRE, en estos momentos no existen condiciones para que se desarrollen comicios que cumpla los estándares democráticos y transparencia.
Este primer informe recopila y sistematiza información en el período comprendido entre el 15 de marzo y el 5 de abril 2021. En este informe se recopiló información proveniente de ciudadanos de 42 municipios, que representa el 27.4% del total de municipios del país, pertenecientes a 11 departamentos y 2 Regiones Autónomas.
Sobre el ambiente electoral, el GPRE destacó la persecución y vigilancia policial y de paramilitares del régimen sobre las actividades políticas y partidarias de grupos opositores.
“La información proporcionada en este período por parte de los ciudadanos muestra que existe una violación sistemática del Gobierno a derechos políticos de los ciudadanos en 21 municipios del país, donde se reportan que de 116 actividades de reunión pacífica, 81 intentos resultaron fallidos, imposibilitando a los miembros de partidos políticos y sociedad civil desarrollar sus actividades. Solamente 35 lograron realizar la actividad. En 18 de los 21 municipios contemplados en este reporte, fue impedida entre una y cinco veces la posibilidad de hacer sus reuniones o actividades, porque fueron acosados por paramilitares y grupos afines al partido de gobierno y la Policía Nacional”, señala el informe.
Vea aquí: Primer informe de monitoreo electoral del Grupo Promotor de Reformas Electorales
Violencia política contra ciudadanos
El informe registró 27 intentos de protesta ciudadana pacífica en 13 municipios, pero solamente en seis las lograron realizar. En estas protestas se demandó el llamado a la unidad opositora, libertad para los prisioneros políticos y justicia para las víctimas de los asesinatos durante las protestas ciudadanas de abril de 2018.
El informe señala que en 24 de los 42 municipios se registraron 80 actos de violencia dirigidos a miembros de partidos políticos, sociedad civil y ciudadanos, tales como: detenciones ilegales, retener y vigilar a las personas desde sus casas, ser golpeados por policías o paramilitares por manifestarse y organizarse de cara a un proceso electoral. El informe también añade situaciones de amenazas verbales, campañas de desprestigio en medios de comunicación o redes sociales, vigilancias permanentes a sus viviendas y amenazas o descalificaciones a través de pintas en sus viviendas.
El monitoreo también consigna las denuncias ciudadanas sobre el uso sistemático por parte del orteguismo de bienes del Estado con fines partidarios a favor del Frente Sandinista. “Es una práctica que se viene ejerciendo desde hace muchos años. Se obtuvieron 48 denuncias sobre uso de bienes y medios del Estado en 28 municipios, la mayoría de medios utilizados son camionetas y vehículos de las alcaldías y el Ministerio de Salud, escuelas y oficinas de las instituciones del Estado donde son ocupadas para capacitar a personal del partido de gobierno sobre las elecciones de este año”, destaca el informe del GPRE.
Control partidario sobre la cedulación
El monitoreo también destacó lo que denomina como una cedulación paralela realizada por el Frente Sandinista. “Se ha reportado que en 20 municipios existe una cedulación paralela realizada por el partido gobernante. Quienes se encargan de esta cedulación paralela en su mayoría son personas que trabajan en la secretaría del FSLN de cada municipio, los Consejos de Participación Ciudadana (CPC) y Consejos de Liderazgo Sandinista (CLS)”, resalta el informe.
La conclusión del informe es tajante. No hay condiciones democráticas ni garantías de transparencia para llevar cabo comicios con legitimidad. “Para que un proceso electoral se considere legítimo, transparente y libre, el Gobierno y sus instituciones deben garantizar y respetar los derechos y libertades de los nicaragüenses a expresarse abiertamente, así como organizarse en grupos políticos o en organizaciones sociales. Estas libertades y derechos hasta el momento no son visibles en nuestro país, por lo cual, si hoy fueran las elecciones no podrían llamarse democráticas. Hay una violación abierta por parte del Estado a los derechos humanos y políticos vinculados a: participar en los asuntos públicos, hacer denuncias sobre anomalías, el derecho de reunión pacífica, el derecho de concentración pacífica, manifestación y movilización”, señala el informe.
Gabriel Álvarez, indicó que a más a tardar en junio, cuando se anuncie el calendario electoral, el Gobierno debe restituir los derechos civiles y políticos de los ciudadanos, si quiere llevar adelante un proceso electoral que sea considerado normal, legítimo y transparente. “Es que en primer lugar, esos derechos nunca tendrían que haber sido arrebatados, así que es para ayer que se nos tendrían que haber devuelto a los ciudadanos nuestras libertades civiles y políticas. Si para cuando se anuncie el calendario electoral en junio no se han hecho estos cambios, ya podríamos dar por descartado unas elecciones democráticas”, afirmó Álvarez.
José Antonio Peraza, por su parte, enfatizó en lo “anormal” que serían unos comicios sin libertades de movilización para los ciudadanos. “Los opositores tienen que organizarse, hacer casas de campaña, tener libertad para movilizarse y manifestarse. Y eso es para, no es que hasta que va empezar la campaña electoral que van devolver esos derechos, que en primer lugar, no tendrían que haber arrebatado”, enfatizó.
