13 de mayo 2021
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Para el politólogo e investigador Manuel Orozco, el Gobierno de Nicaragua “ha asumido el riesgo de prescindir de la comunidad internacional”, al instaurar unas elecciones generales -previstas para noviembre próximo- como un “proceso político donde no haya competencia” para el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Orozco, nicaragüense y director del Centro para la Migración y la Estabilidad Económica en Washington, EE. UU., advirtió que el “riesgo y cálculo político” del Gobierno orteguista, es que “la comunidad internacional no va hacer nada”. Sin embargo, en el ámbito internacional han comenzado a sonar más voces que exigen un “desconocimiento” de las próximas elecciones nicaragüenses, ente ellas el Parlamento Europeo.
El análisis de Orozco se dio durante una entrevista para el programa Esta Noche, luego de una sesión del Consejo Permanente de la OEA, en la que el secretario general de ese organismo, Luis Almagro, aseguró que Nicaragua “se encamina a tener la peor elección posible” debido a la falta de garantías para celebrar un proceso libre, justo y transparente.
“Lo que el secretario (general) da a conocer con bastante detalle, es que la comunidad internacional tiene claro que, el procedimiento que está utilizando el Gobierno de Nicaragua frente al proceso electoral, va en contra de todo tipo de estándar democrático”, comentó el politólogo.
Sesión de la OEA
Almagro solicitó la semana pasada incluir la crisis nicaragüense como tema de la reunión del Consejo Permanente. Lo hizo luego de expresar, a través de un comunicado, su “extrema preocupación” por la elección de unos magistrados orteguistas en el Consejo Supremo Electoral (CSE) y la aprobación de una reforma electoral, por parte de los diputados del Frente Sandinista y sus aliados políticos en la Asamblea Nacional. Ambas acciones, según el diplomático uruguayo, “claramente dan una ventaja absoluta al partido oficial” en las elecciones.
En su informe ante el Consejo Permanente, el secretario general dijo que “el Gobierno (de Nicaragua) no ha demostrado la voluntad política para adoptar las medidas necesarias para implementar las reformas electorales” que aseguren un proceso justo y transparente.
#Nicaragua no cumple con elementos esenciales de democracia representativa.
En marco de la Carta Democrática Interamericana, esto constituye una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático en el país.
Mis palabras en @CP_OEA (2/2) pic.twitter.com/wUl2xCOg3p
— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) May 12, 2021
“Lamentablemente la respuesta del Gobierno parece estar orientada a generar condiciones que dificulten superar esta crisis e impedir el restablecimiento de la paz y la democracia”, destacó.
Almagro afirmó que la reforma electoral orteguista “no es más que un cambio cosmético a un cuerpo legal deficiente. Detrás de la iniciativa existe un claro intento de consolidar el control total del proceso electoral, mediante la supresión, limitación y restricción de voces disidentes, de posturas contrarias a las defendidas por el Gobierno, de cualquier cosa que amenace con una derrota oficial”.
En el mismo sentido se expresaron varios embajadores ante la OEA, entre ellos los de Estados Unidos, Canadá y Uruguay. “La continuidad de Ortega está maniatada con subterfugios y mecanismos non sanctos en lo democrático”, dijo el diplomático uruguayo Washington Abdala, quien calificó al Gobierno orteguista como “una autocracia”.
“O el señor Ortega entiende que el camino es el de la redemocratización, o el señor Ortega se asfixiará en ese ejercicio de autoritarismo”, alertó Abdala.
Pasos en la OEA
Para Orozco la importancia de la sesión en la OEA, es que “formalmente se introdujo en el récord del Consejo Permanente, que hay grupo de países que no está viendo de manera favorable las reformas introducidas o los intentos de cambio legal de parte de Nicaragua”.
El politólogo adelantó que esta sesión dará pie a una reunión adicional del Consejo Permanente, en las próximas tres semanas, “donde se va a explorar una resolución” o “se va a determinar el procedimiento que puede aplicarse sobre Nicaragua”.
Explicó que, en las próximas semanas, la OEA debería trabajar en “aumentar su capital político” en aquellos países “que no se pronuncian directamente en contra de las violaciones de la Carta Democrática” en Nicaragua. Estos “son predominantemente países del Caribe y Centroamérica, Guatemala y Honduras, en particular, e incluso El Salvador en algunas ocasiones”.
En una reciente entrevista con el programa Esta Semana, el excanciller nicaragüense Norman Caldera dijo que la OEA ya cuenta con los votos suficientes para “desconocer” los comicios nicaragüenses, como ya lo hicieron con las elecciones venezolanas.
Caldera explicó que, para aplicar la Carta Democrática, la OEA necesita 21 votos -con los que no cuenta-, pero es diferente una votación para “simplemente no aceptar las condiciones de las elecciones y desconocer los resultados de esa lección”.
“En este momento, lo que necesitan —igual que cuando lo aplicaron con Venezuela— son 18 votos y no 21, y los 18 creo que si los tiene”, dijo el excanciller.
Observación electoral
Orozco indicó que “es poco probable que la OEA pueda entrar a Nicaragua con una misión de observación” en las próximas elecciones. En la reciente reforma electoral, el Gobierno orteguista anuló la observación electoral para establecer la figura limitada del “acompañamiento”.
“Es posible que Nicaragua permita la observación internacional, dos meses antes de las elecciones, cuando sea muy difícil para cualquier país u organismo internacional organizarse para establecer un tendido, una presencia en las juntas receptoras de votos”, subrayó el politólogo.
“Nicaragua como Gobierno está muy resentido de la OEA, y resiente especialmente el rol de Almagro; de hecho el discurso que utiliza el Gobierno, ha retrocedido 40 años, con un discurso de los años 80, hablando de injerencismo”, comentó Orozco.
En sus intervenciones en la sesión del Consejo Permanente, el embajador de Nicaragua ante la OEA, Luis Alvarado, calificó como “injerencismo” las críticas y señalamientos de los países miembros del foro regional.
“Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho a intervenir directa o indirectamente y sea cual fuere el motivo en los asuntos internos de cualquier otro”, apuntó el funcionario orteguista.
