15 de julio 2019
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La reforma a la Ley 606, que debería servir para revisar y actualizar la aplicación, desarrollo y fortalecimiento institucional del primer poder del Estado, en la práctica solo sirvió para despojar de funciones al sancionado presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras.
“Esas reformas no son ninguna modernización de la Asamblea Nacional: son una reacción a las sanciones, reacción que nace de la ceguera política y de la soberbia del poder”, aseveró la diputada liberal Azucena Castillo.
“Modernizar la Asamblea Nacional exige reformas que incentiven la cooperación entre los diputados y fortalezcan la efectividad y productividad legislativa, sin perder la capacidad para reflejar la pluralidad política”, sentenció.
A su juicio, eso requiere, primero, “una objetiva comprensión de cómo y para qué debe funcionar un poder legislativo, que es el corazón de la voluntad del pueblo y de la democracia, y asegurar un Estado de Derecho que rescate la confianza ciudadana”.
“Todo lo que vimos hacer este sábado al Gobierno, es en respuesta a las sanciones de Estados Unidos, y cuando se trata de protegerse no tienen ningún límite”, dijo por su parte el exembajador Mauricio Díaz.
Junto con la desnaturalización de los poderes del Estado, también señalan el hecho que, en vez de buscar una salida negociada, Ortega modifica la ley según sus necesidades, para atrincherarse en el poder, menospreciando las bases de la democracia.
“No creen en la democracia porque si así fuera, sabrían que hay que tener un presidente de la Asamblea Nacional, que sí tuviera funciones”, dijo el exdiputado liberal Eliseo Núñez Morales.
“Están despojando de facultades a Porras, y trasladando virtualmente la representación interna a la diputada Dixon, pero esto lo que indica es un comportamiento totalmente anómalo del parlamento y de las instituciones en general”, reiteró Díaz.
Dejar a Porras como presidente sin funciones, “debilita el principio de autonomía del Legislativo, que ahora es representado por la Primera Secretaría, pero apunta a una mayor concentración de poderes en el Ejecutivo”, añadió.
El exdiputado ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen) y miembro del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), valoró que con estas reformas “le están dando un poder absoluto a Ortega para que haga lo que quiera. Lo que vimos este fin de semana es un irrespeto y una descalificación total a la figura del parlamento, si es que alguna vez fue un Parlamento. Esta es solo una asamblea decorativa, una correa de transmisión”.
Al hacer esos cambios, la Asamblea Nacional quedó solo como “un accesorio, un adorno, en el que Ortega puede hacer lo que quiera; ¡si ni siquiera tiene que enviarles ternas! Porras ya no es presidente, eso no es un parlamento, los diputados opositores ni siquiera son una oposición”, reiteró.
Nicaragua es rehén del Gobierno
Además de convertir al diputado Porras en poco más que un figurante, las reformas a la Ley 290, que define cómo se organiza el Poder Ejecutivo, otorgaron a Daniel Ortega y sus sucesores, la potestad de nombrar “a uno o más de un ministro, y uno o más de un viceministro”, en cada ministerio.
La intención declarada en la exposición de motivos es “contar con funcionarios de alto nivel jerárquico, con competencias específicas dedicados a temas especializados y de alta sensibilidad según los requerimientos de cada cartera”.
“Con cada acción que implementan, reafirman la validez de las sanciones. Dicen que no les importan y que las sanciones no tienen efectos, pero con esa reforma y la anterior, lo que hacen es confirmar que las sanciones son efectivas y que sí les afectan”, opinó la diputada Castillo.
Su criterio es que “cada modificación reconoce que son válidas las sanciones y las razones por las que han sido sancionados, especialmente por su implicación ante los organismos internacionales”.
“Es una lástima que a estas alturas de la crisis sociopolítica que cada vez profundiza más la recesión económica que aletarga a la nación, se sigan desgastando en vez de buscar una solución patriótica en el diálogo, que es lo que el pueblo espera”, reiteró la legisladora.
“Mientras Ortega recibe presiones desde el exterior –principalmente de Estados Unidos- su reacción es aplicar medidas de presión a lo interno y acaparar más poder, convirtiéndonos en un sultanato regido por una dictadura bicéfala, familiar”, dijo por su parte Díaz.
El diplomático opina que “la nación es rehén de este Gobierno, y va a sufrir más en el futuro”, porque cada vez que el Gobierno recibe una sanción responde apretando más al pueblo nicaragüense.
Siempre en el ámbito de las sanciones, el exdiputado Núñez detalló cómo el diputado Porras repite muchas veces que no le duelen las sanciones, “pero lo que muestra es que sí le duele”.
“Él grita diciendo que tienen legitimidad, pero él sabe que eso es lo más ausente que tienen en el ejercicio del poder. ¿Qué hay de legítimo en matar 500 personas, exiliar a 60 000, o que la Policía grite vítores a un partido, y hagan lo que ese partido les manda, en vez de subordinarse al imperio de la ley?”, cuestionó.
“Construir puentes, inaugurar carreteras y reparar escuelas no te da legitimidad, y menos cuando matas a tanta gente, y ni siquiera inician una investigación, ¡ni siquiera una muy pequeña! para por lo menos decir que estás investigando”, reiteró.
