Derechos constitucionales y humanos son violentados por el actuar arbitrario de la Policía Nacional que ha arreciado su asedio contra grupos opositores, impidiendo a varias personas salir de sus viviendas, bloqueando su libre circulación; y en el caso particular del director ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia Juan Sebastián Chamorro, señalándolo de estar bajo investigación de facto.

Esta actuación policial  violenta los artículos 31 y 32 de la Constitución Política de Nicaragua. El primero establece que “los nicaragüenses tienen derecho a circular y fijar su residencia en cualquier parte del territorio nacional; a entrar y salir libremente del país”; y el segundo, que corresponde al principio de legalidad, que “ninguna persona está obligada a hacer lo que la ley no mande, ni impedida de hacer lo que ella no prohíbe”.

Son derechos que no pueden ser restringidos para ninguna persona, derechos inalienables, explica el especialista en derecho penal Roberto Fúnez Narváez.

La abogada, jurista y académica Dra. María Asunción Moreno, explica que la Policía ha mantenido actuaciones “ilegales”, de forma sistemática, reiterada y generalizada, contra los opositores, como mecanismo de represión y persecución política. Más bien, la Policía está obligada a respetar y cumplir la Constitución, de tal forma que “no existe argumento ni base legal que faculte a sus agentes para impedir la libre movilización o circulación de los nicaragüenses en el territorio nacional de la forma en que lo están haciendo, mediante retenes, requisas y asedio policial cuyo objetivo es intimidar y amenazar a quienes se oponen al Gobierno (…)”, sostiene la especialista.

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El comportamiento de la fuerza pública violenta derechos fundamentales previstos en la Constitución y en tratados internacionales en materia de derechos humanos, tales como el derecho de toda persona de movilizarse o circular con libertad, expresar sus ideas, derecho a la asociación y reunión pacifica, entre otros, señala Moreno.

Fúnez Narváez advierte que tampoco se pueden establecer categorías de personas, unas que sí puedan circular libremente por el territorio nacional y otras que no; pues “transgrede gravemente los derechos individuales”, asevera. Sin embargo, en Nicaragua eso se ha convertido en una práctica sistemática.

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Este sábado el presidente del partido Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN) Luis Fley no logró asistir a una actividad de juramentación de 16 delegados de los comités de Jinotega y Río San Juan de la Coalición Nacional en Managua, porque la fuerza policial se lo impidió.

Fley, al igual que Félix Maradiaga, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), fueron impedidos de salir de su casa, este sábado. En el caso de Fley, esta fue la primera vez, pero en el caso de Maradiaga es una situación recurrente.

Los policías se mantuvieron afuera de la casa de Fley desde el viernes, se fueron en la noche, pero regresaron el sábado temprano. Al momento que el presidente del FDN intentó salir de su vivienda, le dijeron que no podía porque era “una orden” y no hubo más explicaciones. “Estamos presos en nuestra propia casa”, expresó el opositor mediante una llamada telefónica a CONFIDENCIAL. El asedio fue tal que ni siquiera permitieron que su hijo saliera a comprar a una miscelánea del sector.

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“Bajo investigación”

En el caso de Chamorro, este viernes una patrulla policial lo detuvo en el empalme de Nejapa, le dijeron que no podía salir de Managua y que estaba siendo sujeto de investigación. Nada más. Los oficiales lo obligaron a subirse a una patrulla para llevarlo a su domicilio. Chamorro reclamó por la violación de sus derechos, y uno de los oficiales le respondió que ellos eran los que violaban las leyes.

El director de la Alianza Cívica explica que se vive una etapa de "represión muy, muy focalizada a liderazgos de la oposición". Han notado mayor vigilancia policial y algunos miembros que antes no estaban siendo acosados, vigilados, ahora sí lo están. A partir de los últimos días ha aumentado, expresa.

La especialista Moreno explica que la libertad solo puede ser restringida por orden judicial, y la Policía, bajo su responsabilidad, solo puede retener a una persona dentro de las 48 horas establecidas en la Constitución, para presentarla ante autoridad judicial, en caso contrario, debe ponerlo en libertad.

Cuando Juan Sebastián es retenido y llevado a su casa por los agentes policiales se le está violando su derecho a la libre circulación, bajo la excusa de que está siendo “objeto de investigación", lo cual constituye una clara amenaza a su libertad personal. “Quiero dejar claro que la Policía no puede imponer casa por cárcel a ningún ciudadano, así pues, no hay sustento legal ni legitimidad en su actuación”, expresa Moreno.

Fúnez Narváez explica que, al restringir la libre circulación por el territorio nacional, el oficial está obligado por ley a informarle al ciudadano sobre sus derechos y motivos de esa actuación, ya sea que se trate de una denuncia, una medida de seguridad, cualquiera que sea la razón. “No se ha visto un argumento que contenga claridad, coherencia y sobre todo, que sea legal”, expresa el especialista.

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Represión e intimidación

Hace unas cinco semanas que la Policía no deja salir de Managua a Maradiaga, tampoco Chamorro lo puede hacer. La Policía le dijo que eran “órdenes superiores” y no explicaron nada más. La situación se agravó el domingo pasado, cuando tampoco lo dejaron salir de la casa donde duerme, ya que debido al mismo asedio ha tenido que cambiar de residencia con frecuencia.

“Dicen que para poder salir debo, con antelación, indicarles el lugar exacto a donde me dirijo. Rechazo aceptar esa situación. En consecuencia, decidí burlar el cerco policial y logré escabullirme de la Policía. Lo hice como un acto de desobediencia a lo que considero una arbitrariedad”, expresó el líder opositor.

Moreno sostiene que “la actuación de la Policía es parte de una estrategia de represión e intimidación generalizada en contra de la población, con la que pretende evitar que se consolide el liderazgo opositor y que manifestemos el desprecio popular hacia este régimen. Vivimos en una dictadura, por tanto, la actuación de la Policía o de cualquier autoridad pública que participa en actos de represión no admite análisis legal alguno”.

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