28 de septiembre 2020
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“Autoincriminados”, excluidos como ciudadanos, violentados sus derechos políticos y expuestos a confiscaciones y penas “desproporcionadas” quedarán miles de nicaragüenses en caso de que la iniciativa “Ley de Regulación de Agentes Extranjeros”, presentada el 22 de septiembre por diputados del Frente Sandinista ante la Asamblea Nacional, sea aprobada, advierte el abogado Gabriel Álvarez, experto en Derecho Constitucional, en una entrevista con Esta Semana y CONFIDENCIAL.
“Desde el primer artículo de esta propuesta de ley te obliga a decir cosas que no son ciertas… Incluso, te obligan a autoincriminarte… Entonces, si te inscribes ya aceptas que estás haciendo eso que la ley define en el artículo uno, pero si no lo haces el Ministerio de Gobernación te va a decir anda inscribite”, señala.
El también jurista detalla que, según la iniciativa enviada por el régimen de los Ortega-Murillo, toda persona que no acate el llamado del Ministerio de Gobernación se expondrá a penas “desproporcionadas” que van desde la “inmovilización de los bienes” hasta un proceso penal.
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“Hay una posibilidad de penas muy severas, desproporcionadas e injustificadamente que van desde cárcel, confiscación disfrazada de intervención, multas, cancelaciones de personerías jurídicas, instrumentos punitivos que se autootorga claramente desproporcionada, violatoria de la Constitución, violatorias de instrumentos internacionales de los cuales Nicaragua es suscrita”, detalla.
Ley de Agentes Extranjeros “es inaplicable”
Álvarez considera que la iniciativa es “ambigua” e “inaplicable, pues cualquier sujeto puede verse obligado o perjudicado por dicha ley.
“Todos , todo mundo, todos pueden ser sujetos de esta ley, no solo organizaciones de la sociedad civil, Iglesias, universidades, cámaras empresarias, personas que no tienen ninguna pretensión política, ni quieren tenerla, pero esa ambigüedad expansiva hace que venga una proyección universalizadora en cuanto a quienes pueden ser sujetos de esta ley”, apunta.
Además, advierte que la ley resulta “inaplicable” —tal como está propuesta—, por lo cual se deja entrever que esta será aplicada de forma selectiva.
El abogado también critica que la iniciativa violenta el contenido esencial de derechos fundamentales como “los derechos de asociación de políticas partidarias y no partidarias que se ven fuertemente menoscabados”.
Álvarez valora también que la iniciativa del régimen de Ortega viene a afectar desde ahora, en caso de ser aprobada, “el tema de los posibles candidatos que va a haber en las elecciones, si es que hay elecciones y si es que se participa en ellas dependiendo de las condiciones que pudieran constituirse”.
El abogado coincide en que el presidente Daniel Ortega está preparando el terreno para las elecciones de 2021, pues tendrá la potestad —desde la ley propuesta— de excluir a quienes deseen ser candidatos en los comicios.
“Lo que quiere Ortega —me parece a mí— entre otras cosas… es ver con quién va y con quién no va a la contienda electoral”, afirma.
Ortega busca evadir fiscalización de la OEA
Álvarez valora que parte de los motivos que impulsan a Ortega a proponer la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, son porque busca ser expulsado o sancionado por el artículo 21 de la Carta Democrática en la Organización de Estados Americanos (OEA), para evitar ser fiscalizado por este organismo durante las próximas elecciones de 2021.
“Puede estar pensando en la conveniencia en que se le aplique el artículo 21 de la Carta Democrática ahora en la Asamblea General de la OEA, yo siento que él cree que el organismo no debe observar las elecciones de 2021.... Él (Ortega) realmente no quiere que la OEA haga presencia en Nicaragua”, asegura.
Ante ese contexto, Álvarez considera que la OEA no debería expulsar a Nicaragua antes de las elecciones, pues su presencia en los comicios permitiría —en caso que se dé un fraude y no haya las condiciones— que las elecciones y el Gobierno de Ortega sean desconocidos.
Hay que interponer recursos
El experto en Derecho Constitucional apunta que los ciudadanos todavía tienen posibilidades para “enfrentar” la iniciativa de Ortega desde “instrumentos jurisdiccionales”, recurriendo por “inconstitucionalidad” ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Álvarez recomendó además a los extranjeros que recurran, pero a través de un recurso de amparo, exponiendo esta ley como “una amenaza de violación de todos sus derechos, menos los políticos porque esos no los tienen”.
El abogado rescata que, aunque “sabemos que el Poder Judicial está sometido al régimen Ortega Murillo”, es “fundamental” recurrir contra la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros para agotar los recursos internos y poder llevar el precedente ante la Comisión Interamericana.
“Cuando se apruebe (la ley), si es que lo hacen, inmediatamente se debe proceder a impugnar utilizando los medios jurídicos y esperar que los órganos judiciales se pronuncien… Hay que cumplir los procedimientos porque esto nos va a servir de precedente a los nicaragüenses”, recomienda.
Advertencias internacionales
La iniciativa de Ortega ha sido ampliamente criticada en la última semana. Organizaciones y organismos internacionales le han advertido al régimen Ortega-Murillo de las faltas en las que incurre al aprobar dicha legislación. La Unión Europea (UE), a través de una carta firmada por 21 eurodiputados, reaccionó con preocupación ante este nuevo intento del régimen de Daniel Ortega por eliminar a la oposición en las futuras elecciones de 2021.
“Esperamos que recapaciten y le exhortamos a usted, señor presidente de la República, a que no aprueben la ley propuesta”, señala parte de la misiva enviada por los parlamentarios europeos.
La Plataforma Nicaragüense de Redes de ONG, integrada por más de cien organizaciones, calificó la iniciativa como “aberrante” y llamó a la ciudadanía nicaragüense y a la comunidad internacional “a exigir sea archivada por ser inconsulta, con politizada fundamentación, y por sobre todo, por pretender ser un arma más de un Estado policial contra la sociedad civil”.
A su vez, organizaciones nacionales defensoras de derechos humanos han calificado y criticado la iniciativa del Frente Sandinista señalando como violatoria del derecho a la identidad, derechos políticos, derecho de presunción de inocencia, derecho de asociación, de igualdad, de expresión y de propiedad. En esta línea, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) llamó al pueblo de Nicaragua a “no tener miedo, a fortalecer la lucha y las acciones concretas para impedir la aprobación de esta aberrante iniciativa”.
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