16 de junio 2021
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La iniciativa de Ley Renacer —que amplía los motivos para sancionar a funcionarios del régimen orteguista— avanza en el Senado de Estados Unidos. Está previsto que el próximo martes 22 de junio sea discutida y aprobada por los senadores del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta estadounidense.
Según la agenda de ese Comité, el proyecto Ley Renacer será el segundo punto del día. Además, indica que la iniciativa contiene una enmienda, de la que no existe una información oficial, pero fuentes estadounidenses han dicho a medios nicaragüenses que se trata de una reforma relacionada con la suspensión de Nicaragua del acuerdo comercial “DR-Cafta”, entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana.
El proyecto legislativo —titulado Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral— fue presentado en marzo pasado de manera bipartidista en el Senado. La iniciativa ha sido liderada por el senador demócrata Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores, y cuenta con el apoyo del republicano Marco Rubio, senador por Florida, y los demócratas Tim Kaine, Dick Durbin, Ben Cardin y Chris Murphy.
Tras su previsible aprobación en el Comité, el proyecto de ley será enviado al pleno del Senado, donde será sometida a otra votación. Para esta, sin embargo, aún no hay fecha establecida, según Harold Rocha, experto en Derecho Internacional.
A la par, la propuesta tendrá que recorrer otro camino en la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, donde fue introducida en abril pasado, también de manera bipartidista de demócratas y republicanos.
Rocha explicó que, dentro del Congreso, la Ley Renacer está en el subcomité del Hemisferio Occidental, que debe aprobarla y enviarla al Comité de Asuntos Exteriores, que igualmente tendrá que avalarla y remitirla al pleno de la Cámara de Representantes, donde enfrentará una última votación.
Una vez aprobada por los plenos del Senado y la Cámara de Representantes, la iniciativa de ley será enviada a la Casa Blanca para que sea firmada por el presidente Joe Biden, y así entre en vigencia.
Las sanciones de la Ley Renacer
En uno de sus puntos, la Ley Renacer establece que serán sujetos a sanciones económicas las “personas extranjeras que obstruyan directa o indirectamente el establecimiento de las condiciones necesarias para la realización de elecciones libres, justas y transparentes en Nicaragua”.
El documento detalla que los posibles sancionados incluyen a funcionarios del Gobierno y familiares de Ortega; miembros de la Policía Nacional, el Ejército Nacional, y del Consejo Supremo Electoral (CSE). Así como “miembros del partido y funcionarios electos del Frente Sandinista de Liberación Nacional y sus familiares”.
La propuesta menciona además a “personas o entidades afiliadas a empresas involucradas en transacciones financieras corruptas acciones con funcionarios del Gobierno del presidente Daniel Ortega, su partido o su familia”.
Desde 2018, el Gobierno de EE. UU. ha sancionado a una treintena de funcionarios orteguistas, señalados de actos de corrupción y violaciones contra los derechos humanos de los nicaragüenses. Entre ellos hay ministros, diputados, jefes militares y miembros de la familia presidencial: la vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo, y sus hijos Rafael, Laureano, Camila y Juan Carlos Ortega Murillo. La lista además incluye a nueve instituciones públicas o entidades mixtas, entre ellas la Policía Nacional.
El proyecto de ley propone que la Administración de Biden haga “gestiones diplomáticas” con los Gobiernos de Canadá, la Unión Europea (UE) y países de Latinoamérica y el Caribe “para imponer sanciones selectivas” contra los ciudadanos que obstruyan las elecciones nicaragüenses.
Entre 2019 y 2020, Canadá, la Unión Europea y Suiza han seguido los pasos de Estados Unidos, al sancionar a algunos funcionarios del régimen, acusados de corrupción y violaciones contra los derechos humanos.
Apoyo a resolución de la OEA
En un comunicado, el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, expresó su apoyo a una resolución aprobada por 26 países del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), que condena el encarcelamiento de dirigentes opositores y solicita “la inmediata liberación de los precandidatos presidenciales y de todos los presos políticos”.
The Nicaraguan people deserve free and fair elections. I welcome yesterday's @OAS_official vote, which unequivocally condemns Ortega and Murillo’s actions and upholds our shared commitment to democracy and human rights under the Inter-American Democratic Charter.
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) June 16, 2021
En las últimas semanas, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha encarcelado a cuatro precandidatos presidenciales —Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga— y a nueve dirigentes de la oposición: José Adán Aguerri, Violeta Granera, José Pallais, Támara Dávila, Ana Margarita Vijil, Dora María Téllez, Suyén Barahona, Hugo Torres y Víctor Hugo Tinoco. A ellos se suman Marco Fletes y Walter Gómez, extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh), investigada por la Fiscalía por el supuesto delito de lavado de dinero. La noche de este 15 de junio también fue detenido el presidente ejecutivo del Banpro, Luis Rivas Anduray.
“Los Estados Unidos apoya firmemente el llamamiento del Consejo Permanente de la OEA al presidente Ortega para que adopte urgentemente medidas para restablecer el pleno respeto de los derechos humanos y crear las condiciones para la celebración de unas elecciones libres y justas”, señaló el jefe de la diplomacia estadounidense.
“A través de la votación de ayer, los miembros de la OEA dejaron claro que, teniendo en cuenta nuestros compromisos comunes en pro de la democracia y los derechos humanos, en este hemisferio no hay lugar para las acciones de Ortega y Murillo”, agregó Blinken.
“Es hora de que el régimen de Ortega y Murillo cambie de rumbo, respete tanto su propia Constitución como los compromisos asumidos en virtud de la Carta Democrática Interamericana, y permita que el pueblo de Nicaragua ejerza plenamente sus derechos, incluido el derecho a elegir a sus dirigentes en elecciones libres y justas”, afirmó el secretario de Estado.
