12 de diciembre 2018
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El comandante Daniel Ortega y Rosario Murillo guardaron silencio tras la aprobación de la Nica Act por una decisión bipartidista del Congreso de Estados Unidos. La noche de este martes, horas después de que se conoció que la iniciativa de ley promovida por la congresista Ileana Ros-Lehtinen solo necesita la firma de Donald Trump para entrar en vigor, la pareja presidencial presidió una graduación de cadetes del Ejército de Nicaragua y no dijeron nada al respecto, pese a que esta normativa supone un duro golpe político y económico para su régimen.
“Es un golpe devastador”, catalogó Norman Caldera, excanciller de la República. Para Caldera, la Nica Act resulta tan nociva para el régimen de El Carmen porque hay un efecto combinado con la Orden Ejecutiva del presidente Trump que sancionó a la vicepresidenta Rosario Murillo, y a esto se agrega la reunión que este miércoles sostendrá el Grupo de Trabajo del Consejo Permanente para Nicaragua de la Organización de Estados Americanos (OEA), que le da seguimiento a la crisis sociopolítica.
“Difícilmente se puede seguir recibiendo mas presión. Esta es una olla de presión a la que no solo le estás aumentando el calor, sino que la presión todos lados”, graficó Caldera.
Pese a la presión en su contra, Ortega mantuvo su habitual tono antimperialista en la graduación militar, pero no se atrevió a criticar o referirse a la aprobación del Nica Act. De la misma forma, el caudillo sandinista ha evitado referirse de manera taxativa a la penalización individual impuesta a Murillo, a través de una Orden Ejecutiva de Donald Trump el 27 de noviembre pasado.
En cambio, la Nica Act fusionada con las enmiendas de los senadores Ted Cruz, Bob Menéndez y Marco Rubio establece no solo el condicionamiento de préstamos para Nicaragua en organismos multilaterales, sino que impondrá sanciones a funcionarios y exfuncionarios del régimen Ortega Murillo involucrados en violaciones a los derechos humanos, actos de corrupción, socavamiento de las instituciones democráticas, expropiación de bienes públicos o privados, y arresto o enjuiciamiento de ciudadanos de forma ilegal.
La nueva ley se agrega a la Orden Ejecutiva, descrita por Caldera como una acción que “amplía el círculo para incluir a ciudadanos, empresas norteamericanas, a los residentes en Estados Unidos que antes no estaban en las sanciones anteriores. Amplía, también, la definición de las personas sancionables para incluir a los cómplices”, explicó.
Amplía la definición de cómplices
Daniel Ortega y Rosario Murillo con el general de Ejército, Julio César Avilés, en la XXIII Graduación del Centro Superior de Estudios Militares “General José Dolores Estrada”, este 11 de diciembre. Foto: Presidencia
El excanciller sostuvo que los “cómplices” de los que habla la Nica Act (también llamada Magnitsky Nica) son aquellos que prestan testimonios falsos en los juicios contra ciudadanos querellados por terrorismo, crimen organizado, asesinatos, entre otros delitos para criminalizar su participación en las protestas contra la dictadura. “También son cómplices jueces y otros que aplican la ley incorrectamente”, advirtió.
La Nica Act conmina a que, en un plazo de 180 días posterior a su aprobación, el Secretario de Estado presente a los comités del Congreso correspondientes un informe sobre la participación de altos funcionarios del Gobierno de Nicaragua en violaciones de derechos humanos, actos de corrupción significativa y lavado de dinero. Abarca a miembros del Consejo Supremo Electoral, la Asamblea Nacional y el sistema judicial. Además, advierte a “personas que transfieren, o facilitan la transferencia de bienes o tecnologías para uso en o con respecto a Nicaragua, que son utilizados por el Gobierno de Nicaragua para cometer violaciones graves de los derechos humanos contra el pueblo de Nicaragua”.
¿Ejército cómplice?
Roberto Cajina, experto en defensa y seguridad nacional, explicó en el programa televisivo Esta Noche que la aprobación de la Orden Ejecutiva firmada por el presidente Trump, y la aprobación de la “Magnitsky Nica” en el Congreso, deben ser leídas por la comandancia del Ejército de forma abierta y no entre líneas, pues ambas disposiciones se refieren a los cómplices silenciosos del régimen y el Ejército “ha sido un cómplice del Gobierno”.
“Tienen que medir hasta qué momento van a llegar al borde del abismo en el camino en que el régimen Ortega-Murillo está llevando a Nicaragua. El Ejército tiene una cantidad de recursos que perder”, indicó el experto.
El Ejército de Nicaragua tiene inversiones a través de distintas compañías en la Bolsa de Valores de Estados Unidos, de las que dependen (parcialmente) los fondos para las pensiones de los oficiales retirados y activos. El impacto político y económico de un congelamiento o suspensión a esas compañías supondría “una crisis”.
“El impacto que tendría el congelamiento de esos fondos de pensión que están en estas empresas en Estados Unidos va a generar una crisis con los pensionados, a los que no les va a pagar pensión”, comentó. “Si el Ejército no logra entender la lógica de hasta dónde van las sanciones y el rumbo por el que va el país creo que sería un suicidio del Ejército”, advirtió Cajina.
El experto en defensa y seguridad nacional manifestó que, si bien el Ejército puede ser un actor político en la crisis sociopolítica, pero no puede resolver la crisis, pues esta es política y no militar. “De eso están claro ellos”, reiteró.
Sin embargo, la noche de este martes el General de Ejército, Julio César Avilés, volvió a comprometer la independencia institucional al asistir a un acto signado por la bandera roja y negra.
Sanciones no están diseñadas para ser permanentes
La Nica Act mandata al Secretario de Estado presentar, 180 días después de aprobada la ley, informes a los comités legislativos para ver si está surtiendo efecto. Luego ese proceso de revisión se hará de forma anual. Sin embargo, la ley todavía le deja una puerta semiabierta al Gobierno Ortega-Murillo: “Si el Secretario certifica a los comités del Congreso correspondientes bajo que el Gobierno de Nicaragua está tomando medidas efectivas, el Presidente puede renunciar a la aplicación de las restricciones y las sanciones por un período de no más de un año a partir de la fecha de la certificación”.
El excanciller Caldera resaltó que las sanciones que implican la Nica Act no están diseñadas para ser permanentes, sino “para cambiar comportamiento” del régimen Ortega-Murillo para la crisis y la democracia.
“Si las personas que están señaladas o designadas contribuyen al restablecimiento de la democracia contribuyen al respeto de los derechos humanos, esas sanciones pueden ser levantadas”, apuntó Caldera.
La aplicación de la Nica Act traería severas consecuencias para financiar el programa de inversión pública del gobierno y afectará a la economía nacional, ya que los prestamos en instituciones financieras internacionales, tales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), estarán condicionados.
“La Nica Act se encarga de detener los nuevos prestamos. Hay algunas personas que se pueden poner a pensar qué pasa con el Banco Centroamericano de Integración Económica, ya que Estados Unidos tiene influencia como para pensar que puede con la misma facilidad detener desembolsos. Sin embargo, los fondos del BCIE no son concesionales”, explicó Caldera.
Según el excanciller esos fondos concesionales necesitan ser mezclados con donaciones, que cada vez más escasean. “Va a ser muy difícil que tengan concesiones para reducir las tasas de interés del BCIE a niveles que puedan tener la concesionalidad necesaria para Nicaragua”, aseguró Caldera.
Efectos de sanciones
Este martes se conoció que dos importantes bancos estadounidenses, Wells Fargo y Bank of America, notificaron a algunos bancos nacionales el cese de sus corresponsalías, como resultado del incremento del riesgo país que se agrava con las sanciones norteamericanas.
“Esos bancos están viendo negocios menores con un riesgo alto por lo tanto la decisión es clara”, dijo Caldera. “Tengo esperanza que los bancos nicas, que están bien asesorados sobre lo qué significan estas sanciones, logren convencer a esos bancos (norteamericanos) que sus programas de cumplimiento son totalmente fuertes para que esas decisiones, si ya están anunciadas, no se pongan en efecto” recomendó.
A nivel político, la Nica Act condiciona la solución del conflicto al adelanto de elecciones con observación electoral creíble. Mientras que a nivel de derechos humanos, exige el cese de la represión policial y paramilitar, la investigación de los asesinatos cometidos desde abril, cuando estallaron las protestas contra el régimen Ortega-Murillo. Sin embargo, la ley argumenta que todo eso no ha sido posible debido a que el gobierno Ortega Murillo “no ha podido participar de manera creíble en el proceso”.
