Política

“Ley mordaza”: Un gesto “desesperado” del Gobierno ante el fracaso de su censura

Iniciativas paralizarían inversión y agudizarían “quiebra de empresas” y “pobreza”, según Cosep; abogada sostiene: son inconstitucionales

Los recientes movimientos legislativos del régimen por controlar la actividad en internet demuestran que el orteguismo está “desesperado” porque no ha “logrado silenciar a los medios de comunicación, ni que los periodistas retrocedan”, sostiene el escritor y catedrático de Comunicación, Guillermo Rothschuh Villanueva.

En una entrevista en el programa Esta Noche —que se transmite en las plataformas YouTube y Facebook, por la censura televisiva del régimen—, Rothschuh señaló que al examinar el comportamiento del presidente Daniel Ortega, en sus 13 años de Gobierno, y compararlo con lo ocurrido en los últimos meses, “nos damos cuenta que ha habido una intensificación de las acciones gubernamentales”.

En su discurso del 15 de septiembre, Día de la Independencia de Centroamérica, Ortega anunció que se trabajaría para aprobar la cadena perpetua para castigar “los crímenes de odio”. Una semana después, los diputados oficialistas presentaron ante la Asamblea Nacional un anteproyecto de “Ley de Regulación de Agentes Extranjeros”, que según juristas y expertos constitucionalistas creará dos categorías de nicaragüenses: los “verdaderos”, según la definición del régimen Ortega – Murillo, y los “agentes extranjeros”.

Esta semana, los mismos legisladores introdujeron una iniciativa de “Ley Especial de Ciberdelitos”, que establece penas de cárcel para los ciudadanos que, desde su óptica, propaguen noticias falsas. El anteproyecto, que atenta contra las libertades públicas, ha sido calificado como una “ley mordaza” por expertos.

Rothschuh afirmó que el régimen “juega” a cartas que “consideran sumamente intimidatorias”, y subrayó que la dictadura entrará “en un terreno pantanoso al pretender definir qué es falso y qué es verdadero. Eso es sumamente peligroso porque estamos entrando a una etapa donde el Gobierno quiere erigirse juez absoluto de lo que es verdad y lo que es mentira en Nicaragua”.

Protestas seguirán: nicaragüenses no van a callar

En su artículo 30, la propuesta de legislación ordena una pena de dos a cuatro años de prisión, para “quien, usando las tecnologías de la información y la comunicación, publique o difunda información falsa y/o tergiversada, que produzca alarma, temor, zozobra en la población, o a un grupo o sector de ella, a una persona o a su familia”.

El mismo artículo detalla que en los casos que la noticia falsa perjudique “el honor, prestigio o reputación de una persona o a su familia, se le impondrá una pena de uno a tres años de prisión”.

Añade que, si dicha información falsa “incita al odio y a la violencia, pone en peligro la estabilidad económica, el orden público, la salud pública o la seguridad soberana, se le impondrá pena de tres a cinco años de prisión”.

“Tenemos que darnos cuenta que esta ley es eminentemente intimidatoria, lo que persigue es el silencio”, sentenció el comunicólogo, quien destacó: “A través de las redes sociales, que es donde se libra la batalla por la democratización en Nicaragua, la ciudadanía va a encontrar las maneras de seguir manifestándose”.

“Siempre habrá rendijas y coladeras que los nicaragüenses van a encontrar para seguir asentando sus posiciones, reclamando al Gobierno por los presos políticos, demandando una verdadera y auténtica separación de poderes del Estado, una administración de la justicia”, dijo el exdecano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Centroamericana (UCA).

Guillermo Rothschuh
Guillermo Rothschuh Villanueva, comunicólogo y escritor. // Foto: Archivo | Carlos Herrera | Confidencial

Filtraciones también seguirán

En su anteproyecto de ley, el régimen intenta frenar la filtración de documentos o información de los ministerios e instituciones públicas. La iniciativa establece, en sus artículos 4 y 5, condenas de uno a cuatro años para quienes usen los sistemas informáticos para obtener información de “instituciones públicas, privadas o mixtas que prestan un servicio público; bancos, aseguradoras y demás instituciones financieras y bursátiles”.

En el artículo 25 se establecen sanciones y condenas de cinco a ocho años de cárcel para quienes “sin autorización o excediendo la que se le hubiere concedido, transfiera información pública clasificada como reservada, de conformidad con la ley de la materia y que mediante el uso de esa información vulnere un sistema o datos informáticos o se pusiere en peligro la seguridad soberana del Estado”.

“Aquí se trata de poner una tranca para tratar de evitar que esto ocurra (filtraciones), a la postre es difícil que esto se dé. Históricamente las filtraciones han existido, dentro y fuera de Nicaragua, y van a continuar existiendo”, aseguró Rothschuh.

“A veces los políticos —prosiguió— tienden a autoengañarse y creen que tensando el ordenamiento jurídico e imponiendo sanciones pueden provocar amedrentamiento, creen que van hacer retroceder al periodismo nicaragüense. Eso ya no va ocurrir”.

Especialista: Recurrir por inconstitucionalidad

También en una entrevista con Esta Noche, la catedrática de Derecho Penal, María Asunción Moreno, explicó que, de concretarse la aprobación de la Ley Especial de Ciberdelitos y la instauración de la cadena perpetua, los ciudadanos deberán de “recurrir por inconstitucionalidad”, por la forma en que se quiere establecer como delito el tema de las noticias falsas y los crímenes de odio.

“El camino hacia la democracia y hacia el Estado de derecho lo debemos de iniciar interponiendo un recurso por inconstitucionalidad, y después, posteriormente ir ante el sistema (de justicia) interamericano”, mencionó la experta, que recientemente fue integrada a la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, por el sector académico.

La Junta Directiva de la Asamblea Nacional envió este miércoles el anteproyecto legislativo a tres comisiones parlamentarias: la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos; de Educación, Cultura, Deportes y Medios de Comunicación Social; y a la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos.

El titular del Parlamento, el oficialista Gustavo Porras, dijo en el pleno que la Comisión de Justicia será la encargada de presentar el dictamen de esa iniciativa, que será discutido en el plenario en una fecha aún no precisada.

Usar Derecho Penal

Moreno detalló que con la iniciativa oficialista se pretende “utilizar” el Derecho Penal “para callar, coartar la palabra, quitar la libertad de expresión, y limitar el ejercicio al derecho a la información”.

El proyecto de ley establece condenas que van desde los dos hasta los diez años de cárcel, las que —según la iniciativa— “si hay condiciones agravantes pueden aumentarse hasta un tercio de la pena; acompañada de penas accesorias de entre 200 y 600 días multas”.

María Asunción Moreno
María Asunción Moreno, abogada experta en Derecho Penal. // Foto: Tomada de LaLupa.press

“Se trata de una regulación que pretende atacar las libertades, promover la intolerancia, y limitar la libertad de consciencia. Evidentemente se trata de una ley que tiene un sesgo hacia la población”, sostuvo la catedrática.

Para Moreno, Nicaragua ya cuenta con una “Ley de Protección de Datos Personales”, que ya incluye algunos de los delitos que se condenan en la iniciativa sandinista.

“Muchos de los delitos que aquí se están regulando van dirigidos a proteger la privacidad de las personas, y aquí no se ha aplicado esa ley (de Protección de Datos”, apostilló.

Recordó que igualmente exista una “Ley de Información Pública”, que establece “qué es información pública, qué es información reservada, y evidentemente no se trata de una interpretación antojadiza de la ley”.

Temores del Cosep

El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada de Nicaragua (Cosep), Michael Healy, criticó el proyecto Ley Especial de Ciberdelitos y afirmó que este tipo de normas pueden “parar la inversión” y agudizar la “quiebra de empresas” y la “pobreza”.

“Hoy por estar mandando un chat o un (mensaje en) WhatsApp podés caer hasta preso (…). Este tipo de leyes no se deberían estar dando este país”, dijo Healy en una teleconferencia de prensa.

Michael Healy
Michael Healy, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep). // Foto: Archivo | Carlos Herrera | Confidencial

Para el empresario, esa propuesta, más el proyecto de “Ley de Regulación de Agentes Extranjeros” causará que los inversionistas abandonen el país. “Van a terminar yéndose de este país y parar la inversión. Esto viene a agudizar el quiebre de empresas, el empleo… más pobreza”.

Este miércoles el Cosep también emitió un comunicado en el que definió la Ley Especial de Ciberdelitos como parte de la “retórica” del Gobierno, para “justificar la instrumentalización de los poderes del Estado para implementar mecanismos de control y represión contra los ciudadanos y los movimientos sociales y políticos de oposición”, con el fin de “regular todos los medios de información electrónicos”.

La misma “deja en evidencia nuevamente su verdadero objetivo político partidario (del Gobierno), de acallar y reprimir a quienes se le oponen cívicamente”, alertó el Cosep.

“Esta ley está dirigida prácticamente” ante “los cambios que estamos pidiendo los nicaragüenses en las reformas electorales, los acuerdos firmados en 2019 (para que el Gobierno respetara la Constitución, así como los derechos humanos), y buscar una solución a la crisis sociopolítica, socioeconómica y sociopandémica, que estamos viviendo”, consideró Healy.

*Con información de la Agencia Efe.



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