Política

Las razones de los empleados públicos que se fueron: “Dolieron los asesinatos”

“Rubén”, “María” y “Nathan” cuentan porqué se exiliaron y opinan sobre restricciones migratorias del FSLN, que alcanzan a sus operadores y familias

“Rubén” estudió Medicina y se especializó en Cuba. Esa experiencia le permitió rozarse con militantes del partido sandinista atraídos por el embrujo que significaba Fidel Castro para ellos, llamando revolución a la dictadura más longeva del continente. Por eso, el apego ideológico a la izquierda no fue extraño en la vida del médico. Después de todo, desde niño sus abuelos también le enseñaron que debía votar por Daniel Ortega. Sin embargo, en abril de 2018, cuando cerca de su casa arrastraron en las calles los primeros cadáveres de jóvenes opositores asesinados en Estelí, al norte de Nicaragua, en él nació una inconformidad que se volvió irreversible cuando se extendió la masacre orteguista, que dejó más de 355 muertos.

A “Rubén”, su actitud lo puso en el ojo de los grupos de paramilitares liderados por Pedro “El Hondureño”, un exmayor del Ejército que dirigió la toma de esta ciudad en 1993, cuando Nicaragua no acababa de pacificarse tras los diez años convulsos del primer gobierno sandinista. Sabían todo de su vida, había sido objeto de espionaje: dónde trabajaba, con quién se relacionaba, quiénes eran sus familiares.

Pese al riesgo obvio que representaba esa información en manos equivocadas, “Rubén” siempre se mantuvo en protesta. Cuando lo obligaban a asistir a contramarchas organizadas por el oficialismo —como a miles de empleados públicos— para intentar rebatir el efecto de las multitudinarias concentraciones, agarraba dos banderas azul y blanco y las ponía en su carro. 

La bandera de Nicaragua era su símbolo de resistencia, que más adelante se convirtió en signo subversivo para la dictadura, que llegó a encarcelar hasta a los comerciantes que las vendían.

En medio de la llamada “Rebelión de Abril”, “Rubén” salvó pacientes y rescató a otro, prácticamente robándolo de un centro de atención hospitalaria para entregarlo a sus familiares, con lo que desafió a nivel interno a los médicos leales a Ortega, afiliados al sindicato blanco FETSALUD, que negaban la atención a los ciudadanos y opositores heridos en las protestas. 

Fueron momentos duros. Varios familiares buscaban a “Rubén” para implorarle que les ayudara con sus parientes en el centro médico de Estelí, y luego el régimen también se enfocó en reprimir a los médicos como él, que atendían sin distinción política. Según el organismo Human Rights Watch (HRW), 135 doctores y trabajadores de Salud de varios hospitales fueron despedidos como represalia hasta agosto de 2018.

Convertido en un objetivo del orteguismo, decidió que debía irse de Nicaragua, para resguardar su integridad. 

El detonante de su salida fue una llamada. Hizo caso a un amigo que le dijo que debía marcharse y en menos de veinticuatro horas se movió hasta la frontera con Honduras sin otro plan más que respirar otro aire.

Tres años después, más de 355 asesinados y 2000 heridos registrados como víctimas de la represión por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y con un país preso de la impunidad, “Rubén” dice, desde Estados Unidos, que las restricciones migratorias del orteguismo, que sin justificaciones impiden salir a ciudadanos, empresarios, extrabajadores del Estado y servidores públicos activos, ya eran un hecho desde 2018, aunque entonces solo estaban dirigidos a ciertos opositores. Hay un “miedo creíble a la fuga de información”, estima.

“En Venezuela se comenzaron a fugar coroneles, ministros, altos personajes, que dieron toda la información. Las sanciones fueron tan duras que a (Nicolás) Maduro se le ha bloqueado casi todo. Si a Daniel (Ortega) se le fuga toda su información le bloquean todas sus cuentas. El único daño que le importa es económico y eso es lo que están cuidando”, valora “Rubén”.

Prohibición de hablar a funcionarios

El médico asegura conocer personalmente situaciones de legisladores a quienes el propio presidente de la Asamblea, Gustavo Porras, uno de los principales operadores de Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, amenazó directamente con que cuidaran qué decían. 

En noviembre de 2018, la economista Ligia Gómez, exfuncionaria del Banco Central de Nicaragua y exsecretaria política del FSLN en la institución, reveló las órdenes emitidas desde la Vicepresidencia para atacar a los manifestantes que demandaban el cese de la represión y la renuncia de Ortega.

“Las órdenes que recibimos de Fidel Moreno en la reunión que hubo al día siguiente fue: Vamos con todo.  No vamos a dejar que nos roben la revolución. Aquí no hay nada que discutir, nada que decir, hay que cumplir”, dijo entonces Gómez, en una entrevista con el periodista Carlos F. Chamorro, en el programa Esta Semana.

En los años ochenta, el primer gobierno sandinista tuvo desertores famosos como Edén Pastora, que dirigió la toma del Palacio Nacional en 1978 y luego se fue a combatir con la Contra desde Costa Rica, para volver luego con Ortega y morir como uno de sus aliados. Otro caso famoso fue el del comandante Róger Miranda, a quien el entonces jefe del Ejército, Humberto Ortega, hermano del presidente, acusó de dejarse prostituir por Estados Unidos, luego que se llevó varios secretos militares.

A partir de 2018, varios empleados públicos —de distintos niveles— han tenido que convivir bajo las reglas de la violencia política impuesta por el Ejecutivo: un sistema de justicia controlado a todos sus niveles por el partido, que encarcela a decenas de ciudadanos, opositores, líderes cívicos, políticos y empresariales, y consolida un estado policial de facto que conculca las libertades ciudadanas.

“Obviamente no toda la gente, por debajo, estaba conforme. Mucha gente por miedo, no habla”, explica “Rubén”. En las semanas previas al 7 de noviembre, empleados públicos reportaron que fueron víctimas de presiones de parte del Estado para que votaran por Ortega.

Ese ambiente de tensión se intensificó en el contexto electoral, pero tiene años de formar parte de la vida de los empleados públicos en cualquier parte del país. En Matagalpa, un departamento vecino al Estelí del doctor “Rubén”, los tribunales de justicia estaban integrados por algunas personas religiosas, que luego se consagraron a defender a Ortega.

“Había mujeres dentro del Poder Judicial que solían andar invitando a retiros. Todo eso lo dejaron al lado por el fanatismo. A mí me dolieron los asesinatos. Eso fue lo que nos partió el alma y nos volcamos a las calles al ver tanta crueldad”, dice “María”, una exfuncionaria despedida en 2019.

La violencia política: jueces paramilitares

“María” trabajó en ese poder del Estado en Matagalpa durante seis años. La miraban siempre como una subversiva. De hecho, en su bolso solía portar dos banderas de Nicaragua, listas para sacarlas cuando fuera posible. 

Ahí conoció el respaldo del aparato judicial al caudillo, el mismo que denunció el exmagistrado Rafael Solís cuando se exilió en Costa Rica, inconforme con un sistema que definió como “una monarquía absoluta de dos reyes”, refiriéndose a Ortega y Murillo.

“En el Poder Judicial se sabía de jueces que dirigían a paramilitares, que viajaban a Jinotega para operar contra ciudadanos. Había judiciales que uno tenía una buena imagen de ellos, pero luego se vieron obligados a demostrar su fidelidad al partido. Era una violencia inusitada. A mí, por ejemplo, se me acercaban a mis espaldas y oía todo tipo de amenazas de gente que nunca imaginé que fuese violenta”, cuenta “María”.

Uno de los casos más notables de un juez, ascendido por su posición como paramilitar, es el de Otoniel Aráuz Tórrez, quien fue juez suplente en San Ramón, una comunidad matagalpina, y fue denunciado por disparar contra un grupo de manifestantes.

Las últimas horas de “María”, como empleada en el Poder Judicial, fueron precedidas por sus cuestionamientos en las redes sociales, de los que fue informado el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia Marvin Aguilar, la persona que dirige al partido de gobierno dentro de la institución y a quien Estados Unidos sancionó por ser parte de esa estructura de represión.

Para “María”, las recientes restricciones migratorias a funcionarios cercanos al régimen demuestran que están “muertos de miedo”, porque hay falta de lealtad a lo interno del orteguismo, que ha empezado a sentir el impacto de las sanciones de la comunidad internacional antes las violaciones de derechos humanos. “María” insiste que deben estar consternados a nivel interno del FSLN, porque están siendo perjudicados por los actos de sus líderes y es previsible que habrá más descontento.

“Muchos de nuestros perseguidores en el complejo judicial, férreos sandinistas que se dedicaban a la creación de memes en contra de los funcionarios del Poder Judicial que apoyábamos las marchas, sabemos que algunos de ellos ya están aquí en Estados Unidos”, denunció sin especificar nombres.

Rehenes del partido en el poder

Tanto “Rubén” como “María” coinciden en sus testimonios que la mayoría de personas del sector público se mantienen con el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) porque son rehenes del partido del poder, aunque existan algunos —cada vez son menos— que creen en el Ejecutivo por un asunto de nostalgia de los años de la revolución. Otros, por mantener su trabajo o simplemente por puro interés de conseguir o conservar un beneficio.

Durante años, “Nathan” trabajó por conveniencia en el área de digesto jurídico de la Asamblea Nacional. Ahí conoció de primera mano los chantajes realizados por Porras a trabajadores del Estado, a quienes amenazaba para que desistieran de demandas contra este poder del Estado. Él se exilió en 2020, un año después de que descubrieran que acompañó las protestas de 2018.

Desconocidos incluso proporcionaron videos en los cuales apareció apoyando a los opositores. Lo mandaron a llamar. Primero lo democionaron y lo quisieron enviar a un rincón de este poder del Estado. Luego lo conminaron a renunciar. Siguieron las amenazas contra su integridad y la de su familia y entonces debió marcharse como miles de ciudadanos que optaron por el exilio.

“Nathan” malvendió sus haberes, y a diferencia de “Rubén” y “María”, se fue para Europa. “Nos llegaban a asediar, nos llamaban de números privados, nos decían hasta que iban a matar nuestro hijo. Nosotros para salir hicimos todo supersigiloso. Fuimos retenidos en el aeropuerto, pero nos dejaron salir en ese momento. Ahora por lo que veo eso es imposible… La pareja presidencial es una demente”, se desahoga.

Para “Nathan”, la accidentada historia de Nicaragua se puede resumir con esta idea: “El país no se derrumbó en 2018, lo hizo desde que se implementó como sistema la corrupción a todos los niveles, desde que se pactó entre políticos la posibilidad de elegir a un presidente, no con la mayoría de votos de la ciudadanía, sino con una minoría. Y, desde que se eliminó la figura constitucional de la no reelección, lo que significó la prolongación en el poder del que manda. Eso ha costado la sangre de miles de nicaragüenses en el pasado”.

“No podés salir del país”

“Mariela” recuerda que su jefa en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le dijo que no podía salir antes de las votaciones del pasado 7 de noviembre. 

“¿Cómo se te ocurre? No podemos perder tu voto y eso sería mal visto por los superiores”, recuerda que le dijo. 

La convenció que intentara viajar a Estados Unidos después de las votaciones. Sin embargo, días después le dijo: “No, no, no hay permisos para viajar a ningún lado, capaz te quitan el pasaporte en el aeropuerto”. 

Aunque ella cree que es una violación a su derecho a solicitar vacaciones, su jefa le insistió que “puede ser mal visto”. 

Para “Mariela”, las indicaciones que le dio su jefa son una clara advertencia “de algo que alguien le ha dicho”. 

“Sé que se está entrometiendo en mi vida privada, porque lo que yo haga en mis días libres no debería interferir en mi espacio laboral, pero tenemos confianza y me lo dice para evitar que me despidan, porque mi cargo es de confianza”, explica.

También dice que ha tenido información de que hay varios funcionarios, e incluso hijos de trabajadores del Estado, a quienes les han impedido salir del país. “No sabemos por qué —admite—, pero sabemos que tienen miedo de que nos vayamos a exiliar y eso demuestre el malestar, o que revelemos algún tipo de información del funcionamiento de instituciones sensibles”. 


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