4 de junio 2018
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El país no necesita descartar por completo la propuesta de calendario de reformas que trae al país la delegación técnica de la Organización de Estados Americanos (OEA). Basta con acelerar los tiempos, para que el país pueda celebrar elecciones justas, libres y transparentes”, tan pronto como diciembre o enero próximos.
Aunque el cronograma ha sido definido exclusivamente entre la OEA de Luis Almagro y el Gobierno de Daniel Ortega, los miembros de la Alianza –que son el nuevo actor político preponderante del país- no forman parte del acuerdo, lo que a juicio de Roberto Courtney, director ejecutivo de Ética y Transparencia, no es algo sin solución.
“El problema del cronograma y del acuerdo, no son sus contenidos: son sus tiempos”, dijo al ser entrevistado en el programa de televisión Esta Semana, que se transmite por Canal 12, recordando que Almagro dice “de ir a elecciones justas, libres y transparentes pronto”, pero propone un cronograma de tres años para lograrlo.
“La OEA tiene que escoger si mantiene ese plazo de tres años, que sería una farsa en este caso en que se necesita una salida rápida, o si se alinea con las palabras del secretario general cuando habla de elecciones justas, honestas, transparentes y pronto”, dijo Courtney.
“Lo que tenemos que hacer es acelerar el cronograma, que en sus contenidos no está mal. Su problema es que estaría a una velocidad como si estuviéramos en Suecia, en vez de estar en un país que está al borde de una guerra civil”, comparó.
Limpieza profunda
Además de definir –y acelerar- los tiempos, la ‘cura’ de nuestro podrido sistema electoral pasa por renovar a sus autoridades, tanto las de la cúpula, como a los técnicos que están en las regiones, departamentos y municipios.
“El primer problema que tiene nuestro sistema electoral es que el arbitraje es deficiente: está a cargo de un partido. Si le quitás eso, ya la Ley Electoral es otra, porque este árbitro estaba ignorando los principales candados que había para proteger la integridad y la transparencia de las elecciones, y con solo aplicarlos, como ya se aplicaban anteriormente, con esta misma ley, ya tenés elecciones aceptables”, explicó el experto.
Después de sustituir a todos los magistrados del Consejo Supremo Electoral (los siete titulares y los tres suplentes fueron escogidos de la lista del FSLN, y fueron elegidos con los votos del FSLN), con decanos y rectores de universidades prestigiosas, habrá que pasar a la siguiente fase: sustituir a los técnicos.
Hay que cambiarlos a todos: retirar a los técnicos que se necesite retirar, y contratar a los que se necesite contratar porque el problema no era el presidente. El presidente del CSE no es tan poderoso. Es el administrador –ya ni eso, según la última reforma- pero las decisiones son colectivas. Los fraudes solo ocurren si todos y cada uno de los magistrados ignora su obligación constitucional”, sentenció.
Justicia y democracia
El papel que logre negociar Ortega (desde maestro de ceremonias con control de todo, a simple tenedor y traspasador de la banda presidencial), estará en dependencia de que los resultados del acuerdo sean más justicia que democracia, o más democracia que justicia.
“En el tema de Justicia tampoco tenemos que usar eufemismos ni mantenernos en lo abstracto. Concretamente, Justicia significa que las personas que perpetraron los asesinatos vayan a la cárcel”, definió Courtney.
Explicó que en la medida en que Ortega no esté dispuesto a bajarse del poder y pagar él y su familia por todos los crímenes que se han cometido, más los robos y todo lo que esté pendiente, el tema de la democratización se convertirá en el gran tema del diálogo.
“¿Querés más democracia? Ortega te dará menos justicia, y en un diálogo, la vas a tener que platicar. O bien, ¿querés que me someta a la justicia?, te daré menos democracia para que no te sea posible ponerme en esas circunstancias”, vaticinó.
“Hay que reconocer que el Diálogo Nacional, más allá de los principios que se mencionan, en el fondo es un encuentro donde hay capacidad de hacer daño político al otro: si no la tenés esa capacidad, no hay diálogo”, reconoció.
En este caso, la presión popular es la fuerza que sustenta a la Alianza para poder negociar con Ortega. Antes, “la Alianza no tenía ninguna capacidad de hacerle daño, por lo tanto, no había diálogo, pero si esa capacidad de hacer daño está manifiesta en ese diálogo, se reducen las concesiones y lo que puede sacar una de las partes”, graficó.
Estudiantes universitarios: que se vaya
La salida del presidente Daniel Ortega y Rosario Murillo se vislumbra a través de una “reforma parcial a la Constitución Política y a la Ley Orgánica del Poder Legislativo”, que permitirá adelantar las elecciones en el menor tiempo posible, manifestaron los estudiantes Harley Morales y Valeska Valle, miembros de la Coalición Universitaria, durante una entrevista en el programa televisivo Esta Semana.
“A todos nos encantaría ver al presidente Ortega hoy mismo salir al poder, sin embargo, en el Diálogo Nacional, los obispos de la Conferencia Episcopal decían que debe existir una vía democrática constitucional. Ahorita ninguno de los dos bandos quiere ceder, por eso tenemos que llegar a ciertos híbridos. La reforma parcial es una opción entre varias”, expresó el universitario.
Sobre una posible renuncia de Ortega a la Presidencia, Morales explicó que eso dependerá de la capacidad que tenga el pueblo nicaragüense para ‘golpear la mesa’, en las calles y en el diálogo pata que cambie la correlación de fuerzas.
La demanda de elecciones anticipadas es un consenso entre todas las partes que conforman la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Morales afirmó que espera que este proceso no se realice dentro de 14 meses, sino lo antes posible, con todas las garantías necesarias y sin Daniel Ortega dentro del juego.
“No queremos un proceso largo, porque eso puede darle oportunidad a Ortega de oxigenarse y paliar su crisis interna. Tampoco cualquier opción de elecciones anticipadas, como la que propone la OEA, es tomada como opción”, afirmó Morales.
“Siempre dijimos ‘justicia y democracia’. Y sabemos que la justicia es el clamor principal, sin embargo, ¿cómo hacer justicia en un Estado cuyas instituciones están vaciadas de legitimidad y corruptas? El primer paso es refundar el Estado porque sabemos que no tiene pie ni cabeza. ¿Cómo vamos a investigar a los responsable de asesinatos, si no tenemos un sistema judicial creíble que vele por el pueblo y no por el régimen?”, cuestionó.
Por ello, asegura que “el primer paso es una transformación de los Poderes del Estado, para poder hacer justicia verdadera”.
Desobediencia civil y paro
Luego de una semana de agresiones para imponer el terror en una población desarmada (la del lunes en la UNI, el miércoles, en la marcha de las madres, y el sábado en Masaya), los estudiantes evidente que la represión se está imponiendo.
“Es difícil para nosotros aceptar esto, pero la represión no va a acabar hoy. Continuará, y necesitamos optar por medidas de presión y estrategias organizativas en las cuales podamos proteger la integridad física, protegernos lo más que podamos”, dijo Valeska Valle.
Un problema que es común para todos aquellos que participan de las marchas de protesta, o defienden una barricada, es que no están armados, mientras que sus agresores sí, por lo que “cualquier medida de protección estratégica será vital pero no definitiva, porque estamos indefensos ante el plomo”, añadió la joven representante estudiantil.
Harley Morales, también estudiante universitario, recuerda que “hubo un llamado de uno de los movimientos que está trabajando con una articulación de movimientos sociales que hacían llamado a paro nacional ciudadano, que invitaban a arreciar los tranques, pero también a conformar comités de autodefensa como en Masaya”.
“La forma en que la está haciendo Masaya, organizándose para hacer frente a los saqueos y la represión de los grupos de choque, son formas en que tenemos que comenzar a pensar cómo promover y pensar en gestionarlas”, analizó.
“La gente está actuando de manera autoconvocada, y cuando un régimen pierde legitimidad, lo único que le queda es la represión”, añadió.
Paro ciudadano o paro nacional
Aunque abundan los llamados a un paro nacional de inmediato, o a la desobediencia civil, los estudiantes llaman a pensarla bien antes de dar un paso que nadie descarta.
Valle detalló que “se está haciendo el llamado a que la gente empiece a protestar pacíficamente desde cada uno de sus espacios: en la casa, darse de baja del INSS; aplicar formas pacificas de desobediencia civil, que es un arma poderosa porque afecta directamente a la economía del gobierno, y a las instituciones públicas”.
“Organizándonos desde los pequeños espacios, es cómo vamos a poder llegar a la última instancia que sería un paro nacional, que podría darse si es estratégicamente bien planteado, porque no podemos improvisar con la frágil economía de las personas que venden diario para poder alimentarse. Hay gente dispuesta a soportarlo, pero no podemos tomar una decisión apresurada”, vaticinó.
Morales admitió que no hay una visión unánime dentro de la Alianza, acerca de la conveniencia y los tiempos para llamar a un paro nacional.
Los estudiantes, el empresariado y la sociedad civil que conforman la alianza tienen su propia visión de la realidad, y cómo puede llevar a cabo la lucha. “Ciertamente tenemos ciertas cuestiones en común pero también algunas diferencias”, explicó.
“Nosotros sabemos que el paro nacional es un clamor del pueblo en este momento y que hay otras formas de llevar a cabo un paro nacional ciudadano, que no necesariamente es un paro nacional del empresariado. Nosotros lo apoyamos y respaldamos esa expresión”, añadió.
“Lo que podemos hacer en la Alianza y como estudiantes, es presionar y tratar de dialogar con las personas de los otros sectores, para que tomen una posición más fuerte en relación con lo que el pueblo está exigiendo”, relató.
