Política

La relación FSLN-OEA: De la caída de Somoza a la nueva tiranía de Ortega

Un mes antes de la renuncia del dictador Anastasio Somoza Debayle, el organismo regional exigió su “reemplazo inmediato y definitivo”

Doce días después de la toma del Palacio Nacional de Managua —el 22 de agosto de 1978, a manos de un comando guerrillero de 25 jóvenes— la crisis de Nicaragua entró por primera vez en la agenda de la Organización de Estados Americanos (OEA). Fue el inicio de una relación entre la entidad regional y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Más de cuatro décadas después, entre altas y bajas, ese vínculo se enrumba a un solo camino: el rompimiento.

El entonces embajador de Venezuela en la OEA, José María Machín, solicitó el 2 de septiembre de 1978 que el Consejo Permanente se reuniera para discutir la crisis de Nicaragua. Este encuentro ocurrió el 18 de ese mes: se aprobó una reunión extraordinaria de cancilleres, la máxima instancia del organismo regional.

El 23 de septiembre de 1978, los cancilleres adelantaron la primera visita in loco a Nicaragua de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). A la par, crearon e integraron una Comisión Mediadora Internacional, que fue conformada por el canciller de República Dominicana, Ramón Emilio Jiménez; el exviceministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Alfredo Oviedo; y el embajador en misión especial de los Estados Unidos, William Bowdler.

La OEA daba esos primeros pasos en Washington, mientras en Nicaragua crecían los enfrentamientos entre guerrilleros y la Guardia Nacional, que atacaba “con todo” a los alzados y la población civil. El 13 de septiembre de ese año, el dictador Anastasio Somoza Debayle suspendió el ejercicio de todas las garantías constitucionales por el término de 30 días, en la totalidad del territorio nacional.

La Comisión Mediadora Internacional visita al diario La Prensa, en Managua, en octubre de 1978. Foto: Reproducción de La Prensa

 

Además, la ciudadanía sufría las consecuencias de un paro nacional convocado por el Frente Amplio Opositor (FAO), que para mediados de septiembre de 1978 ya superaba el 90% de los comercios, según reportes de la época del diario La Prensa.

En el ámbito internacional, los guerrilleros del FSLN comenzaban a gozar de la simpatía general. Esa atracción fue más evidente gracias a la toma del Palacio Nacional, una acción calificada como “una locura demasiado simple” por el nobel colombiano de literatura, Gabriel García Márquez. Los medios internacionales se volcaron a conocer las historias de los 25 jóvenes —comandados por Edén Pastora (fallecido), Hugo Torres y Dora María Téllez, actualmente encarcelados por Daniel Ortega en las celdas de “el nuevo Chipote”— que hicieron ceder a Somoza Debayle, quien liberó a 60 presos políticos. 

CIDH y Comisión Mediadora

Después de la observación in loco de la CIDH, realizada entre el 3 y 12 de octubre de 1978, la Comisión elaboró un devastador informe sobre las atrocidades de la dictadura somocista. La evaluación fue publicada el 17 de noviembre de 1978, y presentada ante el Consejo Permanente de la OEA, el 18 de diciembre de ese mismo año.

En tanto, la Comisión Mediadora Internacional no logró su objetivo de conducir las negociaciones entre la dictadura y la oposición, que incluía a los guerrilleros del FSLN, concretando la organización de un plebiscito para decidir la continuidad o la salida de Somoza.

A finales de diciembre de 1978, tras más de dos meses de negociaciones, Somoza rechazó la realización del plebiscito, y contrapuso una “consulta popular” sobre la interrupción o no de su mandato “constitucional”, con la alternativa de una asamblea constituyente. Esta opción fue rechazada de plano por la oposición.

Según una crónica del diario español El País, Alfonso Robelo Callejas, dirigente del FAO, señaló: “El régimen somocista será responsable ante la historia de la destrucción y la sangre que corran en el futuro en este país”.

“Somoza nunca estuvo ni siquiera interesado en esa salida. Estaba ganando tiempo, y al final él dijo que no aceptaba porque eso era inconstitucional”, recordó el escritor Sergio Ramírez Mercado, en un artículo publicado por CONFIDENCIAL en 2018. El novelista fue parte del Grupo de los Doce, un conjunto de intelectuales, empresarios, profesionales y religiosos que apoyaban públicamente al FSLN entre 1978 y 1979.

Junio de 1979

Durante diez meses en la OEA se realizaron gestiones constantes —todas favorecieron los planes del FSLN—, que llegaron a su punto máximo a finales de junio de 1979. El sábado 23 de ese mes, una mayoría de cancilleres del organismo regional aprobó una de las declaraciones más contundentes de su historia.

Para los cancilleres, la solución a la crisis nicaragüense de ese entonces pasaba por el “reemplazo inmediato y definitivo del régimen somocista”. Fue la primera vez que la OEA declaró ilegítimo a un Gobierno de un Estado miembro.

“La conducta inhumana del régimen dictatorial imperante en ese país, puesta en evidencia por el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es la causa fundamental de la dramática situación que atraviesa el pueblo nicaragüense”, justificó el cónclave de cancilleres.

Los ministros de Exteriores demandaron además la “instalación en el territorio de Nicaragua de un Gobierno democrático cuya composición incluya los principales grupos representativos opositores al régimen de Somoza y que refleje la libre voluntad del pueblo de Nicaragua”.

Otro aspecto de ese encuentro de la OEA, es que la representación de Panamá en la OEA le cedió una silla al sacerdote nicaragüense Miguel D’Escoto Brockman, miembro del Grupo de los Doce, el FSLN y canciller de la Junta de Gobierno en el exilio, para que expusiera ante el foro regional la situación nicaragüense.

Renuncia de Somoza

En ese momento, la OEA estaba integrada por 25 países y la declaración obtuvo una mayoría de 18 votos. El excanciller y expresidente de Costa Rica, Rafael Ángel Calderón Fournier, resaltó —en una reciente entrevista con el programa Esta Semana que la condena a Somoza fue admitida, pese a que la mayoría de países latinoamericanos “estaban bajo la bota militar”.

“Fue la condena más grande que se ha hecho en la historia contra un régimen, en este caso el régimen de los Somoza en Nicaragua. No recuerdo que haya otra más fuerte, y fue tan importante la condena continental que al mes cayó la dictadura”, recordó Calderón, que en junio de 1979 era canciller de Costa Rica y votó a favor de la resolución.

En su escueta carta de renuncia ante el Congreso, fechada el 16 de julio de 1979, Somoza reconoció el papel de la OEA en su dimisión. “He decidido acatar la disposición de la Organización de los Estados Americanos y por este medio renuncio a la presidencia a la cual fui electo popularmente. Mi renuncia es irrevocable”, escribió el dictador.

El FSLN entendió también el papel que jugaba la OEA. Viendo cerca la caída del somocismo, la Junta de Gobierno —conformada en junio de 1979— envió el 12 de julio de ese año una carta al secretario general de la OEA, Alejandro Orfila, en la que detallaron un plan para alcanzar la paz.

Este plan fue elaborado, según la Junta, sobre la declaración de los cancilleres de la OEA. “Una resolución en todos los sentidos histórica, pues se demanda el inmediato reemplazo de la genocida dictadura somocista, que ya llega a su fin”, destacó la misiva. La Junta de Gobierno estaba integrada por Violeta Barrios de Chamorro, Sergio Ramírez Mercado, Alfonso Robelo Callejas, Moisés Hassan Morales y Daniel Ortega Saavedra.

 

La década de los 80

Durante el primer Gobierno sandinista de la década de los 80, el papel de la OEA fue marginal respecto al conflicto bélico de la época. “La actividad diplomática en los años 80 estuvo centrada en las Naciones Unidas, por un lado, y la gestión mediadora del Grupo de Contadora (México, Panamá, Venezuela y Colombia), por otro”, indicó a CONFIDENCIAL un exdiplomático nicaragüense que pidió ocultar su nombre por temor a ser encarcelado, como ha ocurrido durante la actual ola de represión y persecución política orteguista en Nicaragua.

“La participación de la OEA se dio hasta el final del proceso de pacificación, a través de la Comisión Internacional de Apoyo y Verificación (CIAV), encabezada por el secretario general Joao Baena Soares. La CIAV trabajó a lo interno de Nicaragua, mientras ONUCA lo hizo principalmente en Honduras, para el proceso de desmovilización y desarme de la resistencia nicaragüense”, explicó.

El secretario general de la OEA, Joao Baena Soares, lee los llamados “Acuerdos de Sapoá”, en marzo de 1988. Foto: Tomada de La Prensa

En un artículo de la revista Envío, de noviembre de 2020, el exembajador de Nicaragua ante la OEA, Edgar Parrales, relató su experiencia en el foro regional. “En los años de la Revolución, Nicaragua gozaba de un apoyo prácticamente incondicional de todos los países. De unos, abiertamente, y de los otros discretamente, porque no querían ganarse la odiosidad del Gran Hermano”.

“En esa situación, mi estrategia en aquellos años no podía ser conseguir votos favorables, porque los países no querían confrontarse con Estados Unidos. Mi estrategia fue conseguir abstenciones, y mientras más mejor. Porque la abstención mayoritaria anulaba cualquier resolución contraria a Nicaragua. En los cuatro años y medio que estuve en la OEA, ninguno de los intentos de Estados Unidos y sus aliados para obtener una resolución contra Nicaragua tuvo éxito”, describió el exsacerdote, quien fue el representante nicaragüense en la OEA entre 1982 y 1986.

Paradójicamente, Parrales fue detenido por órdenes de Ortega el pasado lunes 22 de noviembre. El exdiplomático, de 79 años, está secuestrado en una de las celdas del complejo carcelario Evaristo Vásquez, conocido como “el nuevo Chipote”. Según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), la Fiscalía acusó al también analista político de “incitar a la violencia” por sus declaraciones sobre temas diplomáticos.

Al rescate de Enrique Bolaños

La OEA volvió a tener un papel preponderante en la política nicaragüense en 2005, luego que el entonces presidente Enrique Bolaños recurrió al organismo regional para mediar en una crisis que enfrentaba con el FSLN de Ortega, y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), del exmandatario Arnoldo Alemán.

Ortega y Alemán pactaron y aprobaron en la Asamblea Nacional —donde eran mayoría— unas reformas constitucionales que restaban facultades al Poder Ejecutivo y se las transferían al Legislativo.

El 14 de julio de 2005, en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente, Bolaños denunció que Ortega y Alemán intentaban establecer “una dictadura desde el Poder Legislativo”, ya que se habían repartido el control de los poderes Judicial y Electoral.

A la par, Bolaños pidió ayuda al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, quien envió una misión para resolver la crisis en Nicaragua. La delegación estuvo encabezada por el diplomático argentino Dante Caputo, quien permaneció en el país por cinco meses.

El 9 de septiembre de 2005, el Consejo Permanente aprobó por unanimidad una resolución que exigía al FSLN y PLC “respetar” el período presidencial de Bolaños, y advirtió que en “caso de urgencia” llamaría a una sesión extraordinaria de cancilleres.

Tras la resolución de la OEA, el caudillo sandinista negoció con Bolaños, bajo intermediación de Caputo, la aprobación de una Ley Marco que interrumpió la aplicación de las reformas constitucionales.

Ortega vuelve al poder

El triunfo de Ortega en las elecciones de 2006 —con el 38% de los votos—, fue bien recibido por la OEA. En un comunicado de prensa, la Misión de Observación Electoral de la OEA expresó “sus congratulaciones al pueblo de Nicaragua por su ejemplar comportamiento”, y felicitó a Ortega Saavedra por su victoria electoral.

Estas fueron las últimas elecciones en las que la OEA ejerció un papel de observadores electorales, en los sucesivos comicios de 2011 y 2016 desempeñó un rol de “acompañamiento” o de “invitado”, mientras en la jornada electoral de noviembre pasado no estuvo presente.

Cuando Ortega volvió al poder, la Secretaría General de la OEA era presidida por el político socialista chileno José Miguel Insulza, con quien el Gobierno del FSLN mantuvo “cómodas relaciones”, según exdiplomáticos. En 2015, asumió el cargo de secretario general, el excanciller uruguayo Luis Almagro Lemes, cuyos primeros años fueron igual de “confortables” para la Administración sandinista.

Esas buenas relaciones quedaron patentes el último día de febrero de 2017, cuando Almagro visitó a Ortega en su residencia de El Carmen, con motivo de la firma de un memorando de entendimiento entre la OEA y el Gobierno del FSLN, para cooperar en las áreas político, electoral e institucional.

Este memorando comprendía tres acuerdos, uno por cada una de las áreas en mención, que en principio tendría una vigencia de tres años prorrogables. Sin embargo, no hubo extensión y el acuerdo caducó sin pena ni gloria, ya que Ortega no impulsó ningún cambio.

El grito de abril de 2018

Las manejables relaciones entre la OEA y el FSLN se alteraron en abril de 2018, cuando una insurrección cívica —que duró casi seis meses— mostró la cara cruel y asesina del régimen orteguista: al menos 355 ciudadanos fueron asesinados y otros 2000 resultaron heridos, por la represión gubernamental.

La OEA, CIDH y el Gobierno de Ortega firmaron a finales de mayo un acuerdo para crear un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigaron de manera independiente los hechos de violencia ocurridos entre el 18 abril y el 30 de mayo de 2018. A finales de ese año, el régimen expulsó a los expertos. En su informe final, el GIEI acusó al Estado nicaragüense de cometer “crímenes de lesa humanidad”.

Un poco más de dos meses después del inicio de las protestas, la Asamblea General de cancilleres de la OEA debatió el 5 de junio, en Washington, la crisis nicaragüense. Condenaron la violencia en general, pero no hubo una referencia directa hacia la responsabilidad de la Policía Nacional en asesinato de un centenar —hasta ese momento— de ciudadanos.

El 22 de junio, la CIDH presentó ante el Consejo Permanente un informe sobre la situación en Nicaragua —una misión visitó el país entre 17 y 21 de mayo— y detalló que, hasta el 19 de junio, “la acción represiva del Estado” había dejado al menos 212 muertos, 1337 heridos y 507 presos políticos.

La OEA como conjunto se pronunció sobre la masacre orteguista hasta mediados de julio de ese año, cuando los asesinatos ya superaban los 300. El Consejo Permanente emitió el 18 de ese mes la primera de siete resoluciones condenando la represión y abusos cometidos por la Policía y los paramilitares del régimen.

“Tenemos instituciones que funcionan, un Estado de derecho, una Constitución que funciona. Por eso no es correcto que este Consejo Permanente se erija en una especie de tribunal que nadie ha autorizado ni dado facultades para juzgar a Nicaragua”, reclamó el canciller Denis Moncada Colindres, previo a la votación de julio de 2018, que finalizó con 21 votos a favor; tres en contra; siete abstenciones; y tres ausentes.

No hubo consenso, hubo una imposición. Quedó demostrada la política injerencista del Departamento de Estado de Estados Unidos”, criticó el diplomático nicaragüense.

“Injerencia” ha sido el término que los diplomáticos nicaragüenses han usado, una vez sí y otra también, para rechazar las resoluciones surgidas en el seno de la OEA, desde 2018 hasta la fecha.

El Gobierno del FSLN se basó también en las supuestas y “constantes actitudes injerencistas” de la OEA, para solicitar el pasado 19 de noviembre su retiro del organismo regional. La salida sería efectiva hasta en 2023, ya que el proceso dura dos años, por lo cual existe la posibilidad que suspendan a Nicaragua antes de ese plazo.

La petición del régimen ocurrió una semana después que una mayoría de los cancilleres de la OEA declararon que las pasadas elecciones “no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática”. A la par, instruyeron al Consejo Permanente a realizar una “evaluación colectiva inmediata” de la situación de Nicaragua, citada para el lunes 29 de noviembre.

El Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo pretende acabar con un vínculo de más de 73 años entre Nicaragua y la OEA, de los cuales los últimos 43 han sido con el FSLN como actor principal o secundario. La relación del partido rojinegro y el organismo regional surgió tras “una locura demasiado simple”, en palabras de García Márquez, y puede acabar como los llama el nobel peruano Mario Vargas Llosa con una orden de la “pareja siniestra”.

 


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