29 de septiembre 2015
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El diputado Brooklyn Rivera recibió como una sorpresa la desaforación que le aplicó la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en medio del conflicto que se vive en el Caribe Norte entre indígenas y colonos por la ocupación de territorios ancestrales. El jefe de la bancada oficial, Edwin Castro, presentó ante el plenario 16 casos de venta ilegal de tierras en los que, supuestamente, estuvo involucrado su homologo y antes aliado de Yatama.
Rivera catalogó como un montaje político las acusaciones vertidas por Castro. “Es una pasada de cuentas”, arguyó el legislador, en referencia a su ruptura con la bancada oficialista tras denunciar fraude electoral en 2012 y exigir el saneamiento de los territorios indígenas.
El diputado Castro dijo que Rivera tuvo que ver con la venta 155 mil 629 hectáreas, equivalentes a 217,881 manzanas de tierras comunales que pertenecen a las comunidades Mayangnas y Miskitus de la Costa Caribe. Sin embargo, en los 16 casos presentados por el jefe de la bancada sandinista no se señala directamente a Rivera, sino a “allegados, protegidos y dirigidos” por el dirigente de Yatama.
Contra acusan al FSLN
“Todo lo quiere ligar a mi persona, pero no menciona mi nombre donde yo haya participado en algo. ¡Ninguna! Sino amigos de Brooklyn Rivera, allegados de Brooklyn Rivera, o allegados de Yatama. Pero allí Brooklyn Rivera no sale y nunca va a salir”, dijo Rivera, horas después de su desaforación. “Ahora buscan chivos expiatorios, pero que me pruebe un caso (Castro)”, retó.
Castro mencionó entre los vendedores a varios líderes y dirigentes de Yatama, entre ellos Cornelio Tebas, presidente del Territorio Indígena de Wanky Twi, en Tasba Raya. Tebas refutó la acusación del diputado sandinista y aseguró que el partido de gobierno está montando una persecución contra los líderes del partido indígena. “Me sorprende esta situación porque a quiénes están mencionando que yo vendí tierras no los conozco”, dijo Tebas vía telefónica.
El jefe de la bancada oficialista detalló que Tebas le vendió a Nicolás Antonio Miranda Urbina, un líder campesino asentado en tierras indígenas, y a otras personas. “Yo conozco a quienes venden tierra aquí en Waspam, entre ellos René García, José Dublón y Carlos Alemán que manda a vender tierras a Waldo Müller”, refutó Tebas.
García y Alarcón efectivamente aparecen en los casos presentados por Castro. Tebas dijo que estos sujetos eran miembros de YATAMA, pero “se cruzaron a las filas sandinistas porque son protegidos por Carlos Alemán”, denunció el dirigente indígena. Alemán secretario del Consejo Regional de las RAAN y Tebas sostuvo que protege a Müller, concejal del FSLN. De hecho, Müller es uno de los nombres que más se repite en la dirigencia indígena como uno de los mayores vendedores de tierras.
“No entiendo por qué el FSLN son tan sucios e involucran a gente inocente, limpia, que jamás hemos pensado en vender tierras. Me quieren ensuciar porque soy el próximo candidato a la alcaldía”, dijo Tebas, quien prometió publicar documentos que prueban sus señalamientos.
Rivera sostuvo que las autoridades regionales y nacionales, la Policía y el Ejército y los consejos regionales en el Triángulo Minero están implicados en la venta de tierras indígenas.
Reynaldo Francis, alcalde de Puerto Cabezas, dijo que si Castro tiene las pruebas que implican a Rivera, “pues que las presente”. “La ley es clara, pues que la apliquen. Pero sé que no son los de Yatama. Hay cuadros del FSLN que están vendiendo tierra. Uno de los concejales estuvo preso en Siuna por eso. Si buscan a uno, pues que busquen a todos”, dijo el edil. “Si están firmas, los recibos y fotos de que el diputado Brooklyn vendió, pues que los presente”, insistió Francis.
Tanto YATAMA y el FSLN se acusan mutuamente del conflicto en la Costa Caribe que este 2015 ha dejado 15 indígenas muertos, así como de la venta ilegal de territorios indígenas prohibida en la ley de régimen de propiedad comunal número 445. Miguel González, politólogo costeño y profesor de la Universidad de York en Canadá, dijo que el conflicto actual no debe separarse del contexto histórico compartido por ambos partidos: Fueron enemigos de batalla en los años en la década de los ochenta, luego aliados y ahora adversarios.
“Yatama, como una expresión organizada políticamente, representa al movimiento social Miskitu que ha luchado por sus aspiraciones de contar con autonomía real, de participar con igualdad en la sociedad, y que se le respeten sus derechos de preservar tierra comunal y su identidad”, refirió González por correo electrónico. “El FSLN reconoce esto, pero me parece que su actual visión respecto a la Costa Caribe - que no está ausente de contradicciones - ha puesto a ambas organizaciones en un curso de confrontación”, agregó.
Destitución es ilegal
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y diputados del Partido Liberal Independiente (PLI) criticaron el procedimiento empleado p la bancada oficialista para destituir a Rivera al considerarlo violatorio de la ley orgánica del Parlamento.
Al dirigente del partido Yatama le aplicaron en una misma sesión dos artículos de la ley 606, el 24 referido a la pérdida de la condición de diputado, y el 150 y sucesivos sobre la pérdida de inmunidad.
Gonzalo Carrión, director jurídico del CENDIH, explicó que de las ocho causales establecidas en el artículo 24 para perder la condición de diputado, el jefe de la bancada sandinista no invocó ninguna contra Rivera. Castro solo presentó brevemente los 16 casos de venta de tierras. El legislador oficialista basó sus pruebas en un informe de una supuesta comisión que el comandante Daniel Ortega envió el pasado nueve de septiembre al Caribe Norte para resolver el conflicto entre indígenas y colonos.
La diputada del Partido Liberal Independiente (PLI) y segunda vicepresidenta de la Junta Directiva del hemiciclo, María Eugenia Sequeira, dijo que Castro no pudo pedir en el plenario la discusión del caso de Rivera, porque no presentó la solicitud de una autoridad judicial para quitarle la inmunidad. “La única manera de someter esto directamente a discusión en el plenario, es que (Castro) haya tenido la solicitud de un judicial con delitos graves, como crimen organizado, narcotráfico o lavado de dinero”, afirmó Sequeira.
Carrión sostuvo que en cualquier investigación “que redunde en quitar diputación o inmunidad” se debe crear de una Comisión Especial. “La Junta Directiva del Parlamento escucha las pruebas para ver si hay suficiente razón de suspender la inmunidad, y luego dejar al señalado a disposición de un proceso penal”, explicó.
La Procuraduría General de la República (PGR) anunció que se ampliaron las investigaciones sobre la venta ilegal de tierras. Según el procurador Hernán Estrada, ellos le proporcionaron a Castro la información que leyó en el Parlamento, y aseguró que son más de 16 casos. “Representan una problemática responsabilidad de algunos elementos que han traicionado a su pueblo, a sus mismas comunidades”, dijo Estrada.
Rivera interpuso ante el Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) un recurso de amparo que se encuentra “en consulta”, algo que fue criticado por el CENDIH debido a que es un trámite de carácter expedito. El dirigente de YATAMA expresó en el amparo que las imputaciones vertidas en su contra por Castro amenazan su “libertad individual y seguridad personal”.
“Los hechos antes mencionados constituyen un acto real y hace posible y realizable mi detención, por cuanto las supuestas imputaciones delictivas proceden del Jefe de la Bancada del FSLN y suponen la existencia de una investigación policial”, esgrimió Rivera.
Casi una semana después de la desaforación de Rivera, la Junta Directiva del Parlamento todavía no ha convocado a su suplente Noe Coleman, quien se encuentra en la Costa Caribe. La ley orgánica de la Asamblea Nacional establece que tras la desaforación de un legislador, inmediatamente en la “próxima reunión” debe incorporar al suplente.
“El Frente sandinista se equivoca. Yo no soy parte del problema, yo soy parte de la solución. Ellos son los que atropellan. Ortega llama al diálogo, pero esto es el diálogo que nos dan”, fustigó Rivera, quien en todas sus intervenciones insistió que no está en contra que acusen y procesen a todos los involucrados en la venta de tierras, “incluso si son YATAMAS”.
González, el politólogo costeño, dijo que le preocupa la desaforación de Rivera y alentó a que el gobierno y la PGR esclarezcan transparentemente qué hay detrás de las denuncias. “Si el Gobierno quisiera ir a fondo - como lo anuncio el Presidente Ortega el nueve de septiembre - de trabajar en un ‘plan integral’ para acompañar a las comunidades en recuperar sus tierras, veo más adecuado nombrar una comisión independiente de esclarecimiento de posibles delitos contra la propiedad indígena, y castigar a los responsables”, recomendó.
[destacado titulo="El laberinto de la RAAN"]
*Los vacíos de la ley 445, la falta de saneamiento, colonos desplazados, mafias madereras, ganaderos, narcotráfico y los finqueros de Olancho
Aunque hasta ahora la problemática en el Caribe Norte se ha dividido entre pocos actores (indígenas, colonos y gobierno), investigadores sociales que han estudiado el fenómeno advierten que se trata de un conflicto más complejo. Los expertos sostienen que parte del problema es el incumplimiento de la etapa de saneamiento, consignada en la ley 445, para sacar a los colonos de los territorios indígenas.
Sin embargo, esgrimen unas serie de factores que complejizan el fenómeno, como el hecho de que la ley 445 se creó como un gran marco legal para unificar todas las comunidades dispersas en la Costa Caribe en territorios sin tomar en cuenta la reacción de los indígenas.
“Imagínate a las comunidades como varios círculos separados, entonces se decidió unificar todos esos círculos en territorios, porque los pedazos de tierras aledaños quedaban sin jurisdicción o dueños”, explicó un antropólogo que ha dedicado buena parte de su carrera a este tema, pero que solicitó el anonimato.
No obstante, cuando los territorios estuvieron formados, surgieron diferencias entre las comunidades que no estaban acostumbradas a compartir territorios y recursos naturales. Entonces surgieron disputas internas por la falta de convivencia histórica, indicó el antropólogo, que facilitaron el ingreso de terceros o colonos a las tierras. “Uno de los problemas es que al fusionar varias comunidades, una de ellas era nombrada como la capital del territorio. Entonces esta capital quería mandar por encima de los otros miembros”, dijo el experto.
El vacío legal que el antropólogo le achaca a la ley 445 es que jamás se reglamentó y no proporciona una guía de convivencia a las comunidades, lo que las hizo más vulnerables ante los colonos.
Los colonos, dijo el experto, en algún momento fueron desplazados forzados. “Eran indios Matagalpas, por ejemplo, que tuvieron que emigrar por la agricultura, o campesinos por la siembra de algodón… El Estado de Nicaragua crece a expensas de la frontera agrícola y los territorios indígenas”, opinó.
Pero no todos los colonos son campesinos. Según el experto, además de las mafias madereras y ganadores que operan en la zona, hay otros sujetos que ejercen mucho poder en la zona: los hondureños de Olancho, finqueros que cruzan el río para comprar terrenos apoyados en la violencia, y el narcotráfico.
El antropólogo dijo que hay muchas fuerzas que retienen a los colonos en los territorios indígenas. Y no solo son los madereros y el narco. Al ser ya miles, se trataría de un desplazamiento interno. Solo en un cerro de la reserva de Bosawas, ejemplificó, hay 400 jóvenes en edad para ir a la secundaria.
Colonos son una fuerza
El polítólogo costeño Miguel González, profesor en la universidad de York en Canadá, advirtió que: “al FSLN le preocupa que el saneamiento pueda desplazar población campesina fuera de los territorios indígenas, esto podría provocar mayores tensiones”.
Otro factor de retención es el mercado local del Triángulo Minero, que es abastecido por la producción agrícola de los colonos, abaratando los precios. “Si una libra de frijol puesta de otro lado vale 50, por ejemplo, los intermediarios se las compran a 40 a los colonos y hay negocio”, ilustró.
Los colonos representan un gran aliado de las fuerzas armadas quienes encuentran en ellos informantes al estar en zonas aisladas. El antropólogo sostuvo que al Ejército y a la Policía no le interesa el estado legal de la tierra que los campesinos tienen. “Lo importante es que obtienen información y además aducen que no es su misión andar pidiendo papeles”, dijo.
Pese a que viven en zonas remotas, los colonos son personas socialmente activas que han tendido lazos de autoayuda para salir adelante, agregó el experto. En estas comunidades hasta las iglesias evangélicas han encontrado ventaja al enviar pastores. Asimismo, los partidos políticos que ofrecen tierras y legalización a cambio de votos. “Por eso estos conflictos se empeoran cerca de elecciones”, aseveró el antropólogo.
La deuda del saneamiento
El catedrático tampoco descartó la influencia de los poderes del gobierno central y regional en la venta ilegal de tierras. “El vacío legal y la falta de autoridad enriquecen del fenómeno”, dijo, acotando que otro vacío legal es el hecho de que los territorios indígenas se traslapan con territorios municipales. Esto representa una contradicción con la Ley de Autonomía Municipal, “y debe resolverse”.
Para el investigador Miguel González, el problema de fondo es la necesidad “urgentísima” de completar la quinta etapa del proceso de titulación: el saneamiento de los territorios titulados.
“Durante la campaña electoral en el 2006, el FSLN se comprometió a titular esos territorios y lo cumplió. Se han titulado alrededor de 22 territorios indígenas, casi el 30% del territorios nacional bajo un régimen colectivo de propiedad”, recordó el profesor de la de la Universidad de York.
En ese entonces el FSLN firmó la alianza con Yatama y suscribieron un acuerdo de 13 puntos. El saneamiento es el primero de esos puntos. Sin embargo, al quebrarse la alianza con la denuncia del fraude en los comicios regionales de 2012, los compromisos quedaron sin tutela.
“Entonces estamos donde estamos: con hechos de violencia y muertes que lamentar, con una tensión creciente en la vida de las comunidades, y con las dos principales fuerzas políticas de la Costa acusándose mutuamente sobre una serie de cosas”, afirmó González.
El politólogo costeño lamentó que se dejó acumular un tema que merecía ser tratado como un asunto de importancia estratégica para el país y para la autonomía de la Costa Caribe. “En síntesis, la crisis provocada por la falta de saneamiento se puede explicar en parte por el fracaso de los acuerdos entre Yatama y el FSLN”, valoró.[/destacado]
