Política

“La protesta contra el racismo en EE. UU. también es antiTrump”

José Miguel Vivanco, Human Rights Watch: El presidente Donald Trump está enfocando la emergencia “como una cuestión electoral”

La ola de protestas desatada en Estados Unidos contra la violencia y la brutalidad policial, a raíz del asesinato del afroamericano George Floyd por un policía blanco en Minneapolis, refleja un estado de frustración nacional por la falta de reformas ante un problema estructural, pero “también es una protesta anti-Trump”, asegura José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

La respuesta de Trump, dice el jurista chileno defensor de derechos humanos, en vez de promover algún gesto de reconciliación más bien está polarizando, y “enfocando esta emergencia como una cuestión esencialmente electoral, y cree que convirtiéndose en el presidente de la ley y el orden, puede, motivar a su base a salir eventualmente a votar y ganar una reelección”.

En una entrevista con el programa de televisivo Esta Noche que se difunde en YouTube, debido a la censura, Vivanco analizó desde Washington la emergencia de Estados Unidos, así como los dilemas de la pandemia del covid-19, la democracia y los derechos humanos, en Venezuela, Nicaragua y El Salvador.

Las denuncias sobre racismo y prácticas violentas de la Policía de Estados Unidos contra la población afroamericana se han conocido desde hace años, incluso décadas. ¿Qué produjo este estallido de protestas tras el homicidio de George Floyd?

Hay un gran agotamiento por parte de la población en general, no solo los afroamericanos, no solo los latinos y la gente de color, en general, año tras año, y muchas veces varias veces al año se desatan estos escándalos de abusos policiales.

Se han introducido muchas reformas, yo llevo más de 33 años en los Estados Unidos y he asistido múltiples debates, he conocido comisiones de muy alto nivel que se han creado para abordar este fenómeno, y el problema subsiste. Por ejemplo, las cámaras que los policías están obligados a portar en el pecho y que activan el minuto en que interactúan con un civil, no han servido para nada, no han reducido la violencia policial, la brutalidad, el abuso. Es más, las imágenes de lo que es el sofocamiento y el asesinato de Floyd en Minneapolis, el policía blanco que tiene la rodilla sobre el cuello de Floyd, está perfectamente consciente que lo están filmando, y aun así continúa con la brutalidad hasta asesinar a esta persona.

Se ha pensado también en diversificar la fuerza policial en regiones del país, muchos estados donde la policía solía tener un número significativo de blancos, y había muy pocos afros y muy pocos latinos, eso se ha mejorado muchos Estados. Y por ejemplo, en Baltimore, que es mayoritariamente afro y latino, es uno de los más violentos; hay problemas muy profundos desde el punto de vista jurídico, para conseguir que las policías rindan cuentas y modifiquen su conducta; además las policías en este país son muy poco transparentes y es muy difícil conseguir información del récord de la policía.

En la reacción ante este asesinato se han producido demostraciones masivas pacíficas demandando reformas; pero también hay saqueo y vandalismo ¿qué significa uno u otro movimiento?

Hay de todo, como ocurre usualmente. Enormes manifestaciones pacíficas que están motivadas por la lucha contra el racismo, contra la brutalidad policial, el abuso, la impunidad; pero también hay muchos que se manifiestan pacíficamente rechazando a Trump. Es una figura muy odiosa y detestada por amplios sectores de la ciudadanía, y Trump, en lugar de bajar los decibeles y tratar de producir algún grado de reconciliación, ha utilizado esta situación, esta emergencia, para polarizar, para ponerle más gasolina al fuego. Él está enfocando este asunto como una cuestión esencialmente electoral, y cree que convirtiéndose en el presidente de la ley y el orden, así como se está postulando, él puede, no solo motivar a su base a salir eventualmente a votar y ganar una reelección, sino también se presenta como el hombre que preserva cierto tipo de valores contra unos radicales que están dispuestos a barrer con todo.

En estas manifestaciones también se producen hechos de violencia, incendios, destrucción de propiedad privada y pública, ataques a los mismos policías por parte de algunos de los que se manifiestan, no son la mayoría, son pequeños grupos, y otros que la utilizan como un pretexto para el vandalismo y para el saqueo.

La respuesta de Trump y el estado norteamericano

¿Tiene la sociedad norteamericana, el Estado en un sentido más amplio, capacidad de escuchar, de reaccionar, de retomar las reformas frente a este problema estructural? ¿O se impondrá ese ímpetu electoral que tiene el liderazgo del presidente Trump, que como has dicho, apuntaría más bien a agravar la crisis?

Esa es la gran pregunta. El problema está en que requieres de liderazgo, y el Presidente es demasiado importante este país, es un sistema presidencialista muy fuerte; es difícil guiar este proceso, liderar una respuesta distinta si el primer mandatario está hablando, incluso, de invocar una ley antigua de 1807 antes de la independencia de todos nuestros países en América Latina. Una ley que es para aplacar la insurrección y que le permite al presidente utilizar al Ejército, en tareas internas de control de orden público, pero para que la aplique necesita de la anuencia de los gobernadores.

Hasta ahora (Trump) ha mostrado que está dispuesto a ejercer el poder sin límite alguno, es probable que intente invocarla y presionar a algún gobernador para que le solicite su intervención militar en el país. Felizmente, el Secretario de Defensa de los Estados Unidos acaba de hacer una declaración diciendo que él no está dispuesto, no concuerda en el uso del Ejército para tareas de esta naturaleza.

¿Se va a imponer la razón y se va a buscar una salida política a esto? Muy difícil, porque Trump es un líder mercurial, es un narcisista, es un déspota, que los únicos límites que existen frente al ejercicio del poder son los jueces federales, os medios de comunicación independientes; el Congreso, pero el poder que el presidente ejerce en los Estados Unidos es enorme.

¿Cómo valoras los ataques que se han producido contra reporteros y periodistas, algunos por parte de la Policía, otros por parte de manifestantes, que los colegas en Estados Unidos que han cubierto crisis internacional en otros países, describen como una situación sin precedentes.

No tiene precedentes, fundamentalmente por los ataques policiales, aquí la gran mayoría han sido policiales. Ha habido algunos incidentes con particulares, pero la policía en general ha actuado sin distinguir entre manifestantes pacíficos y violentos; y han arremetido contra los medios de comunicación con violencia; el despliegue policial y la actitud, la conducta de los policías se ha mostrado muy brutal en la represión de las manifestaciones, tanto pacíficas, como incluso algunas violentas que pudieron haber sido controladas de una manera más profesional.

¿Cómo se conecta la crisis de racismo, de la que estaba hablando hace un momento con la crisis sanitaria, en la manera como lo está enfrentando el Gobierno del presidente Trump?

Este proceso de protestas arranca por una cuestión de racismo, por una protesta genuina, justificada, por unos movimientos de desobediencia civil, por la violencia policial y el racismo. Pero hoy día es mucho más que eso, y creo que el que haya más de 40 millones de desempleados en los Estados Unidos, de personas que han perdido sus empleos a raíz del coronavirus, es una cifra enorme.

Las provocaciones, la polarización de Trump, están cambiando el origen de la protesta a una protesta anti-Trump, donde se mezclan muchas cosas, y obviamente también la falta de oportunidades y las condiciones a las que ha llevado el país la pandemia. Es muy probable que si las estadísticas muestran que el contagio se ha disparado, es posible que eso influya en aplacar un poco las protestas. El coronavirus, no Trump, será el factor que lleve a los manifestantes a confinarse en sus casas y a evitar participar en estas protestas. Pero todavía está todo esto muy incierto, es muy difícil calcular, y habrá que ir mirando que día a día como se van desarrollando los acontecimientos.

Pandemia y derechos humanos: Venezuela, Nicaragua y el Salvador

Hablemos sobre la manera en como gobiernos autoritarios en América Latina están enfrentando la pandemia del covid-19. En Venezuela, los datos oficiales que registra el régimen de Maduro indicarían que supuestamente el número de fallecidos que se ha producido es mucho menor que el de otros países de América Latina.

Sí, eso es una ficción. Estamos hablando de una dictadura como la de Maduro que controla toda la información, y que no transparenta nada. De hecho, los pocos médicos o periodistas que se han atrevido investigar estas materias han terminado presos. El régimen trata esta materia como si fuera una cuestión de seguridad nacional, y no da espacio para la fiscalización, porque evidentemente se conduce como una dictadura que pretende mostrar éxito en el control, la prevención de la pandemia. Pero sabemos que el sistema de salud venezolano está colapsado, no tienen las condiciones para atender a la población en situación de normalidad, menos aún en condiciones de coronavirus.

Acabamos de presentar un informe sobre lo que es la escasez del agua en Venezuela, y en particular en los hospitales. El 20% de los hospitales públicos venezolanos no tienen acceso al agua potable, y en el 70% el acceso es de carácter intermitente, esto lo dicen doctores especializados de Johns Hopkins University, que hicieron con nosotros este estudio sobre la situación; no hay agua para que los doctores y enfermeros se laven las manos en los hospitales, tienen que traer su propia agua. Si eso ocurre en los hospitales, y también con la población en general, las cifras que ofrece el Gobierno de apenas 11 muertos, o en fin, y unos 1400 contagiados, no son verídicas.

En Centroamérica tenemos dos casos opuestos. Por un lado, la dictadura de Nicaragua, que se ha demostrado que su negligencia ya está produciendo una mortandad y un colapso del sistema hospitalario; y por otro lado el Gobierno de Nayib Bukele en El Salvador, que sí tomó desde el inicio medidas preventivas de distanciamiento social, pero está siendo cuestionado por los abusos a las normas democráticas y al Estado de Derecho.

Efectivamente, son dos líderes de un tinte ideológico muy distintos; el de Ortega Murillo, la pareja que gobierna como si fuera propiedad privada Nicaragua, lo gobierna como lo haría propiamente una dinastía, una familia dictatorial, y para ellos desde el inicio han estado en el negacionismo, en sostener contra la ciencia que aquí no hay problema, que la revolución está en condiciones de enfrentar con eslogan y retórica barata, sin asumir las obligaciones y la responsabilidad para preservar y proteger la salud de la población. Están jugando con fuego. Y obviamente que, un país con muy escasos recursos, y con un sistema de salud que está en ruinas, no está en condiciones de enfrentar todo esto; las cifras las esconden, no transparentan nada, y persiguen a cualquiera que intente mostrar la realidad de Nicaragua.

En el caso de El Salvador, tenemos una democracia, no es una dictadura; ahí hay una Corte Suprema que está constantemente fiscalizando al Ejecutivo; hay medios de comunicación independientes; hay un Congreso que ejerce sus funciones; hay una sociedad civil fuerte. Pero está gobernada por un presidente que tiene tendencias despóticas, que se conduce como un virtual tirano, creo que todavía no se gradúa de dictador Bukele, pero tiene esas tendencias para imponer su voluntad caprichosamente sobre el Estado de Derecho, ignorando los límites en el ejercicio del poder; y su estrategia ha sido draconiana frente a la pandemia. El impuso la política de que aquel que viola la cuarentena se va detenido por 30 o más días. Toda la ciencia indica que bastarían 15 días para determinar si la persona tiene o no el contagio.

Hay más de 15.000 salvadoreños y salvadoreñas que han pasado por estos centros, hoy día hay más de 3000, pero han pasado más de 15.000, y son personas que las circunstancias los ha llevado a exponerse en las calles, a veces con justificación, otras veces sin justificación, pero es por la violación a la cuarentena, no es porque existan sospechas que estén contagiados, y los llevan a unos centros de contención, que llaman, que son esencialmente centros de contagio, que no cuentan con las facilidades y los recursos médicos para darles tratamiento, y para determinar si la persona está o no infectada con el coronavirus.

Esto ha llamado la atención no solo de organismos de derechos humanos como el nuestro, sino también en instituciones nacionales, la propia Corte Suprema ha calificado esto como detenciones arbitrarias, pero el presidente Bukele sigue adelante con su esquema, sin escuchar la posición de órganos tan importantes como la Suprema Corte, está en desacato con las decisiones de la Corte Suprema en el país.


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