Política

La otra oposición y las protestas sociales

El FSLN pierde el monopolio político del control social, ante el surgimiento de los movimientos sociales de nuevo tipo

Mientras se configura el panorama definitivo de la oposición política para las elecciones de noviembre, se definen sus candidaturas y se asientan las alianzas, muchas organizaciones de la sociedad civil e importantes movimientos sociales y gremiales están actuando desde la acera de enfrente del gobierno del inconstitucional Ortega. Sus mensajes y demandas también jugarán un papel en la decisión electoral del pueblo nicaragüense. Es el ascenso de las protestas sociales.

Durante los últimos años, ha resurgido y se ha incrementado la protesta social. Distintos movimientos, espontáneos unos y organizados otros, se han estado manifestando en demanda de sus derechos, de reivindicaciones económicas, sociales, ambientales y políticas.

El movimiento campesino e indígena gestado en los departamentos de Río San Juan, Rivas, Chontales y la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, para hacer frente a la amenaza de expropiación masiva de sus tierras, disolución de sus comunidades y desarraigo, es una de sus expresiones más importantes. Su conjunción con el cada vez más amplio movimiento ambientalista, ha logrado que la mega concesión otorgada a la empresa china HKND para la presunta construcción de un canal interoceánico, sea cada vez más repudiada por los nicaragüenses

Previamente, otro movimiento social se había construido y actuaba en el municipio de Rancho Grande, en el departamento de Matagalpa. Líderes campesinos, comunitarios, ambientalistas, el movimiento feminista y redes de mujeres, organizaciones sociales, juveniles, comités pastorales y el propio clero de la diócesis, se comenzaron a manifestar en contra de la exploración y la explotación minera cuya concesión el gobierno había asegurado a la empresa B2Gold, pues implicaba graves afectaciones a su modo de vida, al agua de consumo humano y de riego, al bosque y al medio ambiente. La protesta social, a cuya cabeza se colocó también el obispo de Matagalpa, devino en la cancelación de los permisos otorgados a la empresa, en la cancelación o al menos postergación de una eventual concesión.

Tanto en Rancho Grande como en los municipios involucrados en el proyecto canalero del gobierno de Ortega, la protesta social se ha expresado en las más diversas formas, incluyendo la recolecta de firmas, la realización de asambleas comunitarias, la conformación de redes y consejos de líderes, tranques en caminos y carreteras y en especial a través de marchas o peregrinaciones en las comunidades, cabeceras municipales o departamentales y en Managua, cuya proyección ha ido elevándose en los medios de comunicación nacionales e internacionales. A la fecha, el movimiento que adversa el proyecto de canal interoceánico Ortega-Jing ha realizado 64 marchas en la mayor extensión territorial y el mayor número, sin precedentes, en la historia de las demandas sociales de Nicaragua. Esa persistencia, consciencia creciente y organización, les ha permitido enfrentar los mecanismos coercitivos, la represión, persecuciones y amenazas, sin abandonar la lucha, ni cejar en su empeño. Es la Nicaragua profunda la que ha estado hablando. A diferencia de lo que sucedía en décadas pasadas, no son las ciudades, los grandes centros urbanos, los más activos, sino especialmente las zonas rurales. No son los estudiantes universitarios, ni la población marginada urbana la que se moviliza, sino las campesinas, los campesinos, mineros, trabajadores del campo, pueblos indígenas y comunidades rurales.

En los años recientes, han destacado la activación de las demandas de los trabajadores cañeros de Chichigalpa víctimas de insuficiencia renal crónica; la defensa de los derechos económicos y sociales de los sindicalistas y las mujeres de la Mina El Limón; la protesta de los productores de frijol de Condega para lograr la libre comercialización de su producto; la movilización de pequeños mineros y de barrios de Santo Domingo, Chontales, en oposición a la concesión minera a la B2Gold por sus repercusiones en sus fuentes de ingreso, el agua, el medio ambiente y la comunidad.

En las ciudades, la demanda de las personas de la tercera edad por una pensión reducida acorde a sus cotizaciones a la seguridad social, y el respaldo que movió entre grupos de jóvenes conocidos como OcupaINSS, ha sido sin duda la más importante protesta social. Su justeza, la tenacidad de la lucha y la solidaridad lograron que se cumpliera el objetivo. El gobierno se vio obligado a reconocer su derecho a una pensión reducida, tal como la ley lo había estipulado y que estaba siendo escamoteado a los trabajadores retirados.

Todos esos movimientos se han constituido y manifestado con independencia del poder político establecido. Este es un hecho relevante pues muestra la crisis del monopolio de la intermediación social que había ejercido el FSLN y que le había redituado muchos beneficios.

Crisis del monopolio de la intermediación social

No es una novedad que los movimientos y organizaciones sociales nicaragüenses crecieron y se han desarrollado al amparo de los partidos políticos. Así sucedió con las mutuales y las asociaciones de artesanos durante el liberalismo zelayista; el somocismo creó un abanico de organizaciones sociales de mujeres, jóvenes, ex militares y campesinos y el FSLN también impulsó la creación de sindicatos, organizaciones comunitarias, juveniles, gremiales, de mujeres y campesinas. Probablemente, por ese hecho, la condición de subordinación de las organizaciones y del movimiento social a los partidos políticos ha sido la tónica, más que la excepción en el país.

El FSLN durante los años noventa y en la primera parte de la década del siglo XXI, utilizó las justas luchas de diversos sectores sociales, como una forma de apuntalar su negociación de espacios de poder político. La actuación de las organizaciones que dependen de ese partido puede observarse en paralelo al posicionamiento político del mismo.

Con el ascenso al poder de Ortega, en 2007, se catapultó un modelo autoritario, basado en el otorgamiento de prebendas, en el clientelismo político y en un férreo control social. Para lograrlo, desde la cúpula del poder político se orquestó y ejecutó una campaña de asfixia de organizaciones de la sociedad civil en todo el territorio nacional, limitando sus acciones, retirándolas de toda instancia de consulta o participación institucional, incluyéndolas en una lista negra para frenar todo flujo de recursos desde la cooperación internacional y realizando todo tipo de acciones coercitivas y represivas, cuando lo han considerado necesario. Como resultado, decenas de organizaciones cerraron sus actividades, centenares de personas perdieron sus empleos y lo más importante, centenares de comunidades quedaron sin apoyo de ninguna especie.

De esa manera, el oficialismo trató de liquidar todo tipo de organización independiente anclada en las comunidades. La construcción de ciudadanía y la incidencia política, esenciales a la gestión de todas esas organizaciones de la sociedad civil, han sido vistas como un peligro para el oficialismo. Este no es un posicionamiento original de Ortega. Similar política y práctica se ha repetido en Venezuela y en Ecuador donde los gobiernos han perseguido de muy diversas formas a las organizaciones de la sociedad civil.

En la medida en que el FSLN ha quedado completamente sujeto a los intereses de la familia Ortega M., y a su necesidad de construcción de hegemonía, se ha hecho más difícil para sus antiguos líderes sociales y comunitarios combinar la lucha reivindicativa con la acción de coerción social.

Utilizar a activistas de barrios como fuerzas de choque del orteguismo para la represión política o como piezas del engranaje de control político en las comunidades, ha matado toda posibilidad de que comparezcan tratando de ejercer la representación social. La subordinación del movimiento social oficialista ha sido llevada a límites extremos, aún cuando ha significado la paralización de las organizaciones, la desviación de los intereses de sus integrantes, su renuncia a agregar la demanda social y a representar las aspiraciones de los diversos sectores.

Las necesidades hegemónicas del oficialismo han motivado la fusión y confusión de las organizaciones gremiales y sindicales con la gestión gubernamental. Hay sobrados ejemplos de ello. En las unidades públicas de salud son los dirigentes de Fetsalud quienes deciden la contratación, promoción, sanción o despido del personal de cualquier nivel, pasando de ser sindicalistas a contratistas y por lo mismo incapacitándose para defender los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras si se ven en riesgo o son afectados, dando lugar a incontables abusos e injusticias.

En las universidades, son los dirigentes de la UNEN, muchos de ellos impuestos mediante fraudes electorales, los que reparten las becas financiadas con los fondos estatales, utilizando criterios de amiguismo, lealtades políticas, compromiso de participar en actos de represión, entre otros. Si alguna vez esos “líderes” protestan, no es por la defensa de los intereses de los estudiantes, dejados totalmente de lado, sino para lograr el aumento de la partida de dinero del presupuesto estatal que las autoridades universitarias les conceden, lo que se ha convertido en una verdadera fuente de corrupción.

Quienes trabajan en el Estado, en cualquier ámbito, se ven sometidos a todo tipo de manipulaciones, al irrespeto a su dignidad y a la violación de sus derechos laborales, sin que la organización gremial controlada por el FSLN, mueva un dedo en su defensa. Ni las trabajadoras y trabajadores de la salud, ni el gremio magisterial, ni las muchachas y muchachos que estudian en las universidades públicas, ni las empleadas y empleados públicos, encuentran en las organizaciones gremiales o sindicales controladas por el FSLN, vocería alguna.

Adicionalmente, los enormes intereses económicos de la familia Ortega y de la cúpula del partido en el poder, introducen otros factores de alineamiento y sujeción de las organizaciones sociales, gremiales o sindicales que se le subordinan. De igual manera, la alianza con grupos de capital internacional motiva la actuación gubernamental. El caso de la empresa HKND es emblemático, pero también lo son las explotaciones mineras, la tala y comercialización de la madera, para mencionar algunos casos.

En Rancho Grande, los oficiales gubernamentales y municipales, los secretarios políticos y otros funcionarios del FSLN del departamento, actuaron como diligentes agentes interesados de la compañía minera, al grado de utilizar el registro de las unidades de salud para lograr fraudulentamente la firma de los pobladores pretendiendo que aprobaban el proyecto minero en ese municipio. En la pretendida zona del canal, los líderes comunitarios oficialistas han sido obligados a acompañar las acciones de la empresa china HKND. En la Mina El Limón, cuando la Policía Nacional ocupó y aisló al poblado, estableciendo un virtual estado de sitio, capturando a los líderes sindicales y sometiendo a un régimen de terror a la comunidad, el oficialismo no levantó la voz.

Frente a lo que sucede en municipios de Matagalpa, Jinotega, Nueva Segovia, Madriz y la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte: la inestabilidad social, las violaciones a derechos humanos cometidos por militares, policías y secretarios políticos del FSLN, las dificultades económicas, las demandas por los precios de los productos, etc., la UNAG, fundada como organización gremial de productores y productoras del campo, simplemente no se da por aludida. Esa organización ha devenido en una especie de organización no gubernamental ejecutora de proyectos, cada vez con menor influencia y representatividad. Por su parte, la Asociación de Trabajadores del Campo desapareció casi completamente, quedando unos escasos sindicatos constituidos y medianamente activos.

Anteriormente, aunque prevalecía la relación de subordinación de las organizaciones gremiales, sociales y sindicales a la cúpula del FSLN, la necesidad de conservar base social le obligaba a conceder ciertos márgenes de autonomía en relación a las demandas sociales. Esta práctica terminó, pues la multiplicidad y la magnitud de los intereses hegemónicos y económicos de la familia Ortega M., y la cúpula del FSLN están prevaleciendo y determinando la dolosa actuación y la anomia de organizaciones sindicales, gremiales y comunitarias oficialistas, haciendo entrar en crisis el modelo de intermediación y agregación de la demanda social que existía previamente.

Pero, a diferencia de lo que sucedía en el pasado, se están produciendo rupturas en el seno del movimiento social oficialista. Genuinos líderes comunitarios de Rancho Grande, líderes sindicales y lideresas comunitarias de la Mina El Limón, concejales en la ruta del canal, para citar algunos ejemplos, han cuestionado la actuación de su partido y, en consecuencia han sido separados de sus filas. Todos han constatado que los intereses dominantes no son los de las comunidades, ni de los sectores sociales, sino los de la cúpula del orteguismo.

Así, a antiguos líderes sociales distanciados del modelo de subordinación al partido en el poder se ha sumado un nuevo liderazgo múltiple, dinámico y autónomo, dispuesto a luchar y defender los derechos de su sector, su gremio o su comunidad.

A estas alturas, es evidente que la estrategia oficialista de liquidar los movimientos sociales independientes ha fracasado y que el monopolio de la intermediación social que ejercía el FSLN ha entrado en crisis severa. Sin eso, el control social solo puede lograrse mediante la represión pura y dura.

Los movimientos sociales de nuevo tipo

En las últimas décadas, han emergido actores sociales que promueven derechos, levantan reivindicaciones, promueven nuevas temáticas, despiertan sensibilidad sobre viejos problemas y actúan en función de intereses de género, etnia, laborales, derechos humanos, de la diversidad sexual, los pueblos indígenas, la niñez, los consumidores o los excombatientes, el desarrollo comunitario y local, el medio ambiente o el ejercicio de la ciudadanía.

Además de los mencionados arriba que están activos en la protesta social se han destacado muchos otros en las últimas dos décadas. Por su evolución y características, el movimiento de mujeres y el movimiento ambientalista merecen una consideración especial.

El somocismo y el FSLN contaron con sendas organizaciones de mujeres, el Ala Femenina Liberal el primero y AMPRONAC, el segundo. Ambas funcionaron esencialmente como correas de transmisión de los lineamientos e intereses de sus partidos. Eran organizaciones de los partidos para las mujeres. La crisis de representación de esta última organización acentuada desde finales de los ochenta y la multiplicación de grupos feministas, contribuyó a una decisiva evolución del movimiento de mujeres que lo ha convertido en el movimiento social más articulado del país.

Integrado por un haz de organizaciones, agrupaciones, colectivos y redes, ha logrado estructurar e impulsar una agenda común, manteniendo diferencias de énfasis; concertar alianzas, combinando la acción de las mujeres en las comunidades con la proyección social de sus intereses globales. Adversado por la cúpula en el poder, ha sido objeto de persecución política, policial y judicial, intentos de aislamiento y liquidación, sin éxito. Por haber crecido firmemente asido a su autonomía, sin dependencia del poder político, posee una gran resiliencia, flexibilidad y capacidades. Justamente por ello, ha sido el amplio movimiento de mujeres el principal adversario de la política de lavar los trapos sucios en casa impulsada por Rosario Murillo respecto a la violencia hacia las mujeres.

El movimiento de mujeres se ha distinguido por su solidaridad con el resto de los movimientos sociales y con la protesta social.

Desde distintos sectores ha surgido un movimiento ambientalista, amplio y diverso, integrado por organizaciones de la sociedad civil, feministas, científicos, jóvenes, estudiantes, periodistas, empresarios y liderazgo comunitario. En principio se forjó partiendo de una consciencia ambiental global y luego, cada vez más, como producto del conocimiento y difusión del grave daño ambiental que proyectos económicos o simple depredación están causando con consecuencias para la vida cotidiana, la sobrevivencia y la producción.

Este movimiento que crece rápidamente en organización y en presencia en las redes sociales, se ha convertido en la más importante oposición a los intereses de tala y negocio de la madera de las empresas asociadas a la familia Ortega M,.  Basta ver en facebook la cantidad de denuncias documentadas con fotografías sobre el daño al bosque, las aguas y el medio ambiente cometido por agentes del oficialismo.

Estos son dos ejemplos de movimientos sociales, tal vez los más amplios y dinámicos. Aportan nuevos y diferentes espacios de participación social, múltiples y versátiles, con capacidad de movilizarse, aportar soluciones, plantear y agregar demandas.

Todas las expresiones sociales de nuevo tipo y las tradicionales, gremiales y sindicales, tienen como desafío forjar su representatividad y legitimidad en la lucha por las demandas de derechos y reivindicaciones sociales, con un modelo de trabajo y un liderazgo cada vez más democrático y participativo que las prepare para actuar como contraparte de la acción del Estado cuando se reabran las puertas institucionales y, fuertemente vinculadas con sus pares en el ámbito internacional.

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Perspectivas (No. 103) es un informe de análisis político del Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO), y es parte del Observatorio de la Gobernabilidad que desarrolla esta institución


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