Política

La encrucijada de la OEA: El informe Almagro y la ausencia de EE. UU., ¿tienen los 24 votos?

El próximo miércoles sesiona el Consejo Permanente: Ortega no responde a la gestión diplomática, y la OEA aún no define los siguientes pasos

El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) espera los resultados del informe de su secretario general, Luis Almagro, para definir el próximo paso sobre la crisis sociopolítica de Nicaragua. Fuentes diplomáticas vinculadas al organismo regional esperan que el informe sea presentado el próximo miércoles 19 de enero, durante una sesión del Consejo Permanente programada para ese día.

El representante permanente de San Cristóbal y Nieves ante la OEA, Warren Everson Alarick Hull, tendrá la presidencia del Consejo Permanente hasta el 31 de marzo de 2022. Se desconoce hasta ahora la agenda de la sesión del 19 de enero, pero fuentes diplomáticas dijeron que el informe de Almagro puede ser presentado ese día, en sintonía con el plazo de tiempo pedido por el mismo secretario general para brindar los resultados de sus gestiones con el régimen orteguista.

El contenido del informe de Almagro y el resultado de sus presuntas gestiones diplomáticas con Ortega se maneja con hermetismo, mientras en los corrillos de la OEA se barajan distintas negociaciones para conocer de antemano si existen los 24 votos para aplicar el artículo 24 de la Carta Interamericana Democrática a Nicaragua. 

Este 10 de enero, pese a su aislamiento internacional y la ilegitimidad de su “triunfo electoral” del 7 de noviembre, Daniel Ortega se enfundó por cuarta vez consecutiva la banda presidencial. El régimen orteguista mantiene un proceso de salida de la OEA que inició este 19 de noviembre y que de acuerdo a los procedimientos establecidos, debe culminar en dos años a partir de esa fecha. 

La persistencia de Ortega en mantener su ciclo dictatorial coloca en una encrucijada a la OEA y sus instrumentos de presión diplomática y garantías democráticas, que no han sido suficientes para lograr una respuesta a la grave crisis sociopolítica en la que está inmersa Nicaragua luego de la matanza de abril de 2018, perpetrada por el régimen contra las protestas ciudadanas.

Canadá: Primero el informe de Almagro

El embajador de Canadá ante la OEA, Hugh Adsett, durante un evento auspiciado por el reconocido centro de pensamiento Diálogo Interamericano titulado “Nicaragua 2022: ¿Es posible una transición política?”, reconoció que el organismo regional no define aún cuál será el siguiente paso que darán sobre la crisis de Nicaragua, pero el mismo se tendrá que discutir después que el secretario general presente su informe final sobre los resultados de sus gestiones con el régimen orteguista.

Canadá, junto con Chile, coordina el Grupo de Trabajo del Consejo Permanente de la OEA sobre la situación de Nicaragua. El 17 de diciembre Almagro solicitó al Consejo Permanente un plazo hasta mediados de enero para presentar el informe del resultado de sus gestiones con el régimen orteguista.

Adsett se refirió a que las resoluciones sobre Nicaragua se han aprobado con dos tercios de los miembros del Consejo Permanente, pero reconoció que debe haber una mayor presión de estos para que las resoluciones tengan más peso diplomático y en ese sentido insistió en que Canadá ha tenido un rol predominante en el seno de la OEA en la búsqueda de un diálogo que destrabe la crisis en Nicaragua. 

El embajador Adsett insistió en que la comunidad internacional debe articular la presión diplomática en contra del régimen, con la demanda hecha por la diáspora nicaragüense y los grupos prodemocracia que tienen presencia dentro de Nicaragua.

OEA presos políticos Nicaragua
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, junto a su jefe de personal, Gonzalo Koncke, durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente para dar seguimiento a la situación en Nicaragua. Foto: OEA

Gonzalo Koncke de la OEA: difícil trabajar con Ortega y Murillo

Gonzalo Koncke, jefe de Gabinete del secretario general Almagro, quien también participó en el evento de Dialogo Interamericano, expresó por su parte que la intención del régimen de un “borrón y cuenta nueva” expresada por Ortega en su discurso de toma de posesión, “no era aceptable”.

Sin embargo, reconoció que “trabajar con Daniel Ortega y Rosario Murillo era muy difícil” debido a la intransigencia de la pareja dictatorial en aceptar al organismo regional como un mediador para lograr una salida a la crisis.

Koncke insistió “en que el secretario general Almagro está trabajando a cada momento y enfocado en lograr un acuerdo que ayude a superar esta crisis para los nicaragüenses”. Recordó que el rol de organismos regionales como la OEA es ayudar a que se dé un consenso interno para lograr los objetivos necesarios para restablecer las garantías democráticas en el país. 

Sin embargo, Koncke claramente evadió una pregunta sobre este tema hecha por el director de CONFIDENCIAL, Carlos Fernando Chamorro, quien también era uno de los panelistas en el evento de Diálogo Interamericano.

Chamorro preguntó: “¿Qué hará la OEA cuando Ortega simplemente bloquea cualquier posibilidad de negociación diplomática? ¿Qué tipo de presión es capaz de ejercer la OEA?”

Sin embargo, Koncke eludió la pregunta y se centró en relatar las gestiones del organismo en 2017, cuando firmaron un memorando de entendimiento en temas electorales —que no cumplió el orteguismo—; la solicitud en 2018 para lograr el ingreso al país de la CIDH y del GIEI; y en 2019, cuando junto con la Iglesia católica intercedieron por la liberación parcial de los presos políticos en el segundo diálogo nacional, cuyos acuerdos para suspender el estado policial Ortega tampoco cumplió. 

Aunque la efectividad de la OEA en su rol para facilitar una solución en la crisis nicaragüense está en entredicho, analistas y especialistas consultados por CONFIDENCIAL insisten en que debe mantenerse e incluso aumentar, la presión de parte de los países miembros del organismo regional hacia el régimen orteguista.

“Es esencial que los Estados miembros de la OEA continúen haciendo un análisis riguroso de las condiciones en el país y la falta de cumplimiento con las recomendaciones de la resolución del 8 de diciembre, que incluyen liberar a los presos políticos, realizar reformas electorales, revocar las leyes que restrinjan la participación política y que se permita el retorno de los órganos internacionales de derechos humanos de la ONU y del sistema interamericano”, insistió Tamara Taraciuk Broner, directora interina para las Américas de Human Rights Watch, la reconocida organización que lucha por los derechos humanos y civiles.

La urgencia del artículo 21 de la Carta Democrática

Taraciuk Broner afirmó que la puesta en marcha del nuevo ciclo de gobierno por parte de Ortega y Murillo a partir del 10 de enero es desde su punto de vista una consolidación de la dictadura en Nicaragua.

Esto se suma al dramático deterioro de la situación de derechos humanos en el país, las detenciones de opositores políticos y críticos y los procesos judiciales arbitrarios en su contra, además de los ataques abiertos a las instituciones elementales de cualquier democracia, como la sociedad civil y la prensa independiente.

“Ante la escalada de esta crisis, la comunidad internacional ha respondido con pronunciamientos de preocupación. La OEA inició la discusión sobre la aplicación de la Carta Democrática Interamericana y en casos como Estados Unidos y la Unión Europea, se adoptaron sanciones dirigidas hacia funcionarios públicos implicados en la brutal represión. Desgraciadamente, no ha alcanzado”, reconoció Taraciuk Broner

“Si ello no ocurre, lo cual es francamente bastante difícil de imaginar, deberán aplicar urgentemente el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, según el cual Nicaragua podría ser suspendida de la OEA con una mayoría de dos tercios de los votos”, agregó.

La postura de la directora interina de Human Rights Watch es compartida por otras personalidades como la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, quien igualmente demanda una actitud más enérgica del organismo regional.

“Si a estas alturas, después de casi un mes de que se hizo la última gestión, (Ortega) no ha respondido y más bien le dio un portazo en las narices a la OEA avanzando hacia el quinto mandato, a mí me parece que ya hay que dar el paso siguiente, que es avanzar hacia la aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana” dijo Chinchilla en una entrevista en el programa Esta Noche.

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La presidenta del CSE, Brenda Rocha, posa durante la toma de posesión junto a Daniel Ortega y Rosario Murillo. Foto: Gobierno

Falta de mayoría calificada limita acción de la OEA

El también expresidente costarricense Luis Guillermo Solís, quien  además fue jefe de la misión de observación electoral de la OEA durante las elecciones de Honduras del 28 de noviembre, lamentó que pese al alto grado de consenso entre los países miembros del organismo regional, no se ha logrado alcanzar los votos requeridos para aplicar sanciones o incluso, la suspensión de Nicaragua establecida en la misma Carta Democrática Interamericana.

“Se ha limitado la acción multilateral de manera decisiva. Lamentablemente, mientras no exista en el Consejo (Permanente) ni en la Asamblea General de la OEA una mayoría que contundentemente proponga y sostenga una línea estricta de repudio contra la dictadura de Ortega y Murillo, va a ser imposible que el papel de la organización sea determinante”, afirmó el expresidente costarricense.

“Las medidas que la OEA ha adoptado frente a la continuidad del régimen de Ortega y Murillo son todas de naturaleza diplomática No pueden ser de otra manera. Han estado encaminadas a promover un aislamiento creciente de la dictadura”, añadió.

Sin embargo, Solís remarcó que desde su punto de vista, el consenso entre los países miembros de la OEA sobre la crisis de Nicaragua ha crecido, debido a lo que calificó como un “remedo de elecciones precedido de la campaña de terror”, en referencia a la escalada represiva que inició en mayo del año pasado que se tradujo es una escalada de secuestros y encarcelamientos de siete precandidatos presidenciales, dirigentes opositores, activistas por los derechos humanos, periodistas, líderes estudiantiles y políticos, campesinos y empresarios.

“Toda esta oleada represiva colocó al régimen por primera vez, de manera cierta, en ruta a una suspensión de su membresía en la Organización. Previéndolo, Nicaragua se adelantó y anunció su retiro unilateral de la OEA. En estos momentos la Secretaría General está diligenciando los procesos establecidos en la Carta para estos casos y con toda seguridad, Nicaragua se retirará de la OEA en el plazo de dos años previsto por la Carta”, advirtió el expresidente costarricense.

Michael Shifter: Reacción “decepcionante y tardía” 

Michael Shifter, presidente de Diálogo Interamericano, también hizo hincapié en lo que calificó como una “decepcionante y tardía” reacción de la comunidad hemisférica ante el agravamiento de la crisis de libertades civiles y violación de los derechos humanos en Nicaragua.

“Si bien las herramientas de la OEA frente un estado policial de facto como Nicaragua son limitadas, también es cierto que la reacción de la comunidad hemisférica a las barbaridades cometidas por la dictadura ha sido tarde y decepcionante. Por un lado, hay que reconocer que las resoluciones han sido progresivamente duras, la última bastante buena, lo cual es alentador. Pero al mismo tiempo es difícil entender, dado la gravedad de las violaciones, que hasta ahora no se haya invocado la Carta Democrática y Nicaragua no haya sido suspendida de la OEA”, remarcó Shifter.

Estados Unidos sigue sin embajador ante la OEA

El rol de Estados Unidos como el motor de las presiones en contra del régimen orteguista es determinante, pero actualmente el hecho de que el país norteamericano no cuente con un embajador ante la OEA se ha convertido en un obstáculo que afecta el trabajo referido a la crisis nicaragüense.

“Aunque la posición de la Administración de Joe Biden sobre Nicaragua está bien clara y bienvenida, todavía falta desarrollar una política con respecto a la OEA. Por cierto, una limitación significativa ha sido no contar con embajador instalado todavía, lo que es lamentable. Ojalá que este año el Senado de los Estados Unidos actúe con rapidez y confirme el embajador nombrado por la Administración Biden, quien es gran conocedor de América Latina y muy capaz. Para poder encabezar iniciativas sobre Nicaragua dentro de la OEA, es crucial tener un embajador estadounidense con autoridad y credibilidad”, afirmó Shifter.

Biden propuso como representante de Estados Unidos ante la OEA al profesor cubanoestadounidense Frank O. Mora, de la Universidad Internacional de Florida (FIU), quien está en espera de ser confirmado por el Senado del país norteamericano.

Taraciuk Broner agregó que el rol de la Administración de Joe Biden es fundamental para liderar los esfuerzos en la OEA y que paralelamente, se deben fortalecer los mecanismos de sanciones en contra de funcionarios del régimen orteguista.

“Para que las sanciones sirvan, no deben ser un fin en sí mismo. Y para que duelan, deben llegar hasta los niveles más altos e incluir al propio Ortega. EE.UU. debería dar ese paso y, además, coordinar estas sanciones con otros Gobiernos. Por otra parte, además de los esfuerzos en la OEA, el Gobierno de Biden debería aprovechar que ahora ha vuelto al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra para impulsar, en las próximas sesiones del Consejo en febrero o marzo de 2022, la creación de un mecanismo independiente internacional para que documente y exponga las gravísimas violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen de Ortega”, puntualizó.

Costa Rica: relaciones tensas, pero pragmáticas

Otro país clave en la encrucijada de la OEA es Costa Rica, una de las democracias más sólidas de la Latinoamérica y que es la principal receptora del exilio nicaragüense que huye de la represión y persecución de la dictadura. El país enfrenta sus próximas elecciones el 6 de febrero, pero esto no implicaría un cambio en el rol de denuncia de los atropellos del orteguismo.

“Costa Rica mantendrá unas relaciones tensas, pero pragmáticas con relación a la dictadura. Por una parte, no puede desconocer las gravísimas violaciones a los derechos humanos. Costa Rica no puede mantenerse impávida frente al irrespeto reiterado a principios, valores y normas que constituyen la esencia de su propio régimen político. Por la otra, tampoco puede desconocer que tiene una frontera de casi 400 kilómetros con Nicaragua y que viven en su seno más de 500 000 asilados, refugiados económicos o personas desplazadas cuya atención requiere de una plataforma operativa con el Gobierno de Nicaragua”, advirtió el expresidente

Todo indica que el siguiente movimiento para desenredar la compleja madeja de la crisis nicaragüense, al menos en el alcance que pueda tener la influencia de la OEA, dependerá en un corto plazo, de lo que definan los países miembros del organismo regional luego de conocerse el informe del secretario general Luis Almagro.

De ahí hacia adelante restará ver si los atropellos del orteguismo finalmente determinan una postura firme y definitiva del organismo  con base en lo que establecen sus normas, o simplemente se vuelve un tema secundario, atrapado entre en el tira y encoge de la diplomacia del hemisferio.


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