13 de junio 2021
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"Injerencia". Es la palabra más usada por el régimen de Daniel Ortega cuando se refieren a una resolución desfavorable que sale desde el seno de la Organización de Estados Americanos. Pero en 1979, un pronunciamiento emitido tras la Decimoséptima Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores fue parte de lo que provocó las condiciones de la caída de la dictadura somocista. En aquel entonces, la OEA si fue útil para los sandinistas.
En 1979, el diplomático panameño Juan Antonio Tack, cedió la silla a la junta de gobierno sandinista que se encontraba en el exilio, para que Miguel D'Escoto Brockman, expusiera ante los demás países la situación en la que se encontraba Nicaragua en ese entonces, en el foro que estaba integrado por 13 dictaduras militares y 12 gobiernos civiles, según reportó el diario El País en ese entonces.
Según la resolución emitida el 23 de junio de 1979, "desde el punto de vista de la Decimoséptima Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores esa solución (al grave problema de los nicaragüenses) debería inspirarse en las siguientes bases", para pasar a enumerar una serie de propuestas en las que se encontraba en primer lugar el "reemplazo inmediato y definitivo del régimen somocista".
Además, recomendaban la instalación en Nicaragua de un gobierno democrático cuya composición fuera de todos los actores de oposición al régimen somocista "y que refleje la libre voluntad del pueblo de Nicaragua".
En el 2018 el régimen de Ortega desató una masacre contra la población civil desarmada que protestaba para que renunciara al poder, que, en ese entonces, ocupaba desde el año 2007, y que hasta la fecha mantiene, apoyado por las fuerzas policiales y militares. Según un informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la arremetida orteguista contra los manifestantes dejó al menos 328 muertos.
En un comunicado publicado dos días después de iniciadas las protestas, el 20 de abril, la OEA condenó los hechos de violencia e hizo un llamado a la paz. "La Secretaría General condena todo tipo de violencia y los asesinatos cometidos contra los ciudadanos civiles Richard Edmundo Pavón Bermúdez y Darwin Manuel Urbina Urbina, y el Sub Inspector de Policía Hilton Rafael Manzanares Alvarado. Al mismo tiempo, hace un llamado a la paz, al respeto de la institucionalidad y a esclarecer los crímenes cometidos", decía parte del comunicado, emitido el 20 de abril de 2018.
Ahora, el orteguismo acusa a la OEA de violentar la "soberanía de los pueblos"
En junio se celebró la 49 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, donde intervino el representante de Nicaragua Valdrack Jaentschke, quien consideró los hechos como "injerencia", ya que los demás países discutieron la situación del país y que el régimen orteguista consideró que "no abona a la paz".
"Hemos presenciado nuevamente otro ejercicio de injerencia de un grupo de países que forzaron durante todo este día esta votación, una injerencia en los asuntos internos de Nicaragua que no es más que una reedición moderna de lo que el pueblo nicaragüense ha tenido que enfrentara lo largo de toda nuestra historia", dijo en 2018 el entonces vicecanciller y representante de Nicaragua en la OEA, Valdrack Jaentschke, cuando el organismo emitió una resolución sobre la situación en Nicaragua.
El embajador Jaentschke fue retirado del servicio diplomático del régimen orteguista en febrero del 2021, sin que el Gobierno explicará los motivos de esta decisión,
Para este próximo 15 de junio, está convocada una nueva reunión del Consejo Permanente de la OEA, para "abordar la situación de Nicaragua", a solicitud de Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Paraguay, y Perú. "Durante la reunión se discutirá el Proyecto de resolución La situación en Nicaragua", según indica la convocatoria realizada por la página oficial del organismo.
En una entrevista en Confidencial Radio, transmitido por Radio Corporación, el exembajador alterno ante la OEA Mauricio Díaz, expresó que "conociendo la naturaleza de este régimen, una probable resolución de suspensión lo pueden presentar como una victoria. Pareciera que Nicaragua está anclada en el tiempo. Pareciera que llegamos a 1978-1979, que seguimos atrapados en esa lógica de guerra y confrontación, luchas intestinas y la falta de libertades de un régimen que nos quiere negar el derecho a votar”.
Ambigüedad de Almagro
Desde el inicio de la crisis política en Nicaragua, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos ha estado bajo la lupa de los grupos opositores por negarse a reconocer que en Nicaragua hay una dictadura. Por ejemplo, monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua en 2018 cuestionó la posición de Almagro de quien dijo era "severo", para referirse a otros países de América Latina, pero "ambiguo y evasivo", cuando se trata de hablar de Nicaragua.
De igual manera en 2019, Almagro participó en un evento social-demócrata en Chile, y mientras se refirió a Cuba y Venezuela como dictaduras, omitió hablar de Nicaragua.
Sin embargo, en una entrevista en CNN el 10 de junio de 2021, Almagro expresó ante Fernando del Rincón "no tiene duda la Secretaría General que hoy, el ejercicio de poder (en Nicaragua) no se ajusta al Estado de derecho democrático, que el ejercicio de poder está deslegitimado por estas circunstancias y que por lo tanto es necesario tomar acciones que tienen consonancia con el artículo 21 de la Carta Interamericana. (...) Estoy utilizando la terminología de la Carta Interamericana que no utiliza la palabra dictadura en ningún punto, pero si usted lo quiere categorizar de esa manera si cuando el ejercicio del poder no se hace de acuerdo al Estado de derecho democrático, es una dictadura".
El exembajador representante ante las Naciones Unidas Julio Icaza, explica lo que puede significar este cambio de posición en la Secretaría General de la OEA. "La posición de Almagro sobre lo que ocurre en Nicaragua ha cambiado sustancialmente a partir de los sucesos de abril de 2018. En sus últimas declaraciones e informes ha sido muy claro, en el sentido de considerar que en Nicaragua no se respetan los derechos humanos y no existe democracia ni Estado de Derecho. Pero el criterio del Secretario General aún siendo importante no es lo definitivo: la última palabra la tienen los países miembros de la OEA. Ya veremos cual es la posición de cada uno de ellos, cuando se someta a votación esta propuesta el próximo martes", dijo Icaza.
No habrá expulsión ni suspensión
Según el analista internacional Ricardo de León, para el próximo martes no habrá una suspensión de Nicaragua del organismo. Por el contrario, está convocada una reunión del Consejo Permanente, que a la vez podría decidir si convocar a una reunión de la Asamblea General para discutir la suspensión de Nicaragua. De León aclara que la figura de expulsión, ya no está contemplada en el organismo, de hecho el único país al que se le aplicó fue a Cuba en 1962, porque sí estaba contemplado en la Carta Constitutiva de la OEA.
Aunque el analista explica que, la palabra expulsión nunca ha estado contemplada en el organismo, sin embargo sí se usa exclusión.
"Ya quedó relegada y ahora se ocupa la figura jurídica de la suspensión, con el objeto de que el Estado suspendido recapacite en sus acciones y revierta dicha situación para volver a pertenecer al Sistema Interamericano", explicó el analista.
En el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, la OEA determina que "cuando la Asamblea General, convocada a un período extraordinario de sesiones, constate que se ha producido la ruptura del orden democrático en un Estado Miembro y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas, conforme a la Carta de la OEA tomará la decisión de suspender a dicho Estado Miembro del ejercicio de su derecho de participación en la OEA con el voto afirmativo de los dos tercios de los Estados Miembros. La suspensión entrará en vigor de inmediato".
Argumentos son los mismos
En 2018, el educador Carlos Tünnerman, explicó a CONFIDENCIAL que las palabras que usó en aquel entonces el régimen de Somoza como "injerencismo, acciones terroristas o distorsión" para referirse a la lucha guerrillera del Frente Sandinista, son similares a las que hoy el régimen utiliza para calificar a quienes denuncian las graves violaciones de derechos humanos que comete el sandinismo contra los opositores.
Ante la OEA, en 1979, el entonces canciller Julio Quintana de Nicaragua alegó que la situación del país había sido “distorsionada por fuerzas extrañas con fines políticos y difundidas al exterior con el propósito de desprestigiar al país y al Gobierno legítimamente constituido”.
La vicepresidenta del régimen, Rosario Murillo, ha calificado de "noticias falsas", las denuncias contra el régimen, y para tratar de "controlar" las conversaciones alrededor del tema, Ortega mandó a aprobar en la Asamblea Nacional controlada por su partido la Ley Especial de Ciberdelitos, que castiga con cárcel las informaciones que la dictadura considera falsas.
Propuesta de resolución de Canadá
En un borrador publicado en la página web de la Organización de Estados Americanos, Canadá propone un proyecto de resolución en el que plantean condenar el arresto de opositores, y expresar su preocupación por el hecho de que el Gobierno de Ortega no implementó las reformas electorales recomendadas por el organismo cuyo plazo se venció en mayo de 2021.
"Condenar inequívocamente el arresto, acoso y restricciones arbitrarias impuestas a los posibles candidatos presidenciales, a los partidos políticos y a los medios de comunicación independientes, y pedir la inmediata liberación de los posibles candidatos y de todos los presos políticos", dice el punto dos de la resolución que será discutida el próximo 15 de junio.
Pero también el organismo se prepara para hacer otras recomendaciones al país, a pesar que las modificaciones a la Ley Electoral no se hicieron conforme fueron aconsejadas, y por el contrario, el régimen hasta quitó personerías jurídicas a nuevos partidos como el Partido de Restauración Democrática (PRD).
"Instar enérgicamente al Gobierno de Nicaragua a que, sin demora, implemente medidas legislativas y de otro tipo que sean acordes con las normas internacionales aplicables a fin de promover unas elecciones libres y justas en noviembre, incluido el buen recibimiento de observadores electorales fidedignos de la OEA y de otros países", dice el último punto de la resolución.
