Política

Juristas: Leyes represivas de Ortega imponen “totalitarismo” en Nicaragua

Afirman que no se puede participar en elecciones con cierre total de libertades democráticas en 2021; régimen viola 35 artículos de la Constitución

El fracaso del estado policial, instaurado en octubre de 2018 por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo con la prohibición de marchas cívicas, está escalando a convertirse en un “estado totalitario”, en el que no existe ningún tipo de libertad, con la aprobación de un combo, hasta ahora, de nueve leyes punitivas, advierte la abogada experta en Derecho Penal y académica integrante de la Alianza Ciudadana, María Asunción Moreno.

“Consideramos que estas normativas aprobadas por el régimen son parte de un proceso de suspender las libertades y derechos, que empezó desde hace dos años, pero que van camino a la eliminación total de las libertades y derechos constitucionales”, explica.

Entre octubre y diciembre de 2020, el Gobierno aprobó con su aplanadora en la Asamblea Nacional la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, que segrega a los nicaragüenses y restringe sus derechos políticos; también la Ley Especial de Ciberdelitos, que ha sido bautizada como “Ley Mordaza”, por el control que pretende sobre las redes sociales. Igualmente, aprobó y ratificó una reforma a la Constitución Política, para imponer la cadena perpetua por supuestos “crímenes de odio”; y una “Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, soberanía y autodeterminación para la paz”, que anula la competencia política para los comicios generales de 2021.

Esta semana, los diputados sandinistas también presentaron una iniciativa de reforma y adición al Código Procesal Penal de Nicaragua (Ley 406), para ampliar de 48 horas hasta 90 días, el tiempo en que una persona puede permanecer detenida sin ser acusada.

Durante una entrevista en el programa Esta Semana, Moreno indicó que “hay una estrategia legal dirigida a que los ciudadanos no podamos ser ciudadanos”.

Imposible participar en elecciones

El jurista y miembro de la Coalición Nacional, quien además fue diputado y presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional, José Pallais, coincide en que el país va rumbo a un estado totalitario porque el régimen Ortega-Murillo está enviando el mensaje claro de que “no desea tener elecciones de calidad bajo estándares democráticos internacionales”.

Pallais afirma que, por el contrario “se pretende instaurar una nueva farsa y se ha venido preparando, además, con leyes represivas y que hace imposible participar en unas elecciones”.

“La represión llega a todos los niveles, y tienen una desesperación de intentar controlar a los ciudadanos, de imponer el terror y paralizar cualquier intento de protesta o de votar siquiera en unas elecciones”, insiste el jurista.

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Para la doctora Moreno, ante la falta de institucionalidad y la falta del Estado de derecho, la oposición no puede ir a elecciones sin reformas electorales, pero tampoco sin el restablecimiento de derechos y libertades constitucionales, “que incluye la derogación de estas normativas punitivas, así como la liberación de los presos políticos”.

Las elecciones están previstas para el primer domingo de noviembre, pero “hay una
estrategia legal dirigida a que los ciudadanos no podamos ser ciudadanos”, denuncia
penalista Asunción Moreno. // Foto: Archivo | Confidencial

“No podemos elegir candidatos si no hay libertad, no se puede manifestar, no podemos hacer proselitismo, más de 100 presos políticos, 80 ciudadanos bajo casa por cárcel, más de 100 000 en el exilio. Sin duda tenemos que unirnos para derogar esas leyes y empezar de cero la institucionalidad”, expresa.

“No quieren dejar la mínima libertad”

Moreno apunta que todos los mecanismos de represión que empezó a aprobar el régimen “están destinados a castigar a la oposición”.

“Estamos en una dictadura y quieren controlar a quienes estemos en todo el territorio nicaragüense, sea una persona nacional o un extranjero. No quieren dejar ni un mínimo espacio de libertad, por el contrario, se quiere instaurar un régimen totalitario que tenga un control absoluto de todo lo que pasa en el país”, advierte la penalista.

Por su parte, Pallais manifiesta que las leyes represivas muestran que el régimen quiere seguir evitando la organización de la oposición y quien se atreva a desafiarlos será detenido, “porque continúan usando al Poder Judicial como una herramienta de represión política”.

“La desesperación y la paranoia del régimen lo están llevando a estos absurdos de intentar que el Poder Judicial refuerce su capacidad represiva, porque les ha fracasado la capacidad represiva de hecho a través de la Policía y del Ejército”, aseguró.

Pretenden legalizar las detenciones ilegales

La iniciativa de reforma al Código Procesal Penal de Nicaragua “equivale a que terminan con el principio de presunción de inocencia” y rompe con el modelo acusatorio garantista y moderno que sería cambiado “por el viejo modelo inquisitorio”, valora Pallais.

El FSLN, denunciado por mantener a presos comunes y políticos sin una causa, aún después de las 48 horas que establece la Constitución, ahora busca reformar los artículos 253 y 254 del Código Procesal Penal, para ampliar a 15 o hasta 90 días el tiempo de detención. La iniciativa de reforma y adiciones fue presentada por la diputada del FSLN, Maritza Espinales, a la primera secretaria de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, la también diputada oficialista Raquel Dixon.

A juicio de la doctora Moreno, esta iniciativa representa “un retroceso a las garantías constitucionales” de los ciudadanos, a la presunción de inocencia, a la libertad personal, y revierte un proceso de reforma penal iniciado entre 2000 y 2008, “cuando se constitucionalizó la justicia penal”.

El proyecto promueve, por el contrario, “la retardación de justicia” y “legaliza los patrones de detenciones arbitrarias” que se viven en Nicaragua desde el inicio de la Rebelión de Abril en 2018.

“Limbo jurídico”

La diputada del FSLN, Maritza Espinales, argumenta en la presentación de la iniciativa que, en los códigos de procedimiento penal en Latinoamérica el plazo promedio de la “investigación preparatoria” de las acciones penales toma de tres a seis meses prorrogables, que atribuye a “garantizar la tutela del principio de presunción de inocencia con una amplia y profunda investigación”.

“Nicaragua es el único país que restrictivamente tiene que presentar la acusación en el corto plazo de 48 horas, cuando la persona está detenida ante la autoridad competente, lo que limita realizar una investigación exhaustiva”, alega. Sin embargo, la diputada omite que el Gobierno, a través de la Policía Nacional y el Ministerio Público como brazo represor, actúan en la fabricación de delitos contra ciudadanos que son objeto de persecución política por su oposición al Gobierno.

Pallais insiste que la propuesta de los diputados sandinistas pretende “que te puedan encarcelar sin acusarte de nada”. Asimismo, valora que tiene un trasfondo político, porque —si la preocupación fueran los delitos de tramitación compleja— estos ya están establecidos en el Código Procesal Penal y otras leyes.

“Esto ya existe y al igual que, en otros países, por lo que no se requiere la aprobación de un plazo de hasta 90 días para tener detenido a un ciudadano, sin siquiera hacerle la acusación”, critica.

El jurista indica que la norma internacional “es que primero se investiga y luego se detiene, la excepción es la detención en circunstancias determinadas”.

“En el régimen actual de Nicaragua la regla es la detención y con esta reforma pretenden llegar al extremo de que te van a detener para después ver, pensar o determinar de qué delito acusarte”, alerta.

De la misma forma, Moreno sostiene que la reforma no era necesaria “salvo que están pensando privar de libertad a personas hasta por 90 días” lo que provocaría que estén “en un limbo jurídico, porque después de las 48 horas van a tener hasta 90 días sin medidas cautelares, sin audiencia, detenidas de manera arbitraria”.

Leyes represivas son inconstitucionales

La penalista argumenta que todas estas leyes son ilegales, porque violan la Constitución Política de Nicaragua. Puso como ejemplo, el caso de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, que “quita la nacionalidad” a los nicaragüenses que reciban fondos del exterior.

“En la normativa de esa ley establecen que el Ministerio de Gobernación puede abrirte causas penales, si ven que no detallas la información, deciden si vas a recibir o no los fondos extranjeros (…), están facultando a un superministerio”, lamenta.

Moreno detalla que, solamente esa ley, viola 35 artículos de la Constitución Política. “Viola el 14% de la Constitución y por eso ha sido recurrida”, insiste.

Sobre la Ley Especial de Ciberdelitos, conocida como “Ley Mordaza”, Pallais considera que “revela que estamos pasando de un estado policial a un estado de espionaje institucionalizado”.

“Si vos revisás toda la información privada de los ciudadanos; si pretenden saber con quién te comunicás, cuántas veces, a dónde vive esa persona (…) estamos hablando —compara— que el ‘Gran Hermano’ ya nos vigila”.


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