19 de noviembre 2020
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La aplicación del tridente de leyes punitivas, aprobadas en menos de un mes por el régimen de Daniel Ortega, será de forma selectiva, afectando a ciudadanos y organizaciones que sean “incómodas o molestas” para el partido de Gobierno, afirma el abogado constitucionalista, Gabriel Álvarez.
El tridente de leyes incluyen la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, la Ley Especial de Ciberdelitos o Ley Mordaza y la reforma constitucional que impone la cadena perpetua por "crímenes de odio", ordenadas por el régimen en la Asamblea Nacional.
La aplanadora orteguista aprobó el 15 de octubre la Ley de Regulación Agentes Extranjeros, considerada violatoria de los derechos de los nicaragüenses, porque obliga tanto a organizaciones como personas naturales que reciben fondos del extranjero, a registrarse como “agentes” ante el Ministerio de Gobernación (Migob), conculcando sus derechos políticos de participación, entre otras libertades públicas.
Una semana después, el 27 de octubre, los sandinistas aprobaron la Ley Mordaza, que busca silenciar a la población, y se constituye como una amenaza directa contra las libertades de expresión y de prensa y el uso de redes sociales. La Ley establece penas de dos a ocho años por la comisión de delitos como la propagación de noticias falsas, información confidencial de las instituciones, a partir de calificaciones que quedan a discreción del régimen.
Falta de condiciones comprueba discrecionalidad
En una entrevista brindada al programa Esta Semana, Álvarez explica que al ser leyes tan amplias, si hubiese un intento de aplicarse de manera igualitaria, a como lo establece la Ley, no sería posible; no hay recursos, ni humanos, ni financieros, tampoco logísticos, para que se cumplan de forma ordinaria.
Además, destaca que el régimen orteguista ha violentado todo el marco jurídico del país, convirtiendo a las instituciones del Estado en herramientas de represión contra la oposición, como sucedió con los múltiples juicios contra presos políticos, y el encarcelamiento de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda, excarcelados en junio de 2019, por supuesta incitación al odio.
Al respecto, el también jurista explica que todos los gobiernos, los democráticos, por convicción, pero también los autoritarios y dictatoriales se decantan por “aparentar legalidad” y prefieren presentarse ante los foros internacionales bajo una fundamentación jurídica. “No es fácil para ningún gobierno (...) estar defendiendo violaciones y aberraciones sobre ningún fundamento legal. Es decir, no solo son arbitrariedades y no solo actuaciones violatorias de derechos humanos, sino de facto, en el aire”, expresa.
Aunque el país vive bajo represión, a tal punto, que los excarcelados y líderes de la oposición, están bajo el asedio policial, les impiden salir de sus casas o movilizarse más allá de Managua, Álvarez advierte que puede venir todavía más represión y por ende, estas se presentarían al mundo bajo esa legalidad y no de facto, a como lo han venido haciendo.
“Todos los poderes dependen de la voluntad política, de los intereses políticos de los señores Ortega y Murillo, pero si me parece que es muy diferente defender ante la comunidad internacional una actuación con fundamento legal o la misma actuación sin ningún fundamento legal, y eso es lo que ellos quieren”, expresó Álvarez.
¿Qué impacto tendrán estas leyes?
La entrada en vigencia de estas leyes, en menos de sesenta días, implicará cambios, que pueden ser inmediatos, como que unos cooperantes decidan irse, mientras otros se queden, indica Álvarez.
“La intimidación y la amenaza que significan estas leyes va a surtir algún efecto parcial y por lo tanto, los derechos de asociación y de participación política, así como los de información y expresión yo creo que si van a sentir un impacto”, alerta el jurista.
Sin embargo, hay una mayoría de organizaciones, sectores que van a seguir ejerciendo sus derechos, tratando de esquivar los efectos más perniciosos, que no solo afecta a periodistas, sino a la población en general, ya que no hay ningún sector blindado ante impacto de estas leyes, sostiene.
El también jurista respaldó que organizaciones no gubernamentales interpongan recursos por inconstitucionalidad a la Ley de Regulación Agentes Extranjeros. El pasado 29 de octubre, la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) junto a la Organización Víctimas de Abril, presentaron un recurso en la Corte Suprema de Justicia.
Álvarez valora que es “positivo” que se utilicen los instrumentos que ofrece el Estado, pese a que haya un régimen que no respeta la legalidad, y tiene sometido a los poderes que administran justicia.
Al utilizar dichos instrumentos, explica, se está haciendo lo correcto dentro de una visión y mentalidad de Estado democrático de Derecho y además, crea las condiciones para acudir a la jurisdicción internacional, donde a un plazo mayor, hay más posibilidades de encontrar justicia.
“Yo tengo que aplaudir, saludar e invitar a las organizaciones y sectores que todavía no están convencidos que esta es una buena manera de iniciar el enfrentamiento, debo decirlo de esa manera, en esta fase política de Nicaragua a hacerlo. Yo creo que eso es correcto”, expresó.
El plazo establecido para interponer un recurso de inconstitucionalidad es de 60 días a partir de la entrada en vigencia de la ley, como ha pasado con la de Agentes Extranjeros, no así, la Ley Mordaza, que se podrá hacer hasta que pasen los 60 días desde que fue aprobada, tal como se estableció.
Si una persona estima que la ley violenta sus derechos constitucionales, tendrá 30 días para recurrir de amparo, a partir que le sea notificado una amenaza de violación de sus derechos. “Los nicaragüenses no debemos hacer y no me parece que sea lo mejor hacer lo que el Gobierno hace. El Gobierno no aplica la legalidad, finge legalidad e interés en respeto de la legalidad. Yo por eso voy a insistir siempre en que se utilicen estos recursos. No se puede actuar, no se debe actuar de la misma manera de desprecio al Derecho como lo hace el gobierno (…)”, considera.
¿Quién determinará que es información falsa y qué no?
La Ley Mordaza señala en el artículo 30 que “quien, usando las Tecnologías de la Información y la Comunicación, publique o difunda información falsa y/o tergiversada, que produzca alarma, temor, zozobra en la población, o a un grupo o sector de ella a una persona o a su familia, se impondrá la pena de dos a cuatro años de prisión y trescientos a quinientos días multa”, pero no establece bajo qué criterios se discriminará qué es falso de lo que no. Estas leyes serán impartidas por autoridades sujetas al régimen orteguista.
Álvarez explica que uno de los elementos más lesivos de las leyes son las autoridades que las van a aplicar.
“Ni la Policía, ni el Ministerio Público, ni los jueces tienen ninguna garantía de aplicar esto de manera imparcial, sino todo lo contrario. Se ha venido demostrando desde hace muchos años, y no solo desde abril de 2018, que se aplican las leyes de conformidad con las orientaciones, con los intereses políticos del Gobierno del señor Ortega y la señora Murillo”, expresó el jurista.
En un primer momento, la Policía y el Ministerio Público, serán los encargados de valorar una denuncia ciudadana, pero en términos definitivos serán los jueces. “El juez es el que va a determinar si hay o no una información falsa en los términos que describe la Ley y esto significa, lamentablemente, ya en términos reales, (que) va a ser el Gobierno (…)” porque quienes reciben las orientaciones son los magistrados y jueces.
“Quien va a aplicar estas tres leyes lesivas en sí misma va a ser una autoridad que no tienen ningún respeto por la imparcialidad e independencia que lo debe caracterizar...”, criticó.
