4 de mayo 2019
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La aplicación de la Carta Democrática Interamericana al régimen de Daniel Ortega, en la Organización de Estados Americanos (OEA), avanza entre el Consejo Permanente, mientras Ortega se queja de las sanciones impuestas por Estados Unidos, pero sigue violando las normas democráticas y los derechos humanos de los nicaragüenses.
El jurista boliviano Jaime Aparicio, exjefe de la misión de observación electoral del Centro Carter en Nicaragua en las elecciones de 2006, explicó en el programa Esta Noche que en una situación como la de Nicaragua la OEA siempre busca una negociación. Sin embargo, debido a la similitud entre los regímenes de Daniel Ortega y Nicolás Maduro "se ha visto que las negociaciones no llevan a ningún lado" y "lo que correspondería es que directamente se tomen sanciones".
El embajador Aparicio fue uno de los expertos que participó en la sesión especial de la OEA para evaluar las violaciones a la Constitución Política de Nicaragua y en esta entrevista expresa que las sanciones del órgano multilateral consisten en la posible expulsión de Nicaragua, situación que dejaría al régimen de Ortega fuera de organismos financieros como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Mundial.
"El BID es un organismo especializado de la OEA, el BID, en este sentido, depende de la OEA, o sea que, si Nicaragua es expulsada, automáticamente ya deja de pertenecer al Banco Interamericano de Desarrollo", dijo Aparicio, quien no descarta la posibilidad de que las sanciones de la OEA repercutan en organismos como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), institución que sigue oxigenando al régimen de Ortega.
En el debate del Consejo Permanente de la OEA, se ha empezado a hablar, no solamente de las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, sino también de la ilegitimidad de origen del régimen de Ortega. ¿Qué repercusiones políticas tiene esta conclusión para el debate sobre la aplicación de la Carta Democrática?
La exposición que hicieron varios expertos en la reunión del Consejo Permanente en la Organización de Estados Americanos ha servido para demostrar una continuidad en las violaciones a la democracia que se han dado en Nicaragua desde que fue legítimamente elegido en 2006, a partir de eso hubo una deriva autoritaria y una concentración ilegal de los poderes del Estado en Nicaragua, y lo que se ha demostrado en este panel de expertos es que en este momento están dadas las condiciones para aplicarle a Nicaragua la Carta Democrática Interamericana, que en su artículo veinte, se refiere precisamente a esta clase de situaciones, donde en un país se ha dado una ruptura institucional, se ha roto el Estado de derecho, y acá se ha roto el Estado de Derecho, como bien lo dijiste, desde el origen de las últimas elecciones, que ha sido ilegal, anticonstitucional y contra los propios convenios internacionales, de los cuales Nicaragua es parte; y se ha ido violando otros elementos de la democracia, como es la libertad de expresión, la libertad de poderes, la falta de una justicia autónoma, los ataques a los derechos de asociación, la persecución de periodistas, es decir, se han violado todos y cada uno de los elementos esenciales de una democracia, en Nicaragua.
Ahora, usted como jurista representó al excandidato presidencial Fabio Gadea, en un reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la reelección inconstitucional de Daniel Ortega en 2011, ¿Qué relevancia tiene la admisión de este reclamo en la CIDH, siendo que es algo que ocurrió ya, digamos, hace siete años?
Sí, tiene mucha importancia porque el hecho de que haya sido admitido pese a que han pasado más de seis, siete años de que se haya presentado este caso, muestra que ahora estamos entrando en una fase en la que la CIDH tiene que ver el caso de fondo, es decir, referirse a las violaciones constitucionales del Estado nicaragüense y del Gobierno de Daniel Ortega a los derechos del entonces candidato Fabio Gadea. Pero lo más importante en este tema, y creo que es lo vital, es que se va a demostrar que la candidatura del presidente Ortega fue ilegal, la candidatura fue…, se realizó utilizando un subterfugio legal que violó la Constitución, y que solo fue posible gracias al control que tenía el presidente sobre la Corte, la Sala Constitucional, la Corte Suprema, y el Consejo Supremo Electoral, sin eso, esta artimaña jurídica y esta interpretación maliciosa del convenio, de los convenios internacionales, no hubiera sido posible, hubo un pequeño detalle que es un muy importante acá, es que las Cortes utilizaron el argumento de que era un derecho humano, de Ortega, reelegirse, reelegirse perpetuamente o indefinidamente, y utilizaron maliciosamente la Convención Americana de Derechos Humanos.
La importancia de este caso es que, si se pronuncia la Comisión, se va a demostrar que eso no es cierto, que la reelección indefinida no es, en absoluto, un derecho humano, sino que es una protección de la democracia, y de los valores de la democracia en sociedades que han estado mucho tiempo sometidas a dictaduras o a presidentes, como en el caso de (Rafael) Trujillo, y/o el caso de (Alfredo) Stroessner en Paraguay, que se reelegían perpetuamente…
Doctor, pero esa reelección inconstitucional de Ortega en Nicaragua fue amplíamente documentada, denunciada, amplíamente conocida por la sociedad nicaragüense. Vamos, ahora llega este caso a la CIDH, puede llegar también a la OEA. ¿Puede la OEA debatir retroactivamente, o aplicar sanciones políticas de manera retroactiva por esa reelección inconstitucional de Ortega, que después la tornó en una reelección indefinida?
Acá hay dos temas, uno, que sí, es muy poco lo que se puede hacer en forma retroactiva porque ha habido una violación, y esto va a ser más bien una lección para el futuro, y que va a beneficiar más bien a otros países, como Bolivia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque va a dejar muy claramente establecido que es ilegal reelegirse utilizando el argumento de que la reelección indefinida es un derecho humano.
Ahora, el único valor acá es que sí, el presidente y el Estado nicaragüense son responsables respecto al candidato Fabio Gadea, que ha sido víctima de una violación de sus derechos políticos, y en esa consecuencia tiene que ser, por supuesto, reparado, y tiene que haber una serie de medidas para reparar el daño que se le ha hecho al candidato Fabio Gadea.
En la discusión que está en el tapete en el Consejo Permanente de la OEA, sobre la aplicación de la Carta Democrática, hay dos elementos: violaciones a los derechos humanos, por una parte y; por otro lado, violación a las normas democráticas, ¿qué peso tienen ambos?
Tienen peso, por supuesto que ambos tienen peso porque van a servir para que, si existen los votos necesarios, yo creo, se proceda a aplicarle la Carta Democrática a Nicaragua, conforme al artículo 20, y eventualmente expulsar al Gobierno de Daniel Ortega de la Organización de Estados Americanos. Todo eso, me imagino, se va a definir en la Asamblea General de Medellín sí se logran los votos necesarios para, primero, aplicarle la Carta Democrática y, segundo, una vez que se haya demostrado las violaciones, que son las que hemos señalado, se proceda a sancionarla con la destitución de Nicaragua, que no sería la primera vez, pero tampoco hubieron muchos casos, solo el de Honduras, que yo recuerde.
¿La expulsión es la única opción, o antes de llegar a ese caso, a ese punto, hay otro tipo de medidas que puede tomar la Asamblea General de la OEA? Hay muchas preguntas, por ejemplo, sobre la relación que tiene el Banco Interamericano de Desarrollo u otros organismos multilaterales que tienen relaciones económicas con Nicaragua, con este tipo de sanciones políticas y económicas.
Ese es un tema muy interesante porque ahí está. Ojalá, la Asamblea General no siga dilatando este proceso, porque muchas veces se intenta…, se intenta reclamar mayores mediaciones, mayores negociaciones, pero ya a estas alturas se ha visto que las negociaciones no llevan a ningún lado, tanto en Venezuela como en Nicaragua, solo sirven para que ganen tiempo y se queden en busca de mejores circunstancias para no dejar el poder. Por tanto, lo que correspondería es que directamente se tomen sanciones.
Ahora bien. El BID es un organismo especializado de la OEA, el BID, en este sentido, depende de la OEA, o sea que, si Nicaragua es expulsada, automáticamente ya deja de pertenecer al Banco Interamericano de Desarrollo. Y en el caso de otras instituciones globales como el BID o el Fondo Monetario, hay que recordar que ahí sí Estados Unidos y la Unión Europea tienen un peso enorme, y también, yo creo, se van a recurrir a sanciones.
¿Qué pasaría con otros organismos regionales, por ejemplo, el Banco Centroamericano de Integración Económica, cuyos principales miembros, accionistas, son los países centroamericanos, pero también hay otros latinoamericanos que participan en su Asamblea de Gobernadores? ¿Tiene una proyección, más allá del BID, una decisión de la OEA en organismos como este?
Yo creo que sí, aunque lo tienen que pedir los Estados miembros, yo creo que sí, porque la expulsión del BID, como se ha visto con el caso de Venezuela, que no ha sido expulsión, sino que han aceptado al nuevo Gobierno de Guaidó como representante legítimo. La expulsión tiene inmediatamente consecuencias en el Sistema de Integración Centroamericana, porque si hay los votos necesarios, es claro que también ahí va a ser sancionada, y le va a afectar. Ojalá también la corporación andina y todos estos organismos que también han estado dando créditos y vinculándose a los países centroamericanos tomen el mismo camino.
¿Qué se puede esperar del Consejo Permanente o del Grupo de Trabajo para Nicaragua en la OEA antes de llegar a la Asamblea de Cancilleres en Medellín el 26 de junio? Es decir, la embajadora de Costa Rica decía la semana pasada de que se va a intentar intensificar la actividad diplomática de la OEA, ¿de lo que se trata es de agotar, de agotar procesos, o de iniciar un proceso de sanciones antes de la reunión de cancilleres?
Bueno, lo ideal sería que se inicie el proceso de sanciones, es decir, que se decida aplicarle a Nicaragua la Carta Diplomática, para que hayan estos meses en los que se hagan las gestiones diplomáticas conforme la aplicación de la Carta, en las que se compruebe, una vez más, la absoluta, el absoluto desinterés del Gobierno de Ortega de adelantar elecciones o de hacer alguna concesión, entonces esos trámites se podrían agotar hasta la asamblea de junio en Medellín, y ahí ya se podría votar una sanción.
Para votar la aplicación se necesita simplemente la mayoría de 18 votos, que yo creo que ya existen, y lo importante sería avanzar en eso. No estoy seguro que lo van a hacer porque quedan pocas reuniones, están tratando los temas preparatorios de la Asamblea General, pero creo que eso sería lo óptimo y lo ideal. Que ya saben que las negociaciones, ya ha dicho que no se va a ir del Gobierno, Ortega, entonces que se adelante y al menos se decida aplicar la Carta, y luego las sanciones, que ya sí toman, necesitan tres cuartos de los votos de la Asamblea General, se tome en Medellín, y además esperemos que en ese momento también se clarifique la situación de Venezuela y haya un ambiente propicio para que se dé un ejemplo finalmente, porque hay otros países que están imitando a Nicaragua y a Venezuela, y es necesario que se dé un ejemplo fundamental de que no se pueden burlar las reglas de la democracia impunemente, y de que, toda esa burla de la reelección, toda la represión, los muertos, las torturas, toda esta situación tiene que ser sancionada. Es la hora de que los países, el Grupo de Lima, y la mayor parte de los países de América Latina confirmen si están verdaderamente con la democracia, o van a dejar que estos dictadores sigan en el Gobierno.
