Política

Inhibición de facto de Cristiana Chamorro “refleja miedo de Ortega”, afirma secretario de Estado de EE. UU.

Secretario de Estado de EE. UU. afirma que percibe "temor" del régimen a unas elecciones libres; OEA reitera: se encaminan "las peores elecciones"

La inhibición “arbitraria” de Cristiana Chamorro, ordenada de facto por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo “refleja el miedo de Ortega a unas elecciones libres y justas”, asegura el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, quien visitó Costa Rica en su primer viaje oficial a América Latina este primero y 2 de junio.

Esta inhibición de facto de la precandidata presidencial Cristiana Chamorro Barrios, también continúa encaminando a Nicaragua “a las peores elecciones posibles”, según la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que califica el hecho como un “nuevo atentado a la democracia” en el país.

Su inhibición fue aceptada por un Juzgado Quinto del Distrito Penal de Audiencias horas después que la Fiscalía formalizó una acusación en su contra por los supuestos delitos de “gestión abusiva y falsedad ideológica, ambos en concurso real con lavado de dinero, bienes y activos” y solicitó medidas cautelares. El juzgado de Managua resolvió “ha lugar” a las medidas solicitadas, entre ellas la inhabilitación para optar a cargos públicos.

En un comunicado, la Secretaría General de la OEA, a cargo del uruguayo Luis Almagro, advirtió que la inhibición de Chamorro imposibilita “más aún” la existencia de elecciones libres, justas y transparentes. “Acciones como estas restan toda credibilidad política al Gobierno y a los organizadores del proceso electoral”, puntualizó la nota.

Contrario a la legislación penal vigente, que establece que la inhabilitación solo debe imponerse mediante sentencia firme condenatoria, el Poder Judicial informó a través de un comunicado que: “se inhabilita a la ciudadana Cristiana María Chamorro Barrios para ejercer cargos institucionales y públicos, por no estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, por encontrarse en un proceso penal investigativo”, violentando de esta manera el derecho a la presunción de inocencia.

La OEA calificó como “violatorios de la Carta Democrática Interamericana, de la carta de la OEA” y de los instrumentos de derechos humanos y pactos internacionales “la utilización del Ministerio Público, las medidas cautelares y precautelares, el manejo politizado de la justicia y la proscripción de facto de candidatos”.

En ese contexto, el organismo reiteró su llamado a la “inmediata liberación de los presos políticos, a poner fin a las tácticas de intimidación y amedrentamiento contra opositores”, a la restitución de las libertades y a reconducir el país “hacia la democracia” a través de elecciones con observación internacional.

Antony Blinken: “Nicaragüenses merecen una democracia real”

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, señaló que la inhibición “arbitraria” de Cristiana Chamorro “refleja el miedo de Ortega a unas elecciones libres y justas. Los nicaragüenses merecen una democracia real”, escribió el funcionario norteamericano en su cuenta de Twitter.

Las acciones del régimen en las últimas horas en contra de Chamorro pusieron a Nicaragua al centro de la agenda de los temas abordados por Blinken antes de partir del vecino país. El alto funcionario dio entrevistas a CNN en Español y al diario La Nación de Costa Rica en las que dijo que lo que ocurre en Nicaragua es objeto de preocupación de todos los países de la región.

 El secretario de Estado dijo que el Gobierno en Nicaragua, en vez de tomar los pasos necesarios para tener elecciones libres y justas —tal y como se lo demandó la Organización de Estados Americanos—, se mueve en la dirección equivocada.

Blinken dijo que lo ocurrido en las últimas 24 horas lo evidencian aún más. “Negarle la oportunidad a diferentes personas de participar en las elecciones, reducir el espacio para tener elecciones libres y seguras, reducir el espacio para que se escuchen las diferentes voces, eso va en una dirección totalmente opuesta”, fueron parte de las declaraciones expresadas alrededor de las 3:00 p.m. de este 2 de junio, cuando ocurría el allanamiento a la casa de Chamorro y policías agredían a periodistas que daban cobertura a los hechos.

“¿Sabe? Yo escucho en las declaraciones que han dado los oficiales del Gobierno, sobre todos los logros que dicen que han obtenido en nombre del pueblo nicaragüense. Bueno, dado eso usted pensaría que ellos acogerían el juicio del pueblo en elecciones libres y justas. Y aparentemente no lo hacen”, dijo Blinken a La Nación, en referencia al discurso de la comitiva del régimen Ortega Murillo, encabezada por el canciller Denis Moncada, que asistió a la reunión de los miembros del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) con Blinken, el pasado 1 de junio en horas de la noche.

Policías vigilan el perímetro de la vivienda de Cristiana Chamorro y no permiten que nadie se acerque. Foto: EFE

Este miércoles, también, la juez noveno de Distrito Penal de Audiencias de Managua, Karen Chavarría Morales, giró una orden de captura en contra de Chamorro Barrios y el allanamiento de su vivienda. Decenas de oficiales de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía ingresaron violentamente a la propiedad y desalojaron el perímetro a punta de golpes y empujones.

Inestabilidad política afecta inversiones 

Mientras tanto, la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham), el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin), volvieron a manifestar su preocupación por el acto de persecución en contra de la precandidata presidencial, Cristiana Chamorro Barrios, y por las consecuencias negativas que ello podría tener en contra de la economía nacional.

La Cámara Americana alertó de cómo, atentar contra los derechos de una ciudadana, va más allá de afectarla a ella a título personal, y puede tener consecuencias para el conjunto de la economía, en áreas tan sensibles como la inversión privada y la generación de empleos.

“Es un atropello a las libertades y derechos del pueblo nicaragüense, y las consecuencias pudieran sentirse por toda una generación en desempleo y pobreza, porque ahuyentaría aún más la confianza y la inversión local y extranjera que tanto se requiere para el progreso económico y social de Nicaragua”, dijo AmCham en un comunicado.

La Cámara de Industrias, por su parte, condenó el proceso de inhabilitación de la precandidatura política de Chamorro, ejecutada por el Gobierno a través del Ministerio Público, “institución que está siendo utilizada para abrir un proceso judicial en contra de la exdirectora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro”.

El Cosep por su parte, consideró su obligación “denunciar ante la nación y la comunidad internacional, que las actuaciones del sistema de justicia nicaragüense, se están ejecutando con objetivos políticos en beneficio del partido de Gobierno, y constituyen acciones graves que impiden la solución a la actual crisis sociopolítica, el restablecimiento de la paz, y la democracia en nuestro país”.

Cosep considera que la aplicación de medidas cautelares específicas en contra de la corresponsal de Univisión en Nicaragua, María Lilly Delgado; los exempleados de la Fundación, Lourdes Arróliga y Guillermo Medrano, así como en contra de la propia Cristiana Chamorro, está en oposición a los derechos individuales constitucionales de cada uno de los aludidos.

Periodistas y familiares de Cristiana Chamorro fueron agredidos por la Policía. Foto: EFE

La orden de allanamiento y detención, que pretende inhibir su precandidatura presidencial “evidencia la falta de voluntad del Gobierno de realizar elecciones libres, justas, transparentes, competitivas y observadas en nuestro país, y así obtener ventajas partidarias que les permitan mantenerse ilegítimamente en el poder”, sentenció el documento de la cúpula empresarial.

Llamado a respetar las voces críticas

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) instó al régimen de Daniel Ortega a terminar con el acoso y acorralamiento de las voces críticas” y la nueva escalada de violencia estatal contra los periodistas independientes y contra Chamorro, exdirectora ejecutiva de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH).

Jorge Canahuati, presidente de la SIP, y Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información del organismo, adelantaron en un comunicado que la institución se mantiene en estado de alerta ante la violencia gubernamental y la ausencia de debido proceso judicial”.

El proceso contra la experiodista Chamorro es claramente una forma de coartar la libertad política y de expresión frente a las elecciones de noviembre próximo”, señaló el comunicado de la SIP.

También la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) rechazó la persecución penal e inhabilitación”, por parte de las autoridades de Nicaragua, en contra de la precandidata Cristiana Chamorro. No puede haber elecciones libres y creíbles sin garantizar los derechos humanos de todos los candidatos y votantes”, subrayó el organismo.

Peter Stano, portavoz principal de la Comisión Europea sobre asuntos exteriores y política de seguridad, escribió en Twitter que las acciones judiciales contra Chamorro son “incompatibles con un proceso electoral creíble, transparente y abierto a la oposición y sus candidatos”.

Señaló que la Unión Europea “insta a que se la libere inmediatamente y se reviertan sin demora las medidas adoptadas contra sus derechos”.


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