10 de febrero 2018
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La reforma a la Ley Electoral, aprobada de urgencia por la Asamblea Nacional para trasladar las funciones del presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE) al vicepresidente de ese poder, es un intento político del gobierno de mitigar las sanciones impuestas al magistrado Roberto Rivas a través de la Ley Magnitsky, pero no tiene ninguna fundamentación jurídica considera el abogado constitucionalista, Gabriel Álvarez.
La aplanadora orteguista reformó el artículo 14 de la Ley Electoral (331), y restó facultades legales y administrativas a Rivas para trasladarlas al comandante Lumberto Campbell, quien viene ejerciendo de facto la presidencia de ese poder del Estado.
“Esta reforma obedece a la necesidad de superar los aprietos en que la ley Magnitsky pone al Consejo Supremo Electoral”, contradijo Álvarez.
El argumento principal del oficialismo para reformar esta ley fue “modernizar las gestiones y funciones administrativas” del CSE. Sin embargo, el abogado constitucionalista difiere de ello. “Es una falacia", calificó.
“En primer lugar la Ley Electoral ya le atribuye al vicepresidente la posibilidad de auxiliar al presidente del Consejo Supremo. Así lo han venido haciendo. No es una necesidad jurídica”, remarcó Álvarez. “En segundo lugar, si esto fuese una nueva y mejor técnica de gestión administrativa, podrían hacerlo también con el propio presidente Ortega y pasarle funciones a la vice presidencia; o en el Poder Legislativo, o en todos los órganos del Estado. Es decir, vaciar las competencias de los titulares para una mejor gestión administrativa”, agregó.
El procedimiento para reformar la normativa fue violatorio a la Constitución, resaltó Álvarez. La Ley Electoral posee rango constitucional y no se puede aprobar un procedimiento de urgencia – como mandató el comandante Ortega—con menos de 48 horas de anticipación.
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“En el caso de las leyes constitucionales están obligados a pasarlas a una Comisión Especial para ver el caso en 60 días, tal cual como se establece para el caso de reforma parcial de Constitución. Salvo el requisito de las dos legislaturas, que dice el texto taxativamente, la reforma constitucional debió hacerse con este procedimiento”, comentó el jurista.
Gestión de fondos CSE
El abogado constitucionalista Gabriel Álvarez en una entrevista en el programa Esta Semana. Carlos Herrera | Confidencial
Para Álvarez, la exposición de motivos de la reforma esconde su verdadera motivación. Según él, el CSE debe estar teniendo problemas con las sanciones Magnitsky, en especial con las cuentas bancarias de ese Poder del Estado.
“Las cuentas bancarias deben ser firmadas o gestionadas mediante poderes por Roberto Rivas. Esto debe estarle ocasionando muchos problemas al funcionamiento del Poder Electoral. No tienen mayor alternativa que, dada la decisión política de no destituirlo en este momento, intentar convencer a los bancos para que permitan la gestión de los fondos sin arriesgarse a que las sanciones tengan un impacto mayor al que ya tienen”, analizó Álvarez.
Aunque el gobierno del comandante Ortega había prometido una reforma a la Ley Electoral en el marco de las conversaciones con la Organización de Estados Americanos (OEA), no cree que esta sea la que “tenía pensada, por muy superficial que la tenga concebida”. “Obedece a la necesidad de superar que la ley Magnitsky pone el CSE”, insistió el constitucionalista.
Álvarez cree que esta reforma electoral profundiza la crisis de credibilidad del sistema lejos de resolverlo. A su juicio, pone de manifiesto la verdadera “voluntad política y el talante democratizador entre comillas” de la pareja presidencial para que el diálogo con la OEA.
“Esta reforma del señor Ortega y la señora Murillo no tiene ninguna intención, por lo menos en este momento, de que esas conversaciones vayan a conducir a ninguna reforma total. Eso se puede modificar, pero lo que nos está diciendo es que no habrá reforma de fondo para el sistema electoral”, dijo Álvarez.
Preocupaciones aumentan
Álvarez cree que esta reforma aumenta las preocupaciones sobre otras posibles sanciones de Estados Unidos en el sector privado, ya que podrían distorsionar el ambiente de inversiones y económico.
“Más temprano que tarde, no todos, pero los empresarios que no le deben favores políticos a nadie, que tienen inversiones importantes en ejecución o planificación, se van a dar cuenta que la relación exclusiva y preferencial que (Ortega) tiene con un pequeño grupo del gremio empresarial no conviene ni a ellos ni a los intereses del país”, afirmó Álvarez.
Álvarez sostuvo que admitir una investigación contra el magistrado Rivas sería asumir “una auto investigación” de un “poder absoluto cuyo núcleo duro de diseño es la impunidad y la corrupción”.
“Sería investigar el origen mismo de todos los desvaríos de corrupción. No es nuevo. Es un precedente importante, pero lo hemos visto todos estos años. Funciona más para proteger aquellos presuntos delincuentes vinculados al círculo de poder del comandante Ortega.
