Política

HRW demanda a ONU más presión ante “la campaña de violencia” en Nicaragua

Organismo advierte que los arrestos y allanamiento son parte de una "estrategia gubernamental" para eliminar la competencia política

La organización Human Rights Watch (HRW) instó este martes a la Organización de Naciones Unidas (ONU) a ejercer un rol más activo ante la “campaña de violencia y represión” que ha emprendido el régimen de Daniel Ortega contra líderes opositores, que a cinco meses de las elecciones generales ha encarcelado a cinco aspirantes presidenciales y continúa allanando el terreno para “eliminar la competencia política”.

Los arrestos de alto perfil y otras graves violaciones de derechos humanos contra críticos, “parecen formar parte de una estrategia gubernamental para eliminar la competencia política, reprimir el disenso y facilitar la reelección del Presidente (Daniel) Ortega para un cuarto mandato consecutivo”, advirtió la ONG durante la presentación de su informe Arremetida contra críticos: Persecución y detención de opositores, defensores de derechos humanos y periodistas de cara a las elecciones en Nicaragua.

Entre el 2 y el 20 de junio, el régimen nicaragüenses detuvo e inició procesos penales arbitrarios contra los precandidatos presidenciales: Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Miguel Mora. También han sido arrestados dos exvicecancilleres, dos históricos exguerrilleros sandinistas disidentes, un exdirigente empresarial, un banquero, cuatro activistas, tres extrabajadores de una ONG, un cronista deportivo y una exdiputada.

“Ante la gravedad y la intensificación de la brutal represión contra críticos y miembros de la oposición por parte del Gobierno de Ortega en las últimas semanas, es necesario que se redoble la presión internacional”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

Invocan al Consejo de Seguridad

Por ello, HRW pide al secretario general de la ONU, António Guterres, que use su poder para invocar el artículo 99 de la Carta de las Naciones Unidas con el fin de convocar una reunión del Consejo de Seguridad, con la justificación de que existe una amenaza para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional.

HRW considera que la crisis nicaragüense “tiene repercusiones alarmantes a nivel regional”. Más de 108 000 nicaragüenses se han visto obligados a huir de su país desde la represión del gobierno en 2018. Dos terceras partes ha buscado refugio en Costa Rica, según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Además, la pandemia de covid-19 ha exacerbado las vulnerabilidades y necesidades de los refugiados y solicitantes de asilo nicaragüenses.

Asimismo, HRW urge directamente a los miembros del Consejo de Seguridad a incluir la crisis de Nicaragua en su agenda e implementar sanciones específicas contra los responsables de violaciones de derechos humanos. También solicita a EE. UU., la Unión Europea, Canadá y América Latina que impongan o mantengan sanciones contra altos cargos del Gobierno nicaragüense, incluido Ortega, su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, así como miembros de su Ejecutivo y de las fuerzas de seguridad.

Los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU “también deberían pedirle informes al Secretario General y a la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos (Oacnudh) sobre la situación en Nicaragua”, agregó el organismo.

La última reunión del Consejo de Seguridad sobre la alarmante situación de derechos humanos en Nicaragua fue en septiembre de 2018, a petición de Estados Unidos. En esa oportunidad, Human Rights Watch instó a los países miembros de la ONU a presionar a Nicaragua para que cesara la brutal represión contra manifestantes, disolviera los grupos armados partidarios del Gobierno y juzgara a los responsables de violaciones de derechos humanos.

Leyes para “disuadir la crítica”

El informe de HRW fue elaborado entre enero y junio de 2021 y para ello la ONG entrevistó a 46 víctimas de hostigamiento o detenciones arbitrarias. Los entrevistados denunciaron que policías y paramilitares hicieron guardia delante de sus viviendas para impedirles salir, en circunstancias que constituyen detención arbitraria a juicio de HRW, quien documentó tres casos de mujeres que sufrieron acoso y agresión sexual durante su arresto.

Las elecciones del 7 de noviembre serán las primeras desde que las protestas sacudieran Nicaragua en 2018, una crisis que dejó cientos de presos, muertos o desaparecidos, así como más de 103 000 personas en el exilio, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).


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