8 de febrero 2016
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En el 2006, Aminta Granera Sacasa reunió todos los requisitos para asumir la Dirección Nacional de la Policía nicaragüense. La exnovicia subió de la Inspectoría General a la Jefatura Nacional con mano firme y grandes expectativas de renovación en una institución para la que labró respeto y le valió gran simpatía personal entre una mayoría de nicaragüenses que incluso la consideró “presidenciable”. Sin embargo, diez años después de su ascenso, Granera cumple con todas las condiciones para dejar el cargo y no por la puerta grande, según opinan analistas e incluso expolicías consultados por Confidencial.
“Ella se retira con una ‘imagen desgastada’. Es decir, como una persona que terminó fiel a (Daniel) Ortega. Lo que al principio se dijo de ella, que era la persona que impedía el manoseo político de Ortega sobre la institución, pasó a ser ya cosa del pasado”, analiza el experto en temas de seguridad, Roberto Orozco.
La Ley de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional establece en su artículo 127 que el cargo de Director Nacional de la Policía se ejerce por un período de cinco años. Granera cumplió ese plazo en septiembre de 2011, pero Ortega la nombró para un segundo período.
Una reforma a la Ley 872, aprobada a la medida de Ortega, añadió que “el Presidente de la República podrá prorrogar en el cargo al Director o Directora General de la Policía Nacional de acuerdo a intereses de la nación”, sin establecer un límite para el nuevo plazo. El nombramiento, de acuerdo a la Ley, se hará el 5 de julio del año correspondiente.
La doctora Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), está convencida de que Granera ha sido reducida a un “adorno” y Orozco estima que es improbable que Ortega la prorrogue en el cargo por más tiempo. “Hubo un momento —dice Núñez— en que (a Granera) la mantenían solo en actividades internacionales para que no estuviera (en el país). Le quitaron a sus cuadros cercanos, la dejaron sola, y ella lamentablemente claudicó, asumió el rol que la pareja presidencial autoritaria y dictatorial de este país le quiso asignar”.
La sucesión policial
Desde su regreso al poder, el comandante Daniel Ortega ha “engordado” a la Policía Nacional. De cinco comisionados generales con rango de subdirectores que se manejaban antes, el número se elevó a quince en un momento, y hoy quedan once, de los cuales dos son quienes gozan de más acciones para suceder a Granera.
La caída del jefe de la Dirección de Managua, Róger Ramírez, catapultó las posibilidades del consuegro de Ortega y Murillo, Francisco Díaz Madriz, director de Seguridad Pública y quien en la práctica ha asumido las funciones de Ramírez, y también las de Granera, por “causa justificada”.
Sin embargo, fuentes vinculadas a las estructuras de la Policía Nacional confiaron a Confidencial que Ortega también estaría apostando por el director de la Academia Policial Walter Mendoza, Jorge Cairo Guevara Cajina, a quien ascendió al grado de comisionado general en noviembre de 2014, y antes fue el segundo jefe de la Dirección Antidrogas.
“Paquito”, como muchos llaman al comisionado general Díaz, es un “policía que viene desde abajo”, asegura un jefe policial en retiro. Tras el triunfo de la Revolución en 1979, Díaz se integró a las estructuras de la nueva policía desde la guerrilla. “Fue patrullero, es un policía de calle, como decimos nosotros”, agrega la fuente.
Comparado con el ahora exjefe de Managua, a quien describe como un hombre “serio, duro, malcriado, poco hablador, poco hábil para comunicarse con la gente”, el expolicía asegura que Díaz “es muy conciliador, muy amistoso. A veces tonto, (porque) le dan vuelta”.
Otro expolicía, que también conoce a Díaz, sostiene que el comisionado general es “un hombre sencillo, no es ambicioso ni malintencionado”. “Muchos se asombrarían si llegará a la Dirección Nacional, porque viene desde la calle”, insiste.
Sin embargo, para la presidenta del Cenidh, el nombramiento de Díaz sería una “lápida de nepotismo” a la Policía, por ser consuegro de la pareja presidencial. Su hija Blanca Díaz Flores se casó con Maurice Ortega Murillo en enero de 2010.
Un año y medio después de la boda, Ortega le asignó también la Dirección de Armas y Servicios Policiales y la Dirección de Seguridad Ciudadana. Sin embargo, una de las fuentes consultadas sostuvo a Confidencial que a pesar del vínculo familiar, Díaz no cuenta con la plena confianza de la pareja presidencial, principalmente de Murillo, que originalmente se opuso a la boda de Blanca y Maurice, ambos entonces de 24 años de edad.
Una crónica del casamiento, publicada por el diario La Prensa, relató que Ortega y Murillo fueron parte del cortejo de la boda, celebrada en la iglesia San Agustín, de Altamira, pero que ninguno de ellos se presentó después a la recepción en el Hotel Barceló Managua.
“Durante la guerrilla, Díaz fue subordinado de Henry Ruiz, el comandante Modesto”, añade la fuente como un dato que cree que minaría el ascenso de Díaz. Ruiz, uno de los nueve de la Dirección Nacional del Frente Sandinista en los años ochenta, es en la actualidad un fuerte crítico del régimen orteguista.
Guevara, por otra parte, es un hombre de la entera confianza de la familia presidencial, que se desempeñó en los años ochenta como parte de su equipo de escoltas y continuó en los noventa, tras la derrota electoral de Ortega.
El exescolta, fue ascendido a comisionado general en noviembre de 2014, junto al inspector general Pablo Emilio Ávalos. Durante los últimos años, Guevara ha estado a cargo de la dirección de la Academia Policial Walter Mendoza, que también se ha considerado como uno de los puestos “más potables” para ascender al grado de Primer Comisionado.
El año pasado, con la caída del entonces jefe de la Dirección Antidrogas, Esteban Guido, Guevara fue mencionado como el posible sucesor, pero finalmente Ortega nombró al comisionado mayor Edgar Sánchez, de la delegación de Nueva Segovia, y Guevara se mantiene al mando de la Academia.
De acuerdo a lo dispuesto en la Ley, además de Díaz y Guevara, Ortega dispone de otros nueve comisionados generales: el inspector general Pablo Emilio Ávalos; Ramón Avellán, de Investigaciones Policiales; el secretario general Javier Dávila Rueda; el jefe de Inteligencia Policial, Adolfo Marenco; el Director de Operaciones Especiales, Justo Urbina; su exjefe de escoltas, Alberto Acuña; su antiguo médico de cabecera, Julio Paladino; el Director de Auxilio Judicial, Juan Ramón Gámez, y la directora del Laboratorio de Criminalística, Glenda Zavala.
Sin embargo, entre estos disminuyen las posibilidades porque muchos ya han cumplido los 35 años de servicio y uno de los expolicías confirma que urge cumplir los procesos de rotaciones institucional con los retiros y los relevos, para aliviar las tensiones internas. “Hay que hacer correr la tubería. El agua que se estanca se pudre. Agua estancada se contamina, agua que fluye está fresca”, sostiene.
Orozco y Núñez consideran que quien asuma la Dirección de la Policía es prácticamente irrelevante bajo el mandato de Ortega.
“Políticamente hablando, no creo que estos cambios provoquen una reforma en el enfoque institucional”, comenta Orozco, para quien es seguro que “Ortega reemplazará a quienes se vayan con funcionarios fieles a su persona, es decir, quienes les respondan fielmente a sus objetivos políticos partidarios. Esto implica que la misma Policía no tendrá voz ni voto para proponer a quienes serán los sustitutos, éstos serán escogidos en la Secretaría del FSLN por la pareja presidencial. Esto es un hecho sine qua non”.
