6 de junio 2021
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El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha utilizado todo su aparato legal y represivo para cerrar en los últimos días el espacio electoral, cuando sólo faltan cinco meses para las elecciones del siete de noviembre y aún no ha empezado oficialmente la inscripción de candidatos y la campaña electoral.
Esta semana dos precandidatos presidenciales de la oposición —Cristiana Chamorro Barrios y Arturo Cruz— fueron procesados y encarcelados; Félix Maradiaga está amenazado de inhibiciones y fue citado a la Fiscalía este lunes; y tres más: Juan Sebastián Chamorro y Medardo Mairena, en la Alianza Ciudadana, y Miguel Mora, en el PRD (despojado de su personería jurídica) están expuestos a las leyes inhibitorias; en un golpe de la dictadura por eliminar la competencia electoral, según expertos legales y analistas políticos consultados por CONFIDENCIAL.
El último capítulo de esta escalada se vivió por partida doble este sábado. En la mañana, el aspirante presidencial Arturo Cruz fue arrestado en el aeropuerto internacional Augusto C. Sandino, cuando regresaba de un viaje personal a Estados Unidos. Por la tarde, el precandidato de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), Félix Maradiaga, fue citado por la Fiscalía a que se presente el próximo lunes 7 de junio, en la sede del Ministerio Público en Managua.
“Estamos llegando al punto de no retorno, lamentablemente. Muchas organizaciones, sectores e individuos hemos propugnado y hecho el mayor esfuerzo para dejar abierta la vía electoral; (sin embargo), Ortega de la misma manera ha cerrado todos estos espacios”, dijo el abogado constitucionalista, Gabriel Álvarez, durante una entrevista con el programa Esta Semana, que se transmitirá este domingo por la noche en el canal de CONFIDENCIAL en YouTube.
“Todo indica que el proceso electoral es un proceso esposado, vendado y flagelado; así estamos caminando hasta el 7 de noviembre”, añadió.
Álvarez subrayó que la actitud del régimen “demuestra que Ortega no fue capaz de resolver la crisis. A estas alturas no puede dar marcha atrás porque sería un problema con sus propias bases”.
Para la exguerrillera y fundadora del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), Dora María Téllez, el dictador Ortega está “totalmente desesperado” y ha “renunciado” a unas elecciones, el próximo 7 de noviembre, en las que “simulaba que participaba la oposición”.
“(Ortega) ha decidido barrer completamente con todas las posibilidades opositoras, todas las opciones de candidatura y todas las opciones de casillas; va a quedarse solito en la boleta, con sus partidos zancudos, de absoluta confianza”, comentó la historiadora.
“Ortega se dio cuenta que aún en unas elecciones tramposas, que había diseñado, estaba liquidado en las urnas”, apostilló.
La acusación contra Cruz
La Fiscalía y la Policía Nacional investigan a Cruz por infringir supuestamente la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, mejor conocida como “Ley Guillotina”.
Esta legislación, aprobada en diciembre pasado, prohíbe optar a cargos de elección popular a quienes, según el régimen, son “traidores a la Patria”. Estos enfrentan además condenas de entre dos y 20 años de cárcel.
Para el régimen, basados en esta ley, son “traidores” los ciudadanos que: encabecen o financien un golpe de Estado; que alteren el orden constitucional; que fomenten o insten actos terroristas; que pidan intervenciones militares; que propongan y gestionen bloqueos económicos en contra del país; y “aquellos que demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos”.
El especialista en Derechos Humanos, Uriel Pineda, explicó que la “detención” del catedrático es “ilegal”, porque al momento del arresto no existía una acusación formal de la Fiscalía contra Cruz; además que el académico no fue encontrado infraganti en un acto delictivo; que son los únicos dos causales para capturar a un ciudadano.
En un comunicado, la Fiscalía informó que Cruz fue detenido porque la Policía Nacional lo investiga por “contar con fuertes indicios de que ha atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo”, basados en la llamada “Ley Guillotina”.
Arturo Cruz. // Foto: Nayira Valenzuela | Confidencial
El exembajador de Nicaragua en Washington es el primer ciudadano en ser detenido bajo esa legislación. Para Pineda, esa ley “es una herramienta de inhibición política para los opositores” y “una invención del régimen para criminalizar la demanda de libertad y democracia en Nicaragua”.
El catedrático inscribió su precandidatura el pasado 26 de abril en el mecanismo de selección del candidato presidencial del bloque opositor integrado por el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD).
Fuentes vinculadas a la familia de Cruz indicaron que el académico está detenido en las nuevas instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocidas como “el nuevo Chipote”, donde no ha tenido contacto con su abogado y sus familiares.
Citatorio a Maradiaga
En el caso de Maradiaga, el precandidato de la UNAB informó que el documento de la Fiscalía “no especifica ninguna causa penal ni la condición” en la cual está citado, “lo que reafirma la arbitrariedad e indefensión jurídica a la que está sometida la ciudadanía nicaragüense”.
Adelantó que “el lunes atenderé la citatoria del Ministerio Público con toda la serenidad de quien nunca ha cometido ningún acto ilícito. Reafirmo mi solidaridad hacia todos los hermanos nicaragüenses que sufren encarcelamiento político y juicios amañados”.
“Como he sostenido siempre, todas mis acciones en pro de la democracia, de la defensa de derechos humanos y búsqueda de justicia, las he realizado en estricto apego a los principios de no violencia, coherencia ética e integridad”, manifestó el precandidato en un comunicado.
“Desde el año 2018 se me hicieron una serie de acusaciones judiciales injuriosas con el propósito de callarme. No lo lograron antes y no lo lograrán hoy”, agregó.
Las leyes inhibitorias
El Consejo Supremo Electoral (CSE) publicó el jueves pasado un acuerdo en el que recordó a los partidos y alianzas políticas que sus candidaturas deben cumplir con “todas las disposiciones y requisitos” establecidos en las leyes, que según analistas buscan que la Alianza Ciudadanos por la Libertad (ACxL) —que es el único vehículo electoral que le queda a la oposición— restrinja la inscripción de los precandidatos que participaron activamente en la rebelión cívica de 2018, que el régimen califica como una tentativa “golpista
Según los analistas, los precandidatos que estarían en la mira por su participación en las protestas de abril de 2018 son: Juan Sebastián Chamorro, de la Alianza Cívica; Félix Maradiaga, de la UNAB; y Medardo Mairena, del Movimiento Campesino; que están en la competencia interna de la Alianza Ciudadana, y el periodista Miguel Mora, inscrito en el PRD, que fue despojado de su personería jurídica.
“La dictadura está desesperada porque sabe que la oposición, a pesar de tanto sacrificio y esfuerzo, se ha unificado en un solo bloque. El hecho de haber puesto un pie en la Alianza Ciudadana, y traer los liderazgos que hemos construidos dentro de la Coalición Nacional, eso lo puso nervioso y pretende aplicarnos leyes que hizo con intención de inhibirnos”, aseguró Medardo Mairena, en una entrevista con el programa Esta Semana, que se transmitirá este domingo por la noche en el canal de CONFIDENCIAL en YouTube.
Dora María Téllez vaticinó que, para la próxima semana, el régimen emprenderá acciones contra los precandidatos Juan Sebastián Chamorro y Medardo Mairena.
“(Al régimen) primero no le funcionó tratar de dividir la oposición, después no le funcionó tratar de liquidar a la Coalición Nacional porque todos los candidatos (de esa plataforma opositora) decidieron acogerse a la posibilidad que abrió la Alianza Ciudadana”, dijo la exguerrillera.
“Eso descontroló completamente al régimen; ver que se le escapaba la posibilidad de hacer una elecciones en un modelo totalmente controlado”, añadió.
Cristiana Chamorro, aspirante presidencial en su segunda comparecencia ante el Ministerio Público. 27 de mayo 2021. Foto: Nayira Valenzuela.
La inhibición de facto a Cristiana Chamorro
En las últimas dos semanas, la Fiscalía ha citado y “entrevistado” a 45 ciudadanos en relación a una investigación por un supuesto lavado de dinero contra la clausurada Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh). Según un registro de CONFIDENCIAL, entre los llamados por el Ministerio Público están periodistas, dueños de medios de comunicación, extrabajadores de la oenegé, propietarios de empresas privadas e intelectuales.
Por este caso, la expresidenta de la FVBCh y precandidata presidencial independiente, Cristiana Chamorro Barrios, está bajo arresto domiciliar, aislada y con una fuerte vigilancia policial, desde el pasado miércoles 2 de junio.
Chamorro ha sido acusada por la Fiscalía “por los delitos de gestión abusiva y falsedad ideológica, ambos en concurso real con lavado de dinero, bienes y activos” a través de la FVBCh.
Paralelo a este proceso, Chamorro fue inhabilitada para participar en las elecciones de noviembre próximo. A través del Juzgado Quinto del Distrito Penal de Audiencias, la Fiscalía solicitó la inhabilitación de Chamorro “para ejercer cargos institucionales y públicos, por no estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, por encontrarse en un proceso penal investigativo”.
La condena internacional
La detención de Chamorro ha levantado una enorme ola de rechazo nacional e internacional, mismas que se reactivaron con el arresto de Cruz. Para el analista político Eliseo Núñez Morales, “Ortega está decidido a cerrar el juego electoral y asumir la ilegitimidad que le vendría”.
Estados Unidos ha alertado que está en “conversaciones” con Gobiernos de la Unión Europea (UE) y Latinoamérica para “responder” a la situación de Nicaragua, según Juan Sebastián González, consejero para temas de América Latina en el Consejo de Seguridad Nacional de EE. UU., en declaraciones a la Voz de América.
“Definitivamente estamos viendo qué acciones vamos a tomar para responder, no solo de forma unilateral; como ha dicho esta Administración: ‘para tener mayor efecto tenemos que trabajar de forma multilateral’”, comentó el asesor.
En el Congreso de Estados Unidos fue introducida en abril pasado la iniciativa de Ley Renacer, que propone al Gobierno de Joe Biden hacer “gestiones diplomáticas” con los Gobiernos de Canadá, la UE y países de Latinoamérica y el Caribe “para imponer sanciones selectivas” contra los ciudadanos que obstruyan las elecciones nicaragüenses.
Núñez comentó que, entre los “cálculos” del régimen, está la aplicación de más sanciones en su contra. “(Ortega) espera que en unos años el ambiente internacional cambie a su favor”.
Desde mediados de 2018, EE. UU. ha sancionado al menos a 27 personeros vinculados a la dictadura, entre ellos altos funcionarios, diputados y miembros de la familia presidencial. A la lista se suman nueve instituciones públicas o entidades mixtas, entre ellas la Policía Nacional.
“Ese desafío de Ortega a los Estados Unidos y la Unión Europea, va a tener consecuencias severas para esa oligarquía corrupta de los Ortega-Murillo, y para la mayoría de los nicaragüenses”, alertó Téllez.
"Estados Unidos pide la liberación inmediata del líder opositor nicaragüense Arturo Cruz. La comunidad internacional ha hablado: bajo Ortega, Nicaragua se está convirtiendo en un paria internacional y se aleja cada vez más de la democracia." https://t.co/JrhtUTdQ1w
— USA en Español (@USAenEspanol) June 6, 2021
Luego del arresto de Cruz, la subsecretaria interina para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Julie Chung, exigió su libertad al Gobierno sandinista, a quien calificó de “paria internacional”.
En su cuenta de Twitter, Chung escribió: “Estados Unidos pide la liberación inmediata del líder opositor nicaragüense Arturo Cruz. La comunidad internacional ha hablado: respecto a Ortega, Nicaragua se está convirtiendo en un paria internacional y se aleja cada vez más de la democracia”.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, indicó que “es inaceptable la manipulación de fuerzas de seguridad y de la Justicia (para) encarcelar a candidatos opositores, lo cual pone a Nicaragua fuera de legalidad interamericana. Estas acciones son contrarias a elecciones libres y justas”.
