7 de abril 2016
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La foto es elocuente: las sillas vacías con el cartel que dice “Estado”. El gobierno del comandante Daniel se ausentó de las audiencias realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante el periodo 157 de ese organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA). La Sociedad Civil nacional y los comisionados del ente lamentaron la inasistencia del Estado de Nicaragua, pese a que fueron notificados.
La comisionada y relatora para Nicaragua, Esmeralda Arosemena de Troitiño, dijo que fue perdida la oportunidad “de escuchar” a ambas partes sobre diversos temas de derechos humanos y seguridad ciudadana del país.
“Tomamos nota de este asunto (…) desde que he sido relatora para Nicaragua no he podido conversar con representantes del Estado”, dijo la comisionado Arosemena.
En la primera parte de la audiencia comparecieron la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) y la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), quienes expusieron sobre la seguridad ciudadana y la ley de Seguridad Soberana, que causó interés del comisionado de la CIDH José de Jesús Orozco Henríquez, quien fungió como presidente de la audiencia.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) encabezó la segunda parte de la audiencia junto a otros 14 organismos de la Sociedad Civil, quienes hablaron sobre la situación de los derechos humanos.
En las dos audiencias y dos sesiones de trabajo privada celebradas en la sede de la CIDH, en Washington, el gobierno de Ortega no presentó a nadie. Todos los comisionados del organismo de la OEA lo hicieron notar en sus intervenciones.
El comisionado Paulo Vannuchi expresó que el gobierno no debe aceptar lo que dicen los peticionarios de las audiencias (Sociedad Civil), pero que es un “ejercicio sano” el de escuchar.
Álvaro Leiva, defensor de la ANPDH, dijo a los comisionados que el gobierno de Ortega “no tiene voluntad política para escuchar”. Mientras que la doctora Vilma Núñez, presidenta del CENIDH, pidió disculpas en nombre de los nicaragüenses por la ausencia del Estado. “No sentimos con vergüenza ajena… consideramos un riesgo, un irrespeto a la Comisión la inasistencia del gobierno”, dijo Núñez.
Luis Carlos Buob, jurista del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, señaló que las sillas vacías de parte del gobierno en la audiencia “no es un hecho aislado”. “Visibiliza el comportamiento del Estado de Nicaragua de no dialogar”, dijo.
La comisionada Arosemena insistió en que ella asume el compromiso de hacer un llamado al gobierno sandinista “para servir como puente, para propiciar un acercamiento, comunicación” sobre estos temas en pro de facilitar el trabajo de la CIDH.
Este miércoles la delegación del gobierno tampoco asistió a los grupos de trabajo privados en la CIDH sobre las medidas cautelares a favor del CENDIH y la situación de los pueblos indígenas.
Ley de Seguridad Soberana
La ley de Seguridad Soberana, encaminada a controlar las movilizaciones sociales y protestas, robó la atención de los comisionados. “¿Cuál es el alcance, las amenazas, los supuestos previstos a la seguridad soberana que establece esta ley?”, preguntó el comisionado Orozco Henríquez.
Orozco también quiso saber que si los responsables del “uso desproporcionado” de la fuerza en protestas sociales eran sancionados, o que si los operadores de justicia respondían a un carácter profesional.
Álvaro Leiva contestó sobre lo ambiguo de la ley soberana y que los funcionarios públicos responden “a una misión partidaria y no institucional”.
La relatora para Nicaragua externó su deseo de poder visitar el país para constatar de primera mano las denuncias de los peticionarios.
Elecciones libres e institucionalidad
Estado no se presentó a #CIDHAudiencias sobre situación general de derechos humanos en #Nicaragua pic.twitter.com/sIz9tBuJxU
— CIDH - IACHR (@CIDH) April 7, 2016
Otro de los temas centrales en la agenda planteada por el CENIDH fue la institucionalidad en ruinas y el próximo proceso electoral, el cual no da visos de que será libre y transparente. “Una elección más podría darse en Nicaragua sin observación electoral nacional e internacional”, advirtió la doctora Núñez.
Las organizaciones relataron ante las autoridades de la CIDH la represión en los miércoles de Protesta y el ataque a los activistas Carlos Bonilla y Gabriela García, a quienes este organismo otorgó medidas cautelares.
La libertad de expresión y prensa, amenazada por el duopolio televisivo y las deportaciones arbitrarias a defensores de derechos humanos, también fueron abordadas. El aumento de la violencia hacia la mujer, la penalización del aborto en todas sus formas, y el desmantelamiento de la ley 779 fue expuesto por Azalea Solís, dirigente del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM).
Lottie Cunningham, representante de los pueblos indígenas, expuso ante los comisionados la violencia que sufren en el Caribe Norte las comunidades a causa de los colonos que los “asesinan, los desplazan forzadamente, los secuestran y les queman sus cultivos”.
La afectación de los mega proyectos como el Canal interoceánico fue abordado. “Más del 50% de la ruta en el Caribe afecta a la comunidad Rama-Kriol”, dijo Cunningham.
"Solo aquí tenemos la oportunidad de verle la cara (gobierno) y no llegaron", zanjó Solís.
