23 de septiembre 2020
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Una página sin explicaciones, en la cual no hay más que una tabla en la que deben colocar sus nombres, apellidos, número de cédula y firma, es presentada a trabajadores del Estado para que firmen “voluntariamente” la propuesta de cadena perpetua del régimen de Daniel Ortega contra quienes cometan “crímenes de odio”, según el argumento oficial.
“Nunca te dicen explícitamente que es exigido firmar, pero ya uno sabe lo que pasa si uno no lo hace”, afirma "José", un trabajador del Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur) que conversó con CONFIDENCIAL bajo la condición de que su identidad fuera protegida, ya que teme perder su empleo.
En otros ministerios, la situación es la misma que ocurre con "José". Maestros y trabajadores administrativos del Ministerio de Educación tienen que firmar páginas donde ni siquiera se les indica qué están “apoyando”.
“Es una hoja en blanco, no hay nada más que unos espacios donde se pone el nombre, el apellido, cédula y firma, aunque ellos dicen que es para poner la cadena perpetua para los femicidas”, señala "Juana", una trabajadora del Mined que conversó con CONFIDENCIAL y pidió se le protegiera su identidad.
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La situación en la Alcaldía de Managua, dirigida por el Frente Sandinista, es similar. Los trabajadores, aunque preguntan un poco más sobre el objeto del documento que firman, en realidad también terminan poniendo sus datos en un papel en blanco.
Captura de una hoja en blanco que dieron a firmar a trabajadores del Estado. // Foto: Cortesía
“En algunas solo decía algo como 'Carta abierta a la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Nacional', pero no explicaba nada sobre lo que estábamos firmando. El que nos entrega dijo que era para pedir la cadena perpetua para los asesinos de mujeres, pero en el papel que nos dan a firmar no dice nada de eso”, señala "Mario", un trabajador de la comuna capitalina.
Los trabajadores de la Dirección General de Aduanas (DGA) y de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal) también confirmaron que recibieron la “hoja en blanco” y que se vieron obligados a firmar, para no perder el empleo.
“Vienen de boca a decirnos de lo que se trata y nos dan una hoja así en blanco, sin más que unos espacios para firmar… Ellos no nos explican lo que ya nosotros sabemos que quieren hacer”, lamenta un trabajador de Enacal, quien también firmó para no ser despedido por represalias políticas.
Universidades sin autonomía
Los recintos universitarios públicos, supuestamente de carácter “autónomo”, también han sido utilizados y prestados por las autoridades para promover la decisión del Frente Sandinista. Los estudiantes han sido llevados a firmar la orientación girada por el régimen Ortega-Murillo a los diferentes auditorios de las almas mater, mientras son filmados y fotografiados.
La Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN), a través de una transmisión en vivo desde sus redes sociales, informó que los estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) participaron de la firma de la propuesta de cadena perpetua girada por el régimen de Ortega-Murillo.
“Firman en respaldo a la propuesta de ley 'Prisión Perpetua', impulsada por el comandante Daniel Ortega”, reza parte del mensaje expuesto por UNEN, una organización que fue fundada sin orientaciones políticas, pero ha patentado su fidelidad al Frente Sandinista, y es desconocida por miles de estudiantes que protestaron contra el régimen Ortega-Murillo, y no se sienten representados por esta.
Una orden del régimen Ortega-Murillo
La recolección de firmas que supuestamente castigaría a los asesinos, abusadores y violadores de mujeres, adolescentes y niñas, comenzó desde la tercera semana de septiembre, luego que Daniel Ortega -durante la conmemoración de la Independencia de Centroamérica- anunciara su propuesta, donde no especificó en ningún momento que tuviera el objetivo de reducir la violencia contra la mujer o el número de femicidios que se cometen cada año.
La vicepresidenta y vocera del Frente Sandinista, Rosario Murillo, también ha impulsado, desde su intervención de mediodía, la propuesta de cadena perpetua, asegurando que es “un clamor de las familias” nicaragüenses, para castigar “los crímenes de odio”.
“La cadena perpetua es lo que se está pidiendo a la Corte Suprema de Justicia, que aplique, que envíe a la Asamblea Nacional, y es clamor unánime de las familias en Nicaragua, castigar estos crímenes de odio, crímenes atroces”, dijo Murillo en su intervención del mediodía del jueves, 17 de septiembre.
Hasta la fecha, según Murillo, han recogido más de 650 000 firmas de respaldo a la solicitud que harán a la Corte Suprema de Justicia, para aplicar la pena de cadena perpetua contra quienes cometan “crímenes de odio”.
Murillo insistió, en su intervención de mediodía de este 22 de septiembre, que la pena de cadena perpetua será aplicada a “personas perturbadas mentales o con odio en el corazón que comentan asesinatos atroces, violaciones, crímenes de odio, tratos crueles, aberrantes, humillantes, inhumanos, denigrantes y degradantes”.
Durante los últimos tres años, los opositores azul y blanco en Nicaragua han sido ampliamente señalados por el régimen de Daniel Ortega, específicamente en los discursos de la vicemandataria Murillo, de tener “odio” en sus corazones y de cometer “crímenes de odio”, término que ahora usa en la propuesta de aplicación de cadena perpetua.
La feminista María Teresa Blandón, en un reporte publicado por CONFIDENCIAL, señala que la utilización del contexto del asesinato de las niñas para anunciar una medida “tan brutal” como la cadena perpetua, no es más que “una grosera manipulación de un acto de violencia que ha conmocionado a una buena parte de la sociedad nicaragüense”.
La recolección de firmas, impulsadas por el régimen de Ortega-Murillo, se han convertido en una estrategia del Frente Sandinista desde que se desataron las protestas sociales antigubernamentales. En agosto de 2018, el régimen envió a sus bases a recolectar firmas que acompañarían una carta enviada a Ortega y a la Corte Suprema de Justicia, en la que pedían “justicia y reparación para las víctimas del golpismo y terrorismo, y cárcel para los culpables del luto, destrucción y daños irreversibles”.
En noviembre de 2019, nuevamente, los trabajadores del Estado fueron obligados a firmar una carta que sería enviada al Papa Francisco para que removiera de su cargo a monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, por tener una “labor instigadora de violencia y desunión que no corresponde a las tareas pastorales propias de su investidura”.
En total, entregaron 491 567 firmas, pidiendo al papa Francisco que trasladara a Báez, señalándole como “líder de los golpistas”. Actualmente, el obispo auxiliar se encuentra fuera de Nicaragua, pero no por el número de firmas recogidas por el Frente Sandinista, sino por la persecución, ataques y amenazas que había en su contra.
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