17 de agosto 2018
AA
Mes y medio después de haber iniciado su mandato en Nicaragua, el Grupo Interdisciplinarios de Expertos Internacionales (GIEI) reveló que el gobierno de Daniel Ortega les ha bloqueado el acceso a los expedientes de las investigaciones y causas penales para tratar de esclarecer los crímenes ocurridos durante la rebelión cívica.
El GIEI brindó su primera conferencia de prensa este jueves en Managua. Los expertos asociados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunciaron que no han podido tener acceso a la documentación de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, la Policía Nacional y Ministerio de Salud para poder ejercer su mandato de esclarecer los crímenes ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo, coadyuvar a las autoridades en líneas de investigación, y diseñar un plan de reparación para las víctimas.
Reiteramos importancia que Estado de #Nicaragua apoye al #GIEI en las investigaciones de los hechos violentos ocurridos en el país, conforme con su recomendación N. 3: ofrecer acceso integral a expedientes y generar todas las condiciones para que GIEI pueda avanzar en su misión https://t.co/3tT5jLW2qN
— Paulo Abrāo (@PauloAbrao) August 16, 2018
“El GIEI ha priorizado, en un primer momento, la recopilación de información sobre los fallecidos (…) mediante entrevistas directas con los familiares. La labor realizada hasta el momento corrobora la necesidad de contar con información sustancial, la que se encuentra en poder de las instituciones nacionales”, dijo Amérigo Incalcaterra, uno de los miembros de expertos internacionales.
Los expertos aseguraron que el 2 y el 20 de julio sostuvieron reuniones con el Ministerio de Relaciones Exteriores del régimen Ortega-Murillo, y participaron “altas autoridades del Estado”, entre ellas el Canciller Denis Moncada, la presidenta del Poder Judicial, la Fiscal General y un representante de la Policía Nacional.
“Les solicitamos y reiteramos la necesidad de acceder a los expedientes de las investigaciones llevadas adelante por parte de las instituciones nacionales, a los informes de Medicina Legal y al listado de personas detenidas, así como del plan de reparaciones”, detalló Incalcaterra.
El GIEI subrayó que la información que puedan proveer las instituciones del gobierno de Ortega no “solo es necesaria sino que es imprescindible para poder cumplir con la función de coadyuvancia a las autoridades nacionales, así como el análisis técnico del Plan Integral de Atención a las Víctimas y Familiares”.
Los expertos recordaron que el gobierno suscribió un acuerdo con la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), y la CIDH para permitir la instalación del GIEI, y a través de él investigar los hechos de violencia.
Incalcaterra pidió al gobierno de Ortega disponer a “brevedad el acceso, sin condiciones, a los expedientes” de las investigaciones y causas penales iniciados por las autoridades, el plan de reparación y “la demás información solicitada oportunamente”.
“El GIEI quiere dejar asentada su preocupación por esta situación, la cual repercute negativamente en las tareas que nos han sido encomendadas, y reitera su disposición y compromiso para cumplir con su labor”, dijo Incalcaterra.
Claudia Paz y Paz, una de las expertas del GIEI, dijo que las autoridades del régimen les han prometido de forma verbal la información. Sin embargo, nunca se han comprometido por escrito. “No hemos tenido acceso a esa información que es imprescindible para poder cumplir con las tareas que nos asignaron las partes signatarias del acuerdo”, insistió Paz y Paz, en cuyo récord profesional figura haber juzgado al general Efraín Ríos Montt por genocidio en Guatemala.
Gobierno no tiene voluntad
En semanas anteriores, el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) de la CIDH, y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han denunciado que el gobierno boicotea su trabajo al impedirle ingresar a audiencias judiciales y no facilitarles información.
“Al parecer es la política del gobierno: no dar información, cerrarse a los organismos de derechos humanos y no brindar datos ni insumos necesarias ni transparencia para que haya justicia”, criticó Marcos Carmona, director de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).
Carmona dijo que este bloque al GIEI demuestra “la falta de voluntad” del gobierno de Ortega para “esclarecer la verdad en torno a las muertes” ocurridas desde el 18 de abril.
“No hay ningún detenido, ningún procesado por parte de las autoridades para resarcir el daño”, dijo Carmona, en referencia a que en los 137 casos judicializados hasta hoy no figuran en el banquillo de los acusados un policías o algún paramilitar, pese a que la cifra de fallecidos es de 317.
La doctora Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), resaltó la importancia de que el GIEI denuncie e informe sobre la obstaculización de su trabajo que comete el gobierno.
“A pesar de su insistencia, en solicitarle información en las diferentes instancias, no hay respuesta. Demuestra la falta de responsabilidad de este gobierno y su persistencia en violar los derechos humanos, porque está negando el acceso a la justicia”, dijo Núñez.
Según la presidenta del Cenidh, esta actitud del régimen evidencia una vieja práctica: No cumplir con los compromisos adquiridos a nivel internacional en materia de derechos humanos.
