5 de febrero 2020
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Una normativa del Ministerio de Gobernación (Migob), sin la publicidad requerida, ha sido el instrumento utilizado por el régimen de Daniel Ortega para ejercer un control político sobre las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), a quienes tácitamente han prohibido intervenir en la promoción de derechos humanos y democracia, simulando un interés superior en la lucha contra el terrorismo y el lavado de activos en Nicaragua.
El contenido de la normativa que entró en vigencia en abril de 2019 se mantuvo oculto hasta diciembre de ese mismo año, situación que evitó que los organismos afectados tuvieran oportunidad de recurrir de amparo ante la Corte Suprema de Justicia. Es así que algunas ONG han sido multadas y citadas por el Migob por incumplir con un articulado prácticamente desconocido.
La normativa tiene como fin “prevenir el lavado de activos y financiamiento al terrorismo a través del uso indebido de los Organismos Sin Fines de Lucro”, dice la exposición de motivos; sin embargo, el asesor legal de la Coordinadora de la Niñez (Codeni), Jorge Mendoza, afirmó que realmente es “un claro mecanismo de control político a las organizaciones de sociedad civil”, que además tiene un fin recaudatorio.
Según el artículo 30, numeral 7 de la “Normativa del Departamento de Registro y Control de Asociaciones para la Supervisión y Control de Organismos sin Fines de Lucro” es razón para intervenir una ONG cuando esta “intervenga en asuntos de carácter político partidario del país”. Una vez que el Migob intervenga una ONG automáticamente nombrará una junta directiva interventora que decidirá el destino de dicha organización.
“Establece requisitos que no estaban establecidos anteriormente en la Ley 147, Ley General Sobre Personas Jurídicas Sin Fines de Lucro, sobrepasa las prerrogativas y las competencias de la oficina de control de asociaciones sin fines de lucro”, señaló Mendoza.
Una fuente que solicitó el anonimato dijo a CONFIDENCIAL que la normativa del Migob pretende “un control absoluto” de la sociedad civil, “para que nadie se oponga (al régimen). Ellos lo que tienen es miedo de que estas ONG sigan abriendo la mente de la ciudadanía”.
Clara advertencia
Otra preocupación sobre esta normativa “es la advertencia” que hace a los representantes legales de las ONG, quienes “deberán firmar un acta de compromiso en el departamento de registro y control de asociaciones obligándose, de forma clara y precisa, a no incluir en sus proyectos, programas y acciones de tipo político partidario”.
Para Mendoza, tal compromiso “va a significar que si nosotros (las ONG) queremos desarrollar de cara a este año preelectoral una formación cívica de cómo debe valer el voto en las elecciones, o lo que sea, ellos (el Migob) van a calificar que andamos haciendo proselitismo político”.
Además, esta normativa “establece algunos mecanismos abusivamente interventores”, aseguró la Mendoza. “Ahora en una ONG por denuncia de uno de sus miembros, por sospechas de irregularidades en la dirección y administración, el Ministerio de Gobernación te puede intervenir”, subrayó.
Interés económico del régimen
Más allá del intento de acallar las voces de las ONG, la fuente que pidió no ser citada valoró que el régimen tiene un interés económico. “Lo que quieren es controlar la cooperación. Que la poquita cooperación que hay no llegue a estos organismos sino que vaya al Gobierno”, dijo la fuente.
De igual forma, Mendoza estimó que existe “un interés recaudatorio” detrás de la normativa del Migob. Señaló que ahora todas las constancias y cartas de cumplimiento deben ser tramitadas cada tres meses, cuando antes eso se hacía una vez al año.
Esta no es la primera arremetida del régimen en contra de las ONG. En diciembre de 2018 le quitó la personería jurídica a nueve organizaciones, a las que además confiscó sus bienes. Las organizaciones confiscadas fueron el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), Hagamos Democracia, Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas), Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco), Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade), Popol Na, Fundación del Río y al Instituto de Liderazgo en Las Segovias.
