13 de noviembre 2021
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El respaldo del Gobierno de Argentina, encabezado por el peronista Alberto Fernández, a la resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA) que declara ilegítimas las votaciones en Nicaragua, fue visto en su país como “un movimiento positivo en su política exterior”, ya que ese país se había abstenido de condenar los abusos de poder del régimen nicaragüense, basándose en “una peculiar perspectiva” del principio de no injerencia en los asuntos internos de otros países.
Un análisis publicado en el portal argentino Infobae apunta que “el giro” en la estrategia diplomática de Fernández frente al régimen totalitario de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, se produjo por las evidencias recogidas en la OEA, que probaron la sistemática violación de derechos humanos en Nicaragua.
“El voto de la Argentina junto a Estados Unidos, Canadá, Brasil, Chile, Perú, Paraguay, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Uruguay, El Salvador, Granada, Guatemala, Guayana, Haití, Jamaica, Panamá, Surinam, Trinidad & Tobago, Venezuela (la representación está en manos de Juan Guaidó), Antigua y Barbados, Dominica, Barbuda y República Dominicana significa una reformulación de la política exterior”, dice el artículo citado.
Anteriormente, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner forzó “un plegamiento diplomático a favor de China, Rusia y Cuba, y sus satélites regionales Venezuela (liderada por Nicolás Maduro) y Nicaragua”, señala Infobae. Ahora, Fernández “quiebra esa línea ideológica en las relaciones exteriores, al votar junto a Estados Unidos un proyecto de resolución que abre una posible instancia de suspensión de Nicaragua como estado miembro de la OEA”, agrega.
La decisión del presidente argentino también “atenúa la estrategia común” que hasta ayer protagonizo Argentina y México en todos los foros multilaterales. Fernández apoyó el proyecto que cuestiona el régimen sandinista, mientras que Andrés López Obrador se abstuvo.
El documento aprobado en la 51 asamblea general de la OEA, realizada entre el 10 y 12 de noviembre, plantea “declarar que, en las evidentes circunstancias, las elecciones del 7 de noviembre no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática”.
Además da un plazo de 18 días para que el Consejo Permanente realice una “apreciación colectiva” de la situación del país, “de conformidad con la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana”, y que lo “tome las acciones apropiadas”. Ambos planteamientos forman parte de los procedimientos establecidos en la Carta del organismo para la suspensión de un Estado miembro tras demostrarse que se rompió el orden democrático en el mismo.
"No estaba en los cálculos de nadie"
Durante la asamblea general de la OEA, realizada de forma virtual, el canciller argentino, Santiago Cafiero, “se reunió infinidad de veces con el presidente Fernández y al final coronó una jugada que no estaba en los cálculos de nadie”, señala Infobae. El diplomático “diseñó un movimiento de política exterior que también toma en cuenta la correlación de fuerzas adentro del Frente de Todos (que es la coalición gobernante en Argentina)”, agrega.
En este sentido, el discurso del vicecanciller argentino Pablo Tettamanti en la OEA, encontró un equilibrio entre dos fuerzas —externa y doméstica — que hasta ahora nunca habían ido a la par.
“La Argentina reitera su compromiso con la defensa de los derechos humanos, que para nuestro país representa un valor superior e irrenunciable... Mi país también ha asumido un compromiso con la promoción y la consolidación de la democracia representativa, dentro del respeto al principio de no intervención”, subrayó Tettamanti.
“Nos preocupa, en ese sentido, la condena anticipada de este proyecto de resolución a una cuestión respecto a la cual estamos solicitando que sea analizada por el Consejo Permanente, sin que hayamos tenido aún un debate en profundidad”, señaló.
“Hemos acompañado el actual proyecto de resolución, con la convicción, la esperanza y la voluntad política de seguir trabajando a favor del diálogo y la solución pacífica de nuestras diferencias, en verdadero beneficio de nuestros pueblos”, agregó el vicecanciller argentino.
Guatemala también votó a favor
Otro cambio importante en la política exterior hacia Nicaragua se produjo en el Gobierno de Guatemala, encabezado por Alejandro Giammattei, quien hasta ayer se había abstenido de condenar las violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses e —inclusive— al día siguiente de las votaciones se declaró “preocupado”, pero no condenó la farsa electoral que permitió la cuarta reelección consecutiva de Daniel Ortega, en medio de un contexto de violaciones masivas a los derechos humanos.
En el pasado, la posición de Guatemala ha oscilado entre votos de condena y abstenciones en pronunciamientos desde julio de 2018 contra el régimen de Ortega, lo que en la víspera de la asamblea de la OEA despertó dudas sobre su posición, a pesar que recientemente en un viaje a Madrid el canciller calificó como “no democráticas” las votaciones de Nicaragua.
Además de los Estados miembros de la OEA, la Unión Europea y organizaciones multilaterales ha expresado una posición firme frente a las votaciones en Nicaragua.
