Política

GIEI urge juzgar crímenes orteguistas de lesa humanidad

Unión Europea denuncia, por su parte, que desde abril de 2018 en Nicaragua, no hay “avances tangibles sobre la democracia y los derechos humanos”

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) llamó a los países de la OEA y la ONU a investigar y juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos por el orteguismo durante la rebelión de 2018, que hasta la fecha se mantienen en la “impunidad”.

En un artículo de la publicación Open Democracy, los cuatro expertos del GIEI señalan que “desafortunadamente, no existe ningún avance en el juzgamiento y la sanción de las graves violaciones de derechos humanos” reveladas en un informe final del grupo, presentado en diciembre pasado, donde se concluyó que el Estado nicaragüense “cometió” crímenes de lesa humanidad.

“Por el contrario, la garantía de impunidad para esos crímenes fue reforzada en junio de 2019 mediante la sanción, por parte de la Asamblea Nacional, con mayoría de representantes oficialistas, de una Ley de Amnistía que pretende impedir su juzgamiento”, añaden.

Juzgado por otros Estados

Los crímenes de lesa humanidad son delitos imprescriptibles, no pueden ser amnistiados, y se pueden juzgar en el ámbito internacional por otros Estados o por tribunales como la Corte Penal Internacional (CPI).

Sin embargo, Nicaragua no es firmante del Estatuto de Roma, carta fundacional de la CPI, y por lo que es muy difícil que intervenga ese tribunal. Expertos jurídicos han señalado que lo más real es que esos crímenes sean juzgados por otro Estado bajo el principio de justicia universal.

“Con la finalidad de evitar la impunidad, consideramos importante que los Estados miembros del sistema regional, la OEA, así como del sistema internacional, la ONU, inicien investigaciones; y en su caso juzguen, a los responsables de los referidos crímenes en el marco de la jurisdicción universal, conforme el derecho internacional vigente y la legislación interna de cada país”, subrayan los expertos del GIEI.

Añaden: “Corresponde a la comunidad internacional, de la mano de los colectivos de víctimas, personas defensoras y organizaciones, dar el siguiente paso de investigación internacional”.

Ciudadanos sin garantías

Los expertos destacaron además que en los últimos dos años “tampoco se han dado pasos para garantizar los derechos de reunión, asociación y libertad de expresión. Hasta la fecha las manifestaciones siguen proscritas, y no ha cesado el hostigamiento a defensores de derechos humanos, líderes sociales y periodistas”.

En este mismo sentido, el alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, indicó que en Nicaragua, desde abril de 2018, “no hay avances tangibles sobre la democracia y los derechos humanos”.

“La represión por parte de las fuerzas de seguridad y grupos armados progubernamentales hacia opositores políticos, manifestantes, periodistas, organizaciones de la sociedad civil y miembros de la Iglesia Católica continúa”, afirmó Borrell en un comunicado.

El diplomático español alertó que “la UE espera que el Gobierno de Nicaragua cumpla con los compromisos adquiridos en los acuerdos de marzo de 2019 con la oposición para lograr una salida pacífica, negociada y democrática a esta crisis”.

El Consejo de la Unión Europea —integrado por los cancilleres de los 27 países miembros— aprobó en octubre pasado el marco legal para imponer sanciones específicas contra funcionarios o personeros de la dictadura de Daniel Ortega, involucrados en las violaciones a los derechos humanos durante la represión de 2018.

 



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