Política

Gabriel Álvarez: “No le corresponde” a CxL inhibir a los precandidatos

El abogado constitucionalista opina que la oposición está en un dilema, porque Ortega decidió no permitir un proceso electoral libre y transparente

Nicaragua inició un proceso electoral “esposado, vendado y flagelado” que muestra la voluntad del régimen de Daniel Ortega de no permitir elecciones libres y transparentes, según el experto en Derecho Constitucional, Gabriel Álvarez, quien añade: “Ortega no fue capaz de resolver la crisis y ya no puede dar marcha atrás porque sería un problema con sus propias bases”.

Para Álvarez, al partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) “no le corresponde” inhibir a ningún precandidato, ya que su función debe limitarse a “una actitud diligente y responsable” de velar porque los aspirantes cumplan los requisitos de ley.

La sugerencia del jurista surge por un acuerdo publicado, el jueves pasado, por el Consejo Supremo Electoral (CSE), donde recordó a los partidos y alianzas políticas que sus candidaturas deben cumplir con “todas las disposiciones y requisitos” establecidos en las leyes, que según analistas buscan que la Alianza Ciudadanos por la Libertad (ACxL) —que es el único vehículo electoral que le queda a la oposición— restrinja la inscripción de los precandidatos.

En una entrevista con el programa Esta Semana, el experto resalta que la oposición se encuentra en el dilema de someterse a este proceso electoral o buscar alguna alternativa política. Aunque, hasta ahora no ha podido encontrar otra salida. “Estamos enrumbándonos a una profundización de la crisis, fuera del marco constitucional”.

Este sábado fue capturado por la policía el precandidato presidencial Arturo Cruz, se le imputa una presunta violación de la Ley de Defensa de la Soberanía. ¿Qué sustento jurídico tiene esta clase de acusación?

Este es un caso que puede variar un poco con otros que ya conocemos, como el de Cristiana Chamorro, porque en el caso de ella lo que veo es una violación de la Constitución y leyes vigentes en Nicaragua. En el caso del doctor Cruz habría que ver cómo se va a desarrollar el proceso, que se supone van abrir. 

Desde diciembre pasado está en vigencia la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, que recoge tipos penales y otro tipo de figuras delictivas, que un juez tiene que aprobar que se cometieron o no. 

El análisis crítico más bien iría en la naturaleza de la ley que reconfigura la esencia del Estado. Este ya no es un Estado democrático. Esta es una ley inconstitucional, se sale de los cánones y marco conceptual hemisferio, por la Carta Democrática Interamericana. Es una ley que violenta nuestro ordenamiento constitucional; aprobado para cuando ellos (régimen) crean que es conveniente.

¿Tiene algún sustento jurídico o constitucional la inhibición de facto que ha decretado una jueza y la Fiscalía contra la precandidata presidencial Cristiana Chamorro?

No veo ninguno. En realidad todo el procedimiento que inició desde la citatoria ante el Ministerio de Gobernación, luego ante el Ministerio Público, luego las capturas de la Policía Nacional de dos ex trabajadores de la Fundación Violeta Barrios y finalmente la toma de la residencia de Cristiana y las resoluciones judiciales inherentes a ellas, están plagadas de ilegalidad, de violaciones a derechos constitucionales y finalmente inhabilitarla no tiene absolutamente ningún sustento constitucional o legal. Queda clarísimo que esta decisión solo la puede tomar un juez penal, después de un debido proceso. Pero dada la evidencia, esto no es así, sino que se trata de una medida precautelar que está explícitamente ausente.

No existe esa figura de medida cautelar en nuestro ordenamiento jurídico, por lo tanto, lo veo rayando con la prevaricación y quiero insistir en que hay muchas disposiciones que están casi fabricando. No soy la autoridad competente para decirlo, pero como jurista, como técnico, me atrevo a cuestionar y analizar para que las autoridades competentes revisen la actuación de la judicial, que ordenó sin ninguna base legal esta situación.

¿Puede la Alianza Ciudadana mantener su inscripción en el proceso de competencia interna para la selección de candidatos presidencial o tiene esto una consecuencia jurídica para este partido político?

Es una situación que hay que guardar el equilibrio. Por un lado, me parece que CxL (partido Ciudadanos por la Libertad) no debe caer en los chantajes del régimen de Ortega y de la señora Murillo; pero por otro lado, debe ser responsable y tampoco tomar decisiones que abiertamente pudiesen estar en contra; o bien de una disposición, de un abanico de leyes represivas que fueron aprobadas para coartar las posibilidades de un proceso electoral libre y transparente, o bien de una manipulación y aplicación incorrecta e indebida de estas disposiciones, porque aquí de lo que se trata es de aprovechar esta rendija y tratar de hacer todo lo posible para agotar hasta el final esta posibilidad.

¿La resolución del Consejo Supremo Electoral, que se emitió esta semana invocando esas leyes inhibitorias, debería ser acatada por la oposición, le toca a CxL o al Consejo Supremo Electoral aplicar sus leyes inhibitorias?

Debe ser el Consejo Supremo Electoral, porque solo ellos saben cómo van a interpretar y aplicar unas disposiciones que están redactadas en términos sumamente amplios y vagos. No le corresponde a CxL ir más allá de una actitud diligente y responsable de los requisitos.

Lo que está ocurriendo con ese recordatorio y lo que se observa es ya una distorsión del diseño del Estado de derecho. Nicaragua se está apartando de la visión hemisférica de lo que es un Estado de derecho, porque el Consejo Supremo Electoral se está erigiendo en un juez penal y el CSE no tiene competencia para calificar a alguien si es traidor, lavador de dinero o del crimen organizado. Eso solo lo puede hacer un juez penal, pero un juez penal lo hace con una apariencia de haber seguido un proceso. Aquí en dos o tres días te fulminan. En Rusia se acaba de promulgar una ley del presidente Putín, pero allá la justicia tiene que previamente declarar a una organización como terrorista, como peligroso. Aquí hay una ejecución en 48 horas para aplicar una disposición penal, eso trastoca y distorsiona totalmente el Estado de derecho.

Alternativas de la oposición

Lo que estás diciendo es que el proceso político está en manos de una autoridad, que puede eliminar eliminar a CxL y puede eliminar a uno, dos, tres, cuatro, candidatos a la presidencia que sean presentados por este partido, sin necesidad de establecer un verdadero sustento jurídico o constitucional. ¿Cuáles son los plazos para ese proceso? ¿Lo va hacer al borde del último día?

Efectivamente el plazo para inscribirse va del 28 de julio al 2 de agosto. Luego hay un pedido de sustituciones o subsanación, de renuncia de estas candidaturas y el Consejo Supremo Electoral hará la primera publicación provisional de los candidatos, se abre un período de impugnación a los candidatos y finalmente en la segunda quincena de agosto se publica la lista definitiva. Es en esta franja temporal que se determinará de manera definitiva qué es lo que finalmente aplicó el Consejo Supremo Electoral.

Cuando el Consejo Supremo Electoral no inscriba a un candidato que llegó entre el 28 de julio y el 2 de agosto y no aparezca después del período de subsanación y de renuncia, debo entender que el Consejo Electoral hace una primera revisión y que quienes inscriban o a quienes no inscriban deberán recurrir, aunque las leyes electorales no establece un recurso específico para eso. La Constitución sí establece el derecho a previsión de los actos que atentan la situación jurídica de los particulares, allí los ciudadanos que pretendían inscribirse y que efectivamente no hayan sido inscritos deberán cuestionar al Consejo Supremo Electoral, y cuando el 18 de agosto publique la ley, es donde ya sabremos qué es lo aplicó y qué no aplicó.

¿Tiene la oposición alguna alternativa política antes de que terminen de liquidarla?

Estamos llegando al punto de no retorno, lamentablemente. Muchas organizaciones, sectores e individuos hemos propugnado y hecho el mayor esfuerzo para dejar abierta la vía electoral; (sin embargo), Ortega de la misma manera ha cerrado todos estos espacios.

Debo decirlo con toda responsabilidad: hay estudios que (señalan que) después de un fraude electoral, los pueblos suelen levantarse de nuevo. Esto está estudiado a profundidad y acreditado; por lo tanto, soy de los que piensa que hay que insistir por esta vía. Ortega es de los que tiene la posibilidad de decir, en última instancia, si abre o no abre esta vía (electoral). Pero todo indica que el proceso electoral, que ya inició, es un proceso esbozado, vendado, flagelado y así estamos caminando hasta el 7 de noviembre. Esto lo que demuestra es que Ortega no fue capaz, no logró resolver la crisis y ya no puede dar marcha atrás porque sería un problema con sus propias bases.

Tampoco la oposición logramos encontrar salidas ni la comunidad internacional. La dictadura no es un problema de los dictadores, es un problema de Nicaragua. Veo que no estamos enrumbándonos a una salida, estamos enrumbándonos a una profundización de la crisis, de consecuencias imprevisibles, pero claramente fuera del marco constitucional.

 



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