Política

FSLN propone reformas “cosméticas” que mantienen control partidario en estructuras electorales

Diputados orteguistas subordinan la Ley Electoral a lo establecido por la Ley de Regulación Agentes Extranjeros y la ley de inhibición política

La bancada del Frente Sandinista presentó este lunes 12 de abril una iniciativa de reforma electoral que mantiene por igual el control partidario de las estructuras del sistema electoral, dominado por el orteguismo; le entrega el control de las marchas en el marco de la campaña electoral a la Policía Nacional, principal brazo represor del régimen, y restringe el financiamiento para los partidos políticos opositores. La iniciativa ya está en la agenda legislativa del parlamento, controlado por el orteguismo que cuenta con 70 de 91 votos.

La reforma electoral presentada mantiene el control del Frente Sandinista, el Partido Liberal Constitucionalista y demás partidos colaboracionistas en el Consejo Supremo Electoral, los Consejos Electorales Departamentales, Regionales y Municipales, además de las Juntas Receptoras de Votos.

Para disfrazar los supuestos cambios, los diputados orteguistas proponen que estas estructuras sean conformadas en el marco de una “equidad de género”, con un 50% de miembros hombres y el otro 50% mujeres.  Sin embargo, no hace una sola mención de cambios que garanticen que las estructuras electorales operen con independencia e imparcialidad.

La equidad de género igualmente tiene que ser cumplida en las listas de los candidatos a los cargos de elección popular, juntas directivas y fiscales de los partidos políticos que harán presencia en las Juntas Receptoras de Votos.

Reforma FSLN agrega segregación e inhibiciones

Otro punto propuesto por los diputados leales al régimen es que se establezca de manera expresa y tajante para prohibir a partidos políticos, alianzas o candidatos a cargos de elección popular recibir de manera directa e indirecta financiamiento para sus actividades electorales provenientes desde el exterior, “de ninguna índole, bajo ningún concepto y para ningún fin”.

También se propone como otras restricciones que esta iniciativa de reforma asuma lo establecido en las leyes represivas aprobadas por la dictadura, como la Ley Regulación de Agentes Extranjeros, una ley que abre las puertas al espionaje gubernamental de todas las operaciones de las organizaciones de la sociedad civil y políticas opositoras y la Ley de Soberanía y Autodeterminación para la Paz, denominada como “Ley Guillotina”, que busca inhibir candidatos opositores, argumentando la supuesta vinculación de estos a las protestas civiles de 2018, que el régimen las califica como un “intento de golpe de Estado”.

Otro punto de reforma es el referido al artículo 89, el cual establece que será la Policía la que autorice las actividades de los partidos políticos en la vía pública. Los partidos políticos o alianzas de partidos políticos deberán presentar a la Policía, con copia al Consejo Supremo Electoral, una solicitud para la actividad en la vía pública con el todos los detalles de la misma: hora, día, lugar y trayecto. Esta tiene que ser presentada con una semana de anticipación, y la Policía tendrá 48 horas para resolver sobre la misma.

Actualmente, se establece que es el Consejo Supremo Electoral el que aprueba estas actividades en la vía pública, como mítines o marchas partidarias, y la Policía se encarga de brindar seguridad y acompañamiento a las actividades para prevenir cualquier incidente. Sin embargo, desde septiembre de 2018, tras la matanza y represión contra las protestas ciudadanas de ese año, Nicaragua vive bajo un estado policial de facto.

Reformas electorales restrictivas contra derechos ciudadanos

Las reformas electorales en Nicaragua, presentadas este lunes en el Parlamento por la bancada oficialista, mantienen el control del partido de gobierno en las Juntas Receptoras de Votos y se tornan cada vez más restrictivas contra los derechos ciudadanos y las actuaciones de los partidos de oposición en el contexto de la campaña para las presidenciales de noviembre próximo, advirtió el ex diputado opositor y analista político Eliseo Núnez.

Núnez dijo que en estas reformas electorales se integran la ley de agentes extranjeros,  una del tridente de legislaciones que el ejecutivo aprobó desde finales del año pasado como instrumentos contra la oposición y entre las cuales se encuentran el castigo a los “crímenes de odio” y las “noticias falsas”.

Las restricciones a los ciudadanos aumentan al quitarle a los Consejos Electorales  Departamentales y Municipales la facultad que tenían de los permisos para las manifestaciones, movilizaciones, actividades de los ciudadanos y partidos políticos durante la campaña, y se lo entrega a la Policía “sandinista”, dijo.

“Básicamente lo que están haciendo es militarizando el sistema electoral con esto. Y la Policía tiene como parámetro todo lo demás: que es la Ley de agentes extranjeros, la Ley Soberana, todas las leyes coercitivas que pusieron. Ellos están tratando de hacer una campaña de tigre suelto contra burro amarrado. Traen toda la coerción a la ley electora,  que antes estaba dispersa”, declaró Núñez.

El exlegislador afirmó que en la ley también se establece que ningún grupo u organización va poder expresar nada en ningún medio de comunicación y en ningún lado, a excepción de los partidos políticos que están participando en los comicios, lo que constituye una violación a la libertad de expresión.

Para Núñez, la propuesta del oficialismo está muy distante de lo que el ejecutivo se comprometió con la OEA en el marco del Memorándum de Entendimiento de 2017 y la Resolución de la Asamblea General de esa organización de octubre del 2020,  dado que no tocan el tema del padrón electoral que es fundamental, la observación nacional e internacional como una obligación de ley y  la la publicación de los resultados por cada JRV.

Otro punto, contrario a los intereses de la oposición, es que en el proyecto de acuerdo a Núñez se “deja que la copia (de las actas de escrutinio) de los fiscales (se va entregar) en el orden que están en las casillas. Es decir, las  que va a ocupar la oposición están arriba de la diez y van a ser ilegibles. Todo eso indica que están alejados completamente de lo que la OEA propuso. La despartidización no se mueve. Es interesante la manipulación del tema de género que, como les resultó hace años, ahora lo traen para ocuparlo de escudo. Es una manipulación totalmente abyecta de lo que es el tema de género, poniéndolo como escudo de lo que están metiendo ahí”.

El jurista agregó que  el reembolso electoral esta vez podrá ser dado por el Estado, aunque los partidos no hayan obtenido el 4 por ciento, lo que significa que está patrocinando a partidos políticos  “zancudos”,  los que normalmente siguen un patrón de colaboracionismo político con el orteguismo.

Desde el punto de vista legal, el tema de que la mitad de las magistraturas sean repartidas entre hombres y mujeres debe estar en la Constitución y no en la ley electoral, aunque la gente esté de acuerdo o no con el tema.

Lejos de lo que propuso la OEA

Para el jurista y exdiputado, José Pallais, la propuesta de reforma electoral impulsada por el orteguismo está muy lejos de las reformas profundas que demanda la oposición y la Organización de Estados Americanos (OEA), ya que este articulado reduce “la capacidad de competencia de la oposición” y no impulsa ningún cambio profundo en el sistema electoral.

En esta reforma se habla de “restringir la participación de la oposición”, valora el jurista. “Pareciera que está orientada –principalmente– para que una oposición débil, sin capacidad de incidencia, se enfrente a un candidato del régimen con todos los derechos y con todas las ventajas”, agrega Pallais.

La propuesta incorpora “todo lo relativo a la Ley de Agentes Extranjeros y la Ley de Soberanía”, por lo que “prohíbe expresamente cualquier cooperación extranjera, aunque sea de nicaragüenses residiendo en el extranjero”, comenta el jurista. Estos elementos “me llevan al convencimiento de que el objetivo de esta ley no es abrir espacios y  garantizar transparencia”, continúa

A criterio Pallais, la forma en que la propuesta incorpora las leyes que restringen los derechos de los ciudadanos, es una muestra de que tiene como fin “asegurar la continuidad en el poder del régimen” gobernante.

En octubre de 2020, la OEA aprobó la resolución denominada “Restableciendo las instituciones democráticas y el respeto a los derechos humanos en Nicaragua a través de elecciones libres y justas”, que establece mayo de 2021 como plazo para que el Gobierno de Daniel Ortega implemente las reformas electorales necesarias para garantizar elecciones libres, justas y transparentes en noviembre de ese año.

Aunque la propuesta del régimen es presentada en el tiempo establecido por la OEA, el contenido de las reformas, valora Pallais, “está lejos de las reformas que ha planteado la oposición y está lejos de los siete puntos de la OEA”. 


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