5 de abril 2021
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Los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) viven una larga cuarentena. Tienen más de un año de no aparecer en comparecencias públicas, su presidente en funciones se está recuperando de severos problemas de salud, el cargo del presidente está vacante desde hace dos años y todos sus integrantes tienen sus períodos vencidos, contraviniendo la Ley Electoral.
Todo esto a siete meses de unas elecciones en las que el dictador Daniel Ortega busca su tercera reelección consecutiva, bajo la sombra de los fraudes electorales, y una fragmentada oposición que busca organizarse para lograr la transición a la democracia por medio de elecciones libres, transparentes y competitivas.
Luego de la salida de Roberto Rivas Reyes en mayo de 2018, meses después de ser sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en base a la Ley Global Magnitsky, designada para “personas envueltas en serios abusos a los derechos humanos o corrupción”, la presidencia en funciones del Poder Electoral fue asumida por el magistrado Lumberto Campbell Hooker.
Sin embargo, Campbell nunca asumió oficialmente la vacante de presidente dejada por Rivas. Y también fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en noviembre de 2019, cuando también se le venció su período como magistrado, y en 2020 su salud se deterioró de forma severa.
Fuentes del Frente Sandinista confiaron a CONFIDENCIAL que aún están evaluando si Campbell podrá reasumir sus funciones en el CSE por la situación de su salud. Campbell fue sometido a una operación en la columna vertebral y se recupera de una enfermedad crónica de la cual se encuentra en remisión. CONFIDENCIAL contactó a la oficina de prensa del CSE en busca de una versión oficial sobre la situación de Campbell, pero no hubo respuesta.
Posibles relevos en el CSE
A lo interno del partido rojinegro se barajan posibles candidatos para sustituir la vacante de Rivas y que dejaría Campbell, en caso de no reincorporarse al CSE.
Los principales son la actual magistrada Mayra Salinas y el exvicecanciller Valdrack Jaentschke Whitaker. Otros que se han mencionado para reforzar el CSE, bajo el control sandinista, son el exembajador ante la Unión Europea, Lautaro Sandino Montes, y el exsubdirector de la Policía, Francisco Bautista Lara.
Salinas es una funcionaria de la plena confianza de Rosario Murillo y de Daniel Ortega. Los otros tres exfuncionarios tienen algo en común: todos fueron removidos recientemente de sus cargos diplomáticos. Francisco Bautista Lara fue retirado como embajador ante el Vaticano a inicios de febrero, luego de estar solamente cinco meses en el cargo. Sandino Montes fue removido de su cargo a inicios de 2021. Y el 23 de febrero, Valdrack Jaentschke fue cancelado como vicecanciller y de otros 16 cargos diplomáticos que ostentaba.
CONFIDENCIAL contactó a Bautista Lara, quien dijo que a la fecha no ha recibido ninguna comunicación de parte del Gobierno sobre asumir una magistratura o cualquier otro cargo en el Poder Electoral. “Desconozco completamente sobre esa información que me decís. Para mí es nuevo todo eso. Nada se me ha dicho sobre eso”, respondió Lara.
En la oficina de prensa del CSE tampoco respondieron otra consulta sobre el tema de los magistrados. Una fuente con conocimiento de lo que ocurre en el CSE, asegura que ese poder del Estado opera con fines administrativos básicos, y que a la fecha todavía no están haciendo nada en función de las elecciones del 7 de noviembre próximo.
También se contactó al jefe de la bancada sandinista, Edwin Castro, tomando en cuenta que las propuestas de candidatos son hechas por los parlamentarios o el presidente de la República, pero el diputado y operador político del FSLN no atendió las consultas.
Cargos vencidos en el CSE
Los magistrados Emmett Lang Salmerón, Luis Benavides Romero y Judith Silva Jaen tienen sus cargos vencidos desde 2019. Lang Salmerón recientemente fue reelecto por unanimidad al frente del Comité Olímpico Nicaragüense (CON) por un período de cuatro años. A las magistradas electorales sandinistas Norma Moreno Silva y Mayra Salinas Uriarte se les venció el 18 de febrero de 2021. Estas dos magistradas fueron las últimas electas por los diputados orteguistas en 2016.
CONFIDENCIAL constató que la última vez que los magistrados hicieron acto de presencia pública (y no estuvieron todos) fue durante la apertura del período legislativo en la Asamblea Nacional el 9 de enero de 2020. Luego desde ese día, han mantenido una larga cuarentena, pese a la importancia histórica de los comicios de noviembre de 2021.
La última decisión relevante emanada del Poder Electoral fue una certificación publicada en La Gaceta, diario oficial del Estado, el 14 de julio de 2020. En la misma, el CSE estableció que los aspirantes para formar un partido político pueden completar los requisitos legales para culminar el proceso hasta junio de 2021, tan solo cinco meses antes de las elecciones. Anteriormente, el plazo para tener concluido este proceso era un año antes de los comicios.
Reformas electorales a ritmo del orteguismo
José Antonio Peraza, miembro del Grupo Promotor de Reformas Electorales (GPRE), explicó que tomando en cuenta el tiempo restante para los comicios, hay al menos cuatro puntos que ya deberían estar en desarrollo por parte del Poder Electoral.
Estos son: convocatoria a elecciones, publicación del calendario electoral, invitación a la observación nacional e internacional y el proceso de verificación y cedulación ciudadana.
Otro tema que claramente es evadido por el Poder Electoral y el presidente Ortega es el mandato de la Resolución de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) del 23 de octubre de 2020 en el cual se establece que, a más tardar en mayo de 2021, se deben realizar reformas electorales profundas que garanticen elecciones creíbles y transparentes.
En diciembre del año pasado, el asesor presidencial Bayardo Arce declaró ante Vos TV que la reforma electoral del FSLN sería presentada hasta en mayo, mientras que el diputado liberal orteguista y miembro de la Junta Directiva, Wilfredo Navarro, coincidió ante la Voz de América que las “reformas electorales” serían aprobadas en mayo, y se basan en el Memorándum de Entendimiento firmado entre el Gobierno de Nicaragua y la OEA el 28 de febrero de 2017, vencido hace más de un año.
“El Gobierno tiene lista sus propuestas de cambios y ajustes que están dentro del marco contenido en el Memorándum de Entendimiento con la OEA, y que están referidas a temas eminentemente técnicos y de procedimientos y de perfeccionamientos del proceso. No es que vas a cambiar todo el proceso, sino que el proceso electoral es perfectible, puedes perfeccionarlo con algunas cosas”, dijo Navarro.
El Memorándum establecía dos componentes: uno político electoral, referido a una misión de acompañamiento para las elecciones municipales de noviembre de 2017, y otro de fortalecimiento institucional. No hacía referencia a reformas electorales concretas, sino a la cooperación técnica de la OEA para fortalecer jurídicamente el balance e independencia de los poderes del Estado, principalmente el Poder Electoral. Sin embargo, todo eso fue desechado por la dictadura orteguista luego de la masacre a las protestas civiles de abril de 2018.
Daniel Ortega rompió Memorándum con la OEA
José Pallais, en ese entonces miembro de la Alianza Cívica, fue parte de la delegación de esa organización que participó en el segundo intento de diálogo nacional en 2019. Recuerda que esa ocasión fue la última vez que un equipo técnico de la OEA estuvo presente en Nicaragua, en aras de rescatar el cumplimiento del Memorándum de Entendimiento.
En ese diálogo participó como acompañante el enviado especial de la OEA, Luis Ángel Rosadilla. “En la negociación de los acuerdos estaba planteada la necesidad de una reforma electoral profunda. Producto de esta mesa de diálogo, vino en dos ocasiones una misión para refrescar y actualizar el Memorándum de Entendimiento y apoyar a la mesa de diálogo. Pero el régimen rompió ese aspecto del diálogo y se limitó a firmar los acuerdos sobre la liberación de los presos políticos y las garantías ciudadanas, los que tampoco ha cumplido”, recordó Pallais.
Durante su exposición ante el Consejo Permanente de la OEA sobre los resultados de su misión en Nicaragua, Rosadilla reveló un encuentro que sostuvieron con personeros del régimen el 25 de agosto de 2019 para tratar el tema de las reformas electorales.
Sin embargo, el delegado de la OEA no brindó ninguna respuesta sobre los resultados de ese encuentro, y se limitó a mencionar que se “intercambiaron puntos de vista sobre cuáles serían los criterios en la eventualidad de que la OEA, tal y como los solicitará el Gobierno de Nicaragua, trabajará en un proceso de reformas políticas electorales”.
Este fue el último encuentro conocido entre la OEA y el régimen orteguista para abordar lo establecido en el Memorándum de Entendimiento. Ortega no continuó su trabajo con el organismo internacional, y finalmente, el tiempo de tres años fijado para la implementación del Memorándum, expiró el 28 de febrero de 2020.
“Ortega cortó la comunicación con la OEA en el trabajo electoral. Nosotros fuimos informados que el régimen no estaba interesado en renovar el Memorándum con la OEA. Lo dejó vencerse. Sabemos que hubo reuniones, pero los resultados lo desconocemos. Sabemos que hay canales diplomáticos abiertos, en forma general, pero no están trabajando en alguna área específica”, señaló Pallais.
Mayo es el mes de las “reformas”
Por su parte, Peraza dijo estar convencido de que habrá reformas electorales este mayo, pero la duda vigente sigue siendo la profundidad y el alcance de las mismas.
“Lo que para mí es evidente es que el régimen se va a tomar hasta el último momento para hacer los cambios. Esas reformas las vamos a tener hasta mayo. El sandinismo está estirando lo más que pueda los tiempos para que la oposición tenga el menor chance posible de organizarse para la elección. Aunque sean cosméticas, las van a hacer a finales de mayo, cuando se cumpla el plazo establecido por la OEA”, comentó Peraza.
Lo que el CSE debería tener
Aunque la Ley Electoral no establece una fecha determinada, se estilaba que la convocatoria misma a las elecciones se hacía año antes de la fecha designada para las votaciones. Sin embargo, a medida que se afianzaba el control del orteguismo en el CSE, este plazo se ha ido reduciendo. Por ejemplo, para el fallido proceso electoral de 2016, el CSE convocó a comicios el 6 de mayo de ese año, exactamente seis meses antes de la fecha establecida para las votaciones.
Sin embargo, nada de este proceso puede iniciar sin que se reconstruya la conformación de las autoridades electorales superiores. “Todo proceso de renovación implica primero el cambio de las autoridades electorales, para después entrar a los otros temas de las reformas electorales, que son muchos. El problema es que esos magistrados no gozan de ninguna credibilidad, porque en todo caso son responsables de fraude electoral”, afirmó Peraza.
El miembro del GPRE explicó que solo la publicación del calendario electoral en sí ya establece diversos puntos que ya deberían estar siendo atendidos por el Poder Electoral.
“Un calendario electoral establece entre 44 a 55 temas que son importantes para el desarrollo de un proceso electoral transparente. Desde la cedulación, verificación ciudadana, revisión del padrón electoral, reformas electorales, el funcionamiento adecuado e informativo del sitio web (del Poder Electoral). Incluso, ya la gente debería conocer cuáles son los sitios donde va a votar”, añadió.
El diputado Alejandro Mejía Ferreti, de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), partido político aliado del Frente Sandinista, presentó ante la Asamblea Nacional una iniciativa de ley para ampliar la vigencia de las cédulas de identidad próximas a vencer hasta noviembre de 2022. La iniciativa será analizada en una comisión en el parlamento para luego ser discutida en el plenario.
El control de las JRV, CDM, y CED
Un punto clave del calendario electoral es la conformación de las autoridades de los Consejos Electorales Departamentales y Municipales. Las reformas establecidas por el pacto político entre el Partido Liberal Constitucionalista y el Frente Sandinista transformaron radicalmente la conformación de estas estructuras electorales.
El artículo 16 de la Ley Electoral establece que los magistrados electorales tienen que conformar a los miembros de los Consejos Electorales Departamentales cinco meses antes de los comicios. En el caso de los municipales tienen que estar integrados en los quince días posteriores al nombramiento de los departamentales y regionales. Estos, a su vez, son los que nombran a los miembros de las Juntas Receptoras de Votos (JRV).
Sin embargo, debido a las reformas aprobadas por el pacto, quienes presiden todas estas estructuras son miembros de los partidos políticos, colocados en una terna de acuerdo a los resultados de las últimas elecciones presidenciales y legislativas.
En 2016, el FSLN usó la Corte Suprema de Justicia para eliminar la competencia de su principal rival político, Coalición por la Democracia aglutinada en torno al Partido Liberal Independiente que encabezada Eduardo Montealegre. La exclusión de la oposición produjo una abstención que superó el 60% y una absoluta falta de transparencia de los resultados finales.
El CSE, encabezado en ese entonces por Roberto Rivas Reyes, le asignó a Ortega y al FSLN un 72.4% de los votos. El segundo más votado, de acuerdo al Poder Electoral, fue el Partido Liberal Constitucionalista, con un 15.3% para el candidato y ahora diputado constitucional, Maximino Rodríguez; seguido del Partido Liberal Independiente y José del Carmen Alvarado, con un 4.51%; y la Alianza Liberal Nicaragüense, entonces con Saturnino Cerrato, con 4.31%. Estas son las únicas fuerzas políticas que según el CSE superaron el 4% de los votos, y que de acuerdo con la Ley Electoral, pueden integrar las estructuras de mando tanto en los Consejos Electorales Departamentales, Regionales y Municipales, y las mismas JRV.
Adicionalmente, el político opositor y exdiputado liberal Eliseo Núñez, asegura que el orteguismo, aprovechando el control que tiene del Poder Electoral, manipula la conformación de las estructuras electorales. Núñez, quien fue fiscal electoral por el PLC para la campaña del expresidente Enrique Bolaños en 2001, explicó que de acuerdo a lo establecido en el artículo 16 de la Ley Electoral y con los resultados de 2016, al Frente Sandinista le corresponde tener un 50% de presidentes en los CED, CER CEM y JRV, y al PLC el otro 50% para sus primeros miembros. Igual sería en el caso del PLC, dada su condición de segunda fuerza política gracias a las asignaciones del CSE.
Mientras tanto, los segundos miembros se asignan al resto de partidos políticos, de acuerdo con la Ley Electoral, respetando el “pluralismo político” existente.
“El problema es que el Frente Sandinista además de lo que le corresponde, asigna los segundos miembros a partidos que son o miembros de su alianza política o aliados políticos, sin importar si estos han sacado más de un 4%. Entonces eso prácticamente le permite tener control en todas estructuras electorales, con la venia de las autoridades”, explicó Núñez.
Otra de las ventajas es que, aunque la Ley Electoral establece que debe haber pluralismo sobre los CED que debe presidir la primera y segunda fuerza política, el Frente Sandinista siempre busca cómo controlar los CED de los departamentos con mayor población, empezando con Managua. “Al final —explicó Núñez— el PLC, que según el CSE es la segunda fuerza política, termina dirigiendo como un 25% de los votantes activos, porque el Frente busca como quedarse con los departamentos con mayor población y por ende con mayor cantidad de posibles votantes”.
