Política

FSLN arranca campaña electoral en “constante abuso de recursos estatales”

Observatorio de Urnas Abiertas denuncia 4300 "actividades recreativas" convocadas en medio de un grave rebrote de covid-19 en Nicaragua

El Observatorio Ciudadano Urnas Abiertas denunció el “constante abuso en el uso de recursos estatales” por parte del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en el arranque de la campaña electoral previo a las votaciones generales previstas para el próximo 7 de noviembre.

En un informe sobre la campaña electoral en Nicaragua, que arrancó el pasado sábado, explican que “las condiciones de esta campaña política son desiguales porque el FSLN se encuentra en permanente propaganda desde las instituciones del Estado, estructuras barriales y sus medios de comunicación y redes sociales”.

Señalan que el abuso en el uso de recursos estatales se ve reflejado en la “entrega de viviendas, jornadas de vacunación, entrega de títulos de propiedad, inauguración de proyectos de infraestructura, entre otros programas gubernamentales que son permanentemente utilizados con fines partidarios y electorales”.

Campaña electoral permanente, pese a rebrote de covid-19

El informe elaborado por este grupo multidisciplinario surgido para compartir análisis respecto al proceso electoral, indica que a pesar que el gobernante FSLN “no anunció un arranque de campaña electoral como tal” ha convocado a 4300 “actividades recreativas”, en medio de un grave rebrote de la pandemia de covid-19.

En estos actividades culturales, de entretenimiento y deportivas, pudieron corroborar que “no hay restricción de personas, ni de tiempo, ni de ningún tipo”, a pesar que el Consejo Supremo Electoral (CSE) estableció una reducción de las concentraciones políticas presenciales a no más de 200 personas y que deben durar el menor tiempo posible, es decir, entre 30 minutos y una hora, tomando en cuenta la situación sanitaria generada por la covid-19.

“Esta no es la primera vez que el CSE realiza maniobras que afectan el proceso electoral basado en esta situación de salud mundial, el 12 de agosto este órgano modificó el Calendario Electoral invocando la pandemia para disminuir el período de la campaña electoral de 75 a 40 días”, lamentan.

Mencionan que de los siete partidos políticos que participan del proceso electoral, solo dos informaron públicamente que realizaron actividades presenciales. “El inicio de esta jornada que culmina el 3 de noviembre, ha sido marcado por baja participación de simpatizantes e irregularidades”, enfatizan.

Amenazas y vigilancia de simpatizantes del FSLN

Destacan en el informe que la campaña electoral se ha visto “marcada por mensajes de violencia y amenazas” por parte de simpatizantes del FSLN a través de redes sociales.

“Las publicaciones advierten a los opositores no salir a las calles a realizar manifestaciones durante este período”, expresan.

El documento alerta que la encuestadora M&R Consultores, “reconocida por su colaboracionismo con el Gobierno sandinista, salió a las calles (…) para encuestar a la población acerca de su preferencia política para las elecciones generales de este próximo 7 de noviembre”.

En esas visitas “realizan preguntas acerca de la gestión del Gobierno dirigido por Ortega, sobre proyectos de salud, agua potable, energía eléctrica y otros” pero apuntan que “todas las interrogantes están orientadas a favorecer al partido FSLN”.

Además denuncian que el sábado 25 de septiembre, directores de colegios públicos en compañía con miembros de la Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua (Anden) “instaron a los docentes a salir a las calles para visitar a simpatizantes sandinistas para comprometerlos a votar por Daniel Ortega y Rosario Murillo”.

“Los maestros deben rellenar unas fichas que indiquen los datos de las personas visitadas y fueron amenazados con despidos en caso de incumplir el mandato”, detallan.

En las votaciones previstas para el primer domingo de noviembre próximo, el mandatario Daniel Ortega buscará su cuarto período presidencial continuo desde su regreso a la Presidencia en enero de 2007, mientras la oposición se encuentra desarticulada con siete precandidatos presidenciales presos y un estado policial de facto impuesto desde septiembre de 2018, en un intento del Gobierno por prohibir la protesta social contra el Gobierno.


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