23 de febrero 2022
AA
El proceso judicial orquestado por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra los siete presos políticos: Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz, Tamara Dávila, Violeta Granera, José Pallais, Félix Maradiaga y José Adán Aguerri, se prolongó para una séptima audiencia, este miércoles 23 de febrero, tras una sexta jornada de 12 horas, en la Dirección de Auxilio Judicial, conocido como El Chipote.
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Este martes, la Fiscalía terminó de presentar sus pruebas e interrogar a testigos policías. Hoy miércoles, las defensas expondrán sus pruebas, luego se darán los alegatos conclusivos y el fallo del juez, por lo que se prevé que finalicé este día, explicó el abogado defensor Mynor Curtis.
La sexta audiencia se basó en conocer la información extraída por los peritos de informática a los equipos decomisados a los acusados, la cual no fue presentada por ellos mismos, sino por un supervisor. Los días anteriores, llegaron policías que habían participado en los arrestos o allanamientos a los domicilios de los reos políticos; en total, según el abogado Curtis, la Fiscalía ha presentado 26 oficiales de la Policía como testigos.
Entre las pruebas presentadas, señalaron publicaciones relacionadas a los acusados en medios digitales de poca confianza, lo que fue advertido por el abogado Curtis. “En sí no han presentado pruebas que constituya el delito de menoscabo, han presentado pruebas que hay una posición política de los muchachos, pero no una prueba de comisión del delito de menoscabo. Tampoco hay ninguna información sobre lavado de dinero, no hay ninguna información, nada”, señaló.
Los siete reos de conciencia son acusados por la justicia orteguista de cometer el supuesto delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua y de la sociedad”.
Grupo de WhatsApp
En el caso específico del aspirante presidencial Juan Sebastián Chamorro, la Fiscalía destacó un grupo de WhatsApp en el que participaban José Pallais, el también precandidato presidencial Félix Maradiaga, el dirigente empresarial José Adán Aguerri, y el investigador de Diálogo Interamericano, Manuel Orozco, quien está siendo juzgado en ausencia.
Las conversaciones en el grupo se basaban en comentarios sobre la coyuntura del país. En los videos que salía Chamorro: “él comentaba una sanción, pero no la pedía. No llevaron ningún video que pida sanción. El pedir sanción tampoco constituye ese delito. No es el caso. Él nunca pidió sanciones”, aclaró Curtis, quien ha podido conversar con su defendido dos minutos por audiencia; es decir, doce minutos en seis días de juicio. Una total violación al derecho a la defensa, cuestiona el abogado.
Orozco, en una entrevista brindada a Esta Semana dos días antes que iniciara el juicio, dijo que la acusación “gira en torno a una comisión que creamos dentro del Diálogo Interamericano en 2018, de mediación y políticas sobre la crisis nicaragüense. Esa comisión de mediación era para trabajar de vínculo internacional con una serie de actores internacionales, predominantemente, los Estados miembros de la OEA, con el propósito único de promover la mediación del conflicto político”.
La mediación no es ninguna forma de injerencia extranjera, tampoco es una amenaza al Estado nicaragüense, es todo lo contrario; sin embargo, con base a esas conversaciones que se realizaron se levantó la acusación, y se hace uso de la ley de menoscabo del Estado.
Tratan de legalizar allanamientos
Durante el juicio, la Fiscalía ha presentado la convalidación de los allanamientos, que significa que la Policía primero allanó las viviendas de los acusados y hasta después pide a un juez que convalide el hecho, lo que claramente viola la Constitución Política de Nicaragua, que en su artículo 26 señala que “el domicilio solo puede ser allanado por orden escrita del juez competente”.
Los allanamientos policiales ocurrieron de forma arbitraria, sin que la Policía presentara ninguna autorización por escrito. Curtis explicó que la convalidación es “ilegal y no es permitido en nuestro ordenamiento penal”, porque las leyes están subordinadas a lo que establece la carta magna y no por encima de ella.
El juicio está a cargo del juez orteguista Félix Ernesto Salmerón Moreno, del Juzgado Quinto de Distrito Penal de Juicio.
Desde la segunda audiencia, realizada el 16 de febrero, quedó en evidencia el grave deterioro físico y mental que sufren los siete acusados, que permanecen encarcelados desde mediados de 2021.
Tras que el preso político José Pallais se desmayara en el juicio que se desarrolla a puerta cerrada en El Chipote, y Arturo Cruz mostrara “signos o síntomas asociados a la enfermedad de Parkinson”, el Ministerio Público los trasladó a ambos junto al exdiplomático, Francisco Aguirre Sacasa a sus casas, bajo arresto domiciliar.
Este lunes, tanto Pallais como Cruz fueron llevados a El Chipote temprano, para que vistieran los uniformes de presidiarios. Aún se les ve mal, sin recuperarse. Pallais aún camina débil y Cruz percibe dolores al movilizarse, confiaron fuentes.
Familiares de algunos de los reos de conciencia denunciaron, en entrevista con CONFIDENCIAL, que el estado de los siete presos políticos es “alarmante”. Todos muestran una grave pérdida de peso; se le notan los huesos; debilidad para caminar y levantarse de las sillas donde los ubican; inseguridad y temor a la hora de hablar.
